Loma Larga, el polémico proyecto minero, explicado

Cuenca fue escenario de una de las marchas más multitudinarias en los últimos 10 años en Ecuador. El 16 de septiembre de 2025, unas 100 mil personas protestaron exigiendo frenar el proyecto minero Loma Larga para proteger el páramo Quimsacocha, que en kichwa significa tres lagunas.

En este páramo nacen las fuentes de agua que abastecen a miles de habitantes de Azuay, la provincia de la sierra central donde está Cuenca. David Fajardo, miembro del Cabildo por el Agua de esta ciudad —que agrupa organizaciones comunitarias, ecologistas y sociales—, dice que la contaminación de la extracción minera de Loma Larga alcanzaría a más de 600 mil personas. 

La posible extracción subterránea de oro, plata y cobre en Quimsacocha también traería riesgos para los ecosistemas y las comunidades locales, según estudios. Concretamente afectaría a los ríos Yanuncay, Irquis y Portete, que se unen y forman el río Tarqui. 

La masiva marcha, dice el especialista en temas hídricos Pablo Lloret, no fue por moda. “Cuando hablas de agua en Cuenca, la tocas, la ves todos los días. Por eso no fue producto de la novelería sino de 30 o 40 años de cuidado del agua y del páramo”, dice. Cuenca está atravesada por cuatro ríos —Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui— y para ir de un lugar a otro es casi inevitable no cruzarse con uno. 

La manifestación fue convocada en julio y se preparó para septiembre porque el 18 de ese mes se cumplieron cinco años desde que la Corte Constitucional autorizó una consulta popular en Cuenca, que luego fue apoyada por el 80% de la población para prohibir la minería en zonas de recarga hídrica.  

Estas zonas, explica Fajardo, son “esponjas naturales” que capturan el agua, la filtran a través del suelo y la roca, y permiten que se almacene en el subsuelo o que fluya de manera regulada hacia los ríos. Si empezara la minería, al remover las piedras y extraer el oro, quedarían expuestos elementos químicos, que se filtrarían en el agua de los ríos de los que beben los azuayos.

Pero la marcha tuvo un giro cuando, mientras la planificaban, se hizo público que el gobierno de Daniel Noboa había entregado a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM) la licencia ambiental para la explotación de Loma Larga. Se invertirían 419 millones de dólares para construir una mina subterránea a gran escala que sería explotada durante 12 años, según dijo Xavier Subía, viceministro de Energía y Minas, en una comparecencia en la Asamblea Nacional.

El anuncio causó más indignación entre los ciudadanos que ya tenían planificado marchar. El gobierno, en un intento de desinflar la manifestación, anunció el 6 de agosto que suspendería el proyecto hasta que la empresa difundiera el plan de manejo ambiental. 

Un mes después, el 12 de septiembre, el presidente Daniel Noboa visitó Cuenca. El alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay ya habían pedido a Noboa públicamente que revocara la licencia a DPM. En esa visita, Noboa los increpó: “Háganse cargo, si el día de mañana tienen que ir a la corte de Londres, a pelearse con Dundee, tienen que ir y sustentar sus informes”. 

Seis días después, Noboa dijo que el “Estado no continuará con la ejecución del proyecto minero”. Su anuncio fue una respuesta a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que había convocado a un paro nacional con una lista de 10 exigencias; una de ellas, revocar las licencias ambientales, incluida Loma Larga.

Finalmente, el 4 de octubre, el gobierno anunció que revocó la licencia ambiental para la explotación. GK se contactó con Dundee para pedir información sobre el plan de manejo ambiental, las medidas de mitigación, entre otros temas, pero hasta el cierre de este texto no hubo respuesta.

Te explicamos qué implica este proyecto y por qué es polémico.

¿Qué es el Loma Larga? 

Loma Larga es el nombre del proyecto minero para extraer oro subterráneo en el páramo de Quimsacocha. Está conformado por tres concesiones: Cerro Casco, Río Falso y Cristal. El proyecto abarca 7.960 hectáreas, según el estudio de impacto ambiental. La extensión equivale a 124 veces el parque de La Carolina de Quito. 

El proyecto Loma Larga está ubicado en las parroquias Baños, Victoria de Portete y Tarqui, de los cantones Girón y Cuenca.

En 2025, el proyecto es manejado por Dundee Precious Metals (DPM). Según la página oficial de la empresa canadiense, la construcción de la mina les tomaría dos años y, luego, la fase de explotación sería de 12 años.

El proyecto, según DPM, tiene el potencial de producir un promedio de 170 mil onzas anuales de oro durante toda su vida útil —equivalentes a unas 5,3 toneladas por año. En tamaño, equivale a cuatro autos pequeños juntos.

Antes de DPM, Loma Larga estuvo en manos de otras empresas extranjeras. 

En los 90, en esa zona empezó la prospección minera, la fase para identificar zonas donde podrían existir yacimientos minerales. Cogema, la empresa francesa que tenía la concesión, confirmó que había oro, plata y cobre tras hacer perforaciones de hasta 2.900 metros, según una publicación del portal especializado en minería Mining Technology. 

Diez años después, durante el gobierno de Gustavo Noboa, el proyecto pasó a manos de Imgold, una empresa canadiense que comenzó las perforaciones en 2003.

En 2010, en el gobierno de Rafael Correa, se aprobó una nueva Ley de Minería. Esta permitió entregar títulos mineros a Imgold —los títulos dan oficialmente el derecho de concesión para explorar minerales en un área delimitada. 

Entre 2010 y 2012, Imgold recibió una licencia ambiental para exploración avanzada. En ese mismo tiempo, ese espacio fue declarado como Área Nacional de Recreación Quimsacocha, parte del Sistema de Áreas Protegidas del Ecuador, que tienen una protección especial. En esa época, también, Imgold vendió el proyecto a otra canadiense: INV Metals. 

Y, en 2021, INV fue adquirida por Dundee. 

Los enredos legales de Loma Larga

Para entender por qué Loma Larga en Quimsacocha ha causado polémica entre ciudadanos, abogados, especialistas en temas hídricos, activistas y más, primero hay que saber que cada vez que se va a desarrollar un proyecto extractivo en el Ecuador, dependiendo de dónde sea, se debe consultar a la población:

• Consulta popular: es un mecanismo que garantiza la participación ciudadana, a través de un proceso de democracia directa. Se va a las urnas para preguntar a los ciudadanos sobre temas políticos o sociales que afecten al país. Se puede hacer a nivel nacional, provincial, cantonal o parroquial.
• Consulta previa, libre e informada: es un derecho constitucional que obliga al Estado a preguntar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas sobre proyectos dentro de sus territorios. Debe hacerse antes de cualquier medida administrativa, como entregar licencias de exploración. Debe ser sin presión, dar información completa sobre posibles afectaciones y buscar el consentimiento. 
• Consulta ambiental: es un derecho constitucional que dice que toda decisión o autorización del Estado que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad (indígena o no), a la cual se informará amplia y oportunamente. 

Loma Larga ha tenido dos tipos de consulta, pero debió tener las tres. 

La primera fue una consulta popular en 2011 a una comunidad cercana al proyecto Loma Larga, llamada Victoria del Portete, con 1.047 habitantes. El 91% votó contra la minería a gran escala. 

En marzo de 2019 hubo otra consulta popular, esta vez en Girón, el cantón donde se construiría la mina subterránea. De las cerca de 12 mil personas, el 86,79% votó contra la minería. 

Dos años más tarde, en febrero de 2021, hubo otra consulta popular, esta vez en el cantón Cuenca. Más de 435 mil votantes aprobaron con más del 78% la prohibición de la minería metálica a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay.

A pesar de estos resultados, el proceso de concesión continuó. 

Consultado sobre esta contradicción, el viceministro de Agua, Freddy Muñoz, dijo en una comparecencia ante la Asamblea Nacional en 2025 que el gobierno entregó la licencia porque el proyecto no afecta a Quimsacocha.  

Esta justificación, aunque fue dada en 2025, ha servido a gobiernos anteriores como argumento para avanzar con el proyecto minero. En 2022 comenzaron los trabajos en Quimsacocha, dice Yaku Pérez, ex prefecto de Azuay y defensor del agua. Esa vez, para intentar frenarlo, colectivos ciudadanos de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete y del cantón Girón presentaron una acción de protección por la vulneración de los derechos de la naturaleza, del agua, de la consulta previa y de la consulta ambiental. 

Un juez de primera instancia les dio la razón. Reconoció que no hubo una consulta previa, libre e informada y ordenó la suspensión del trabajo.

El fallo del juez de primera instancia fue apelado. Por un lado, el Estado y la minera DPM pedían que se levantara la suspensión de actividades, mientras que los defensores del agua, entre ellos Pérez, pidieron que se reconociera la vulneración de los demás derechos: al agua, a la naturaleza y a la consulta ambiental. 

En 2023, la Corte Provincial de Justicia de Azuay rechazó la apelación del Estado y de la minera, y acogió la apelación de los defensores del agua. 

Pérez dijo que la Corte también declaró que se vulneraron los derechos a la consulta ambiental. 

En 2024, el gobierno de Daniel Noboa y Dundee Precious Metals presentaron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra el fallo de la Corte Provincial, pero fue inadmitida. 

Ese mismo año, la Corte Constitucional rechazó una demanda de inconstitucionalidad presentada por la empresa minera DPM contra la consulta popular que se había hecho en Girón en 2019.

En mayo de 2025, para cumplir con la sentencia de la Corte Provincial —que ordenó al Estado hacer una consulta previa, libre e informada—, el gobierno organizó una consulta en la comunidad Escaleras, en las parroquias Victoria del Portete y Tarqui. 

Según el gobierno, los habitantes aprobaron el avance de la mina Loma Larga, lo que daba paso a la explotación de la mina. “Este es un hito histórico. Por primera vez en el país se ha llevado una consulta previa libre e informada en minería, tal como reza en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo)”, dijo entonces María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, según diario El Comercio. 

En un informe del Ministerio de Energía dice que el proceso de consulta previa incluyó talleres, encuestas y reuniones con líderes comunitarios. Dice que también hubo 21 espacios de diálogo e información y cuatro centros de información en la zona, donde la gente podía plantear sus inquietudes. 

La difusión, según el mismo informe, se hizo con perifoneo, material informativo en español y kichwa.

La fase final del proceso contemplaba una mesa de diálogo entre el Estado y las comunidades en el Templete de Tarqui, parroquia Victoria del Portete. Esa reunión se hizo bajo resguardo policial y militar a petición de la Tenencia Política de Victoria de Portete para “garantizar la seguridad ciudadana, preservar la paz y el orden público, y salvaguardar la integridad física de los ciudadanos que participen en dicho proceso”. 

Asistieron casi 100 comuneros. Pero, según el informe del Ministerio de Energía, la reunión fue interrumpida por un grupo de 60 personas autoidentificadas como comuneros y estudiantes universitarios, lideradas por Yaku Pérez. “Ingresaron de forma abrupta, intimidando y agrediendo verbalmente a los asistentes”, dice el informe oficial. Según el reporte, el grupo provocó desorden, movió sillas y generó un ambiente de confrontación. La reunión fue suspendida y no se reinstaló.

Yaku Pérez dijo que el Estado hizo una consulta bajo amenazas, con presencia de policías y militares. Dijo que no cumplía con los estándares internacionales para una consulta previa, que debe ser libre, informada, sin presión social y sin coacción.

Cinco días después de la cuestionada consulta previa, el Ministerio dice que recibió un oficio firmado por habitantes de las comunidades de Churuguzo, San Pedro de Escaleras, Kachihuayco, Las Américas y Estación de Cumbe, respaldando el proyecto minero bajo ciertas condiciones. Ese documento, con 98 firmas, fue publicado en la web oficial del Ministerio. 

Posteriormente, la directiva de la comunidad de Escaleras dijo que no respaldaba esa postura. “Nunca fuimos consultados”, dice una carta difundida el 28 de mayo de 2025 firmada por Manuel Pugo, presidente de la comunidad de Escaleras. 

El abogado especializado en derechos indígenas, José Valenzuela, dice que “nunca se cumplió realmente con la consulta previa”. Durante la votación, dice, “hubo militarización y presión policial, lo cual invalida un proceso que debe ser libre y de buena fe”. Yaku Pérez agrega que esa consulta no incluyó a otros habitantes que se verían afectados por la explotación minera, como de otras zonas rurales de Cuenca.

Pese a los reclamos de que fue una consulta mal hecha, el 23 de junio de 2025, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) le dio a DPM la licencia ambiental para la fase de explotación —en la que se extraen los recursos minerales. 

Dundee confirmó la entrega de la licencia y la calificó como resultado de “un riguroso proceso gubernamental para garantizar altos estándares”.

La entrega de la licencia generó más polémica porque la empresa canadiense no había difundido  el plan de manejo ambiental a la población. El 6 de agosto de 2025, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ordenó la suspensión de actividades “hasta que la concesionaria difunda el Plan de Manejo Ambiental”, según el medio Primicias. 

La suspensión fue aprovechada por el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, quienes pidieron que se revocara la licencia ambiental y presentaron los informes técnicos sobre los riesgos de explotación. 

El 4 de octubre de 2025, el gobierno revocó la licencia a Loma Larga. Para Yaku Pérez, esa revocatoria es “una trampa” porque “la licencia ambiental es apenas una fase muy pequeña que se puede reactivar en cualquier momento”. Por eso, advierte, lo que cabe para ya no continuar con el proyecto minero definitivamente es revocar las tres concesiones de Loma Larga.

¿Cuál es el posible impacto ambiental de Loma Larga?

Un informe técnico de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental de Cuenca (ETAPA) sobre sustentabilidad de las fuentes de agua en Quimsachocha dice que las rocas de la mina subterránea contienen una mínima cantidad de oro, plata y cobre mezclada con grandes cantidades de azufre, arsénico, plomo, mercurio y otros metales tóxicos. 

Según ETAPA, la extracción del oro y cobre de Loma Larga generaría 13 millones de toneladas de relaves (como 75 estadios del Deportivo Cuenca), que son las rocas trituradas y molidas, sin oro pero con metales tóxicos, que se quedarán para siempre en Quimsacocha en una represa. El oro extraído sería sólo 62,4 toneladas; equivale a 0,04 del mismo estadio, apenas una zona de la tribuna.

Aunque DPM dice que se prevé un monitoreo de las relaveras 10 años después de la explotación, en el caso de que exista alguna filtración o ruptura de la infraestructura, se pueden liberar millones de toneladas de lodo tóxico hacia ríos, suelos y comunidades. 

Según Fajardo, del Cabildo del Agua para Cuenca, en los 12 años se extraerían 14 millones de toneladas de roca, de las cuales 5.5 millones de toneladas de relaves (restos tóxicos del proceso de extracción) quedarían depositados en “piscinas de lodos tóxicos”. 

Además, hay otros riesgos según el informe del impacto hecho por ETAPA: 

1. Pérdida de agua: el agua usada en los procesos mineros reduce drásticamente el caudal que necesita la población aguas abajo. Además, los ríos Irquis, Portete, Tarqui y Yanuncay —únicas fuentes para agua potable— dependen directamente del páramo. Están aguas abajo del proyecto, por lo que cualquier contaminación llegaría rápidamente y de forma irreversible. No existen fuentes sustitutivas.
2. Contaminación del agua: al abrir la mina, las rocas con azufre expuestas al oxígeno generan ácido sulfúrico (drenaje ácido) que provoca la liberación de arsénico, plomo, cadmio, y mercurio que estaban confinados en las rocas antes de la explotación minera, contaminando así el agua. 

• Arsénico: cancerígeno particularmente a la piel, vejiga y pulmones, daño a los riñones. 
• Plomo: afecta el sistema nervioso central y periférico. 
• Níquel y cromo: son cancerígenos. 
• Zinc: afecta el sistema inmunológico. Mercurio: daño cerebral.
  
  3. Riesgos geológicos: posibles hundimientos de la mina y derrumbe de la represa de relaves que quedará para siempre en Quimsacocha, provocando un aluvión destruyendo y contaminando todo aguas abajo.4. Impactos irreversibles: el informe advierte que cualquier contaminación, accidental o continua, dañaría de manera permanente ecosistemas acuáticos, páramos y salud de comunidades.