El país debía tener un nuevo fiscal general del Estado desde el 8 de abril de 2025. Pero el concurso de méritos y oposición para designarlo, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se ha retrasado casi un año en medio de polémicas y pugnas políticas.
La Fiscalía General del Estado —el máximo organismo encargado de investigar los delitos en el país— ha tenido tres fiscales en un solo año: Diana Salazar, Wilson Toainga, y Carlos Alarcón.
Salazar, quien fue designada en abril de 2019, cumplió los seis años que establece la ley para el cargo. Tras una prórroga de un mes, renunció en mayo de 2025. En su lugar quedó Toainga, quien estuvo hasta noviembre de 2025. Desde entonces, Alarcón es el fiscal general encargado.
Pero este 2026, debería haber un reemplazo que estaría en el cargo durante los próximos seis años. Para designarlo, hay etapas y requisitos que se deben cumplir. Una de ellas es conformar una comisión ciudadana que se encargue de organizar el concurso de méritos y oposición.
Aquí te explicamos las funciones de esa comisión para elegir al Fiscal General en 2026, quiénes la conforman y por qué es importante.
Un proceso tardío y atropellado
Para entender el rol de esta comisión, primero es clave explicar por qué el proceso ha tenido tantas trabas y está tan retrasado.
El proceso comenzó en agosto de 2024, cuando el entonces consejero Augusto Verduga —hoy investigado por asociación ilícita en el caso Ligados— presentó una propuesta de reglamento para el concurso del período 2025–2031.
El reglamento establece las reglas del proceso. La propuesta fue cuestionada por abogados penalistas porque no impedía que participaran personas con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Poco después, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, presentó un nuevo texto, que abrió otra controversia: prohibía postular a abogados que hubieran defendido a personas procesadas por delitos relacionados con crimen organizado en los últimos diez años. La Federación Nacional de Abogados del Ecuador criticó esa disposición por considerar que “criminaliza el ejercicio de la defensa”.
Finalmente, en junio de 2024, el CPCCS aprobó el reglamento sin ese artículo.
También se conformó un equipo técnico integrado por delegados de los siete consejeros del CPCCS. Ellos se encargan de verificar los requisitos de los postulantes, elaborar informes y actas, coordinar la calificación de méritos y oposición, apoyar a la Comisión Ciudadana de Selección y garantizar que el proceso se desarrolle de forma ordenada y transparente.
El siguiente paso debía ser acreditar a los veedores ciudadanos, cuya función es vigilar que se haga el concurso con transparencia. Son voluntarios y ad honorem, es decir, no reciben pago. Entre julio y octubre de 2025, fueron acreditados 625 veedores.
El paso siguiente era conformar la Comisión Ciudadana de Selección.
Así fue el proceso para elegir a la Comisión Ciudadana de Selección
Entre el 18 y el 31 de julio, el CPCCS abrió la convocatoria para conformar la Comisión, que debe estar integrada por diez miembros: cinco representantes de la ciudadanía u organizaciones sociales y cinco delegados de las funciones del Estado —Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Se presentaron 69 postulaciones ciudadanas. De ellas, 42 fueron admitidas.
Los postulantes debían tener:
- Más de 18 años
- Experiencia en la función pública o privada
- Una trayectoria reconocida en participación ciudadana, organizaciones sociales o lucha contra la corrupción
- Un título de tercer nivel en Derecho
- Experiencia en temas relacionados con las funciones de la Fiscalía General y la gestión pública.
Hubo siete impugnaciones contra postulantes; solo cuatro fueron admitidas.
Tras ese filtro, quedaron 38 ciudadanos. En la calificación de méritos se seleccionó a los 30 postulantes con mayor puntaje —15 hombres y 15 mujeres. La puntuación se basó en títulos académicos, capacitaciones y experiencia profesional, cada uno con un valor específico que se sumaba al total.
El 14 de enero de 2026, el CPCCS sorteó entre esos 30; quedaron:
- Wellington Amado Andachi Trujillo
- Cynthia Alexandra Jacho Tipán
- Hugo Vicente Ludeña Eras
- Zoila Amada Echeverría Zambrano
- Cristian Santiago Arpi Tapia
Además, se sortearon a los cinco suplentes.
El orden de los cinco comisionados que fueron designados por las funciones del Estado fue sorteado así:
- Pamela Teresa Garay Mateo (Transparencia y Control Social)
- Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto (Legislativo)
- María Belén Toca Mena (Ejecutivo)
- Maribel del Rocío Baldeón Andrade (Electoral)
- Natalia de Jesús Guarnizo Condolo (Judicial)
Según Mónica Jaramillo, presidenta del Observatorio de Control Ciudadano, una vez sorteados, los comisionados deben reunirse para elegir presidente, vicepresidente y secretario entre los 10.
Luego, la Comisión organiza y dirige cada una de las fases del concurso:
- Recibe postulaciones
- Define cómo se evaluarán los méritos y las pruebas de los postulantes
- Verifica la información de los candidatos: puede pedir documentos a cualquier entidad pública para contrastar hojas de vida, declaraciones juramentadas o posibles conflictos de interés.
- Tramita y resuelve las impugnaciones que puedan presentar ciudadanos u organizaciones contra los postulantes.
- Hace informes en cada etapa
- Redacta un informe final con los resultados del proceso.
Ese informe vinculante tiene los nombres de los candidatos que aprobaron el concurso. En otras palabras, la comisión no sólo administra el concurso: decide quién avanza, quién queda fuera y quién llega al final del proceso.
“Si bien la comisión ciudadana es el máximo órgano del concurso, el CPCCS está por encima”, explica Jaramillo. Además, recuerda que es importante que los comisionados actúen con independencia.
Tras el sorteo, Fantoni, del CPCCS, dijo que la comisión tiene cuatro meses para organizar todas las fases del concurso, con una posible extensión máxima de dos meses. En ese escenario, el nuevo fiscal general del Estado debería ser designado entre junio y julio de 2026.
El reglamento también establece que los comisionados ciudadanos recibirán pagos diarios equivalentes al 3,3% del sueldo mensual de un consejero del CPCCS. Aunque el reglamento no fija un monto exacto, un consejero gana aproximadamente 4.000 dólares mensuales, lo que implica un pago cercano a 132 dólares por cada sesión a la que asistan los comisionados ciudadanos.
Para Jaramillo, los comisionados tendrán un rol clave en la selección de una de las autoridades más importantes del país.
Te contamos quiénes son.
La información pública del los comisionados ciudadanos y sus calificaciones
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Wellington Amado Andachi Trujillo, 37.5 puntos
Andachi es abogado, según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Según la Función Judicial ha presentado 65 procesos que incluyen el archivo de investigaciones previas, cobro de honorarios de abogado, cobro de letras de cambio, confesiones judiciales y la apelación a una sentencia por violación de 2015.
Lo han demandado 13 veces por daños y perjuicios, daño moral, usurpación, entre otros.
Entre 2015 y 2016 fue profesor en la Universidad Estatal de Bolívar, según la Contraloría. No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Ericka Katherine Aguaguiña Moposita que tuvo un puntaje de 28.
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Cynthia Alexandra Jacho Tipán, 17.5 puntos
Jacho es abogada, según la Senescyt.
Según la Función Judicial presentó una demanda por alimentos y no ha sido demandada.
No tiene información en la Contraloría. No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Wilmer Geovanny Delgado Rivadeneira que tuvo un puntaje de 29.75.
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Hugo Vicente Ludeña Eras, 21 puntos
Ludeña es doctor en Jurisprudencia según la Senescyt.
Según la Función Judicial ha presentado 14 demandas por cobro de dinero, un divorcio, pagaré, entre otros. No ha sido demandado.
No tiene información en la Contraloría. Es presidente y accionista de la compañía Dragonbuild S.A. También es accionista de la compañía Angel Ludena Cargo Cia. Ltda., según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es María Belén Chacón Cardenas que tuvo un puntaje de 24.
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Zoila Amada Echeverría Zambrano, 23 puntos
Echeverría es doctora en Jurisprudencia según la Senescyt.
Según la Función Judicial ha iniciado 4 procesos: 2 por pérdida de documentos, alimentos y pidió el archivo de una investigación previa por el robo de un celular.
No tiene información en la Contraloría. Es accionista de la Bolsa de Valores de Quito y de la Corporación Favorita, según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es José Antonio Núñez Chávez que tuvo un puntaje de 36.
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Cristian Santiago Arpi Tapia, 20.25 puntos
Arpi es abogado según la Senescyt.
Según la Función Judicial presentó una demanda por cobro de honorarios y tienen dos procesos de tránsito.
Según la Contraloría, en 2012 fue ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura. En 2013 fue auxiliar jurídico de la Fiscalía Provincial. En 2014 fue ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura. En 2016 fue ayudante judicial de la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura.
En 2017 fue ayudante judicial Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes de Quito. En 2022 fue abogado Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de Quito.
Es presidente de la compañía Explore-Quest S.A.S. y también es gerente general de Nunkachir S.A.S., de estas dos compañías también es accionista, según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Marcela Gladys Estrada Paredes que tuvo un puntaje de 44 –el puntaje más alto entre los comisionados y suplentes sorteados.
Comisionados de las funciones del Estado
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Pamela Teresa Garay Mateo, Transparencia y Control Social
Garay es abogada según la Senescyt.
Según la Función Judicial ha presentado 2 demandas por terminación de contrato y cobro de dinero. No ha sido demanda.
Entre 2024 y 2025 fue asesora en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, según la Contraloría. Es accionista de tres compañías: Estelam S.A., Carlumar S.A. y Nalatropic S.A., según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Carlos Andrés Teresa Arizaga.
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Silvana Mariuxi Ramírez Verdezoto, Legislativo
Ramírez es doctora en contabilidad y auditoría según la Senescyt.
Según la Función Judicial ha presentado 13 demandas por ejemplo por expropiación, concurso de acreedores y pidió el archivo de una investigación previa por cohecho que fue aceptada. Ha sido demandada 5 veces por ejemplo por: prescripción adquisitiva de dominio, amparo posesorio, e impugnación de visto bueno.
Según la Contraloría en 2004 fue técnica contable. En 2009 fue responsable del proceso de presupuesto en el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup). En 2011 fue servidora pública en la Escuela Superior Politécnica del Ejército y también ocupó el cargo de profesional 3 en la Senescyt. En 2012 fue servidora pública en el Ministerio de Salud y en el 2014 fue servidora pública en el Hospital Eugenio Espejo.
En 2021 fue subsecretaria de Infraestructura Inmobiliaria y ese mismo año también trabajó en el Hospital Eugenio Espejo. Entre 2021 y 2022 fue subsecretaria de Competitividad y Fomento Turístico en el Ministerio de Turismo. De 2022 a 2005 fue viceministra de Turismo y en 2025 fue coordinadora general de protocolo en la Asamblea Nacional, según la Contraloría.
No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Daniel Caicedo de los Ríos.
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María Belén Toca Mena, Ejecutivo
Toca es psicóloga industrial según la Senescyt.
Según la Función Judicial ha presentado 2 demandas: una por tránsito y pidió el archivo de una investigación previa por violencia psicológica. No ha sido demanda.
Según la Contraloría en 2013 fue profesional bancario en el Banco Nacional de Fomento y después fue analista de talento humano en el mismo banco. Entre 2016 y 2017 fue analista senior de administración de talento humano en la Secretaría Nacional de la Administración Pública.
En 2017 fue analista senior en la Presidencia de la República. Entre 2019 y 2024 fue analista senior de administración de talento humano en la Presidencia de la República, según la Contraloría.
No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es David Eduardo Flores Brandt.
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Maribel del Rocío Baldeón Andrade, Electoral
Baldeón es abogada según la Senescyt.
Según la Función Judicial presentó una demanda por disolución de sociedad conyugal y ha sido demanda por divorcio.
Según la Contraloría entre 2018 y 2019 fue especialista en el Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre 2020 y 2022 fue especialista de asesoría jurídica en el CNE. Entre 2022 y 2024 fue coordinadora de asesoría jurídica en el CNE, según la Contraloría.
No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Tayron Michael Valarezo Eras.
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Natalia de Jesús Guarnizo Condolo, Judicial
Guarnizo es doctora en Jurisprudencia según la Senescyt.
Según la Función Judicial solicitó el archivo de dos investigaciones previas: una por desaparición involuntaria de su hijo y otra por la muerte culposa en un accidente de tránsito. No ha sido demandada.
Según la Contraloría entre 2009 y 2016 fue ayudante judicial de la Corte Nacional de Justicia. En 2018 fue ayudante judicial del Consejo de la Judicatura. Entre 2018 a 2025 fue subcoordinadora jurídica en el Consejo de la Judicatura, según la Contraloría.
No tiene información en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Su suplente es Santiago Cristóbal Ribadeneira Villacrés.
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