El 60,83% de los votantes optó por el NO en la pregunta del referéndum que pretendía eliminar la prohibición de que existan bases militares extranjeras en el país. ¿Cómo afectará esta decisión la relación entre Estados Unidos y Ecuador? Es incierto. Lo que sabemos es que el presidente Daniel Noboa hizo un viaje repentino a EE.UU. un día después de la elección y es posible que esté relacionado con las bases. ¿Por qué? Porque fue el propio gobierno el que, durante la campaña electoral, vinculó la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
La imagen de Noem fue utilizada como un elemento central de la campaña electoral que pretendía evidenciar la cercanía de Noboa con Trump, incluso llegando a insinuar que, si ganaba el SÍ a las bases militares, EE.UU. tendría un rol activo en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador.
Varios voceros del SÍ incluso llegaron a comparar la propuesta de suprimir la prohibición constitucional a las bases militares extranjeras con la “llegada de Rambo o Robocop al Ecuador para combatir a los delincuentes en las calles del país”. La afirmación, además de caricaturesca y absurda, proyectaba engañosamente una función que una base militar extranjera jamás tendría: la del control del orden y la seguridad interna del Ecuador.
Por mandato constitucional, las funciones de seguridad ciudadana y control, son competencias exclusivas del ejecutivo nacional, y es imposible delegarlas, menos aún a actores internacionales.
Además, no existe un solo ejemplo en el mundo donde una base militar extranjera haya sido clave en la lucha contra el crimen organizado de un país utilizando y arriesgando sus propios recursos militares. Al contrario, cuando las grandes potencias han colocado bases militares fuera de su territorio, lo han hecho por su propio interés nacional y geopolítico, más no como un acto de filantropía.
De hecho, las dos ocasiones que Ecuador albergó bases extranjeras estadounidenses dentro de su territorio lo hizo respondiendo a una necesidad de Washington, más que a un pedido ecuatoriano.
La primera vez, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1946, cuando EE.UU. definió a Galápagos como un punto geoestratégico para cumplir dos objetivos: evitar ataques japoneses desde Asia, por el océano Pacífico, y proteger el Canal de Panamá de posibles agresiones desde el eje fascista en Europa.
La segunda vez, durante la ejecución del Plan Colombia, cuando la base norteamericana en Manta fue planeada como un complemento a las acciones de Washington en Colombia, con la finalidad de aumentar las incautaciones en alta mar y obtener más información sobre el movimiento de la cocaína de sur a Estados Unidos.
En ambos casos, lo que primó para la potencia extranjera fue su interés nacional por sobre las necesidades del Ecuador, situación que se repite en las más de 800 bases militares foráneas.
Si analizamos la finalidad que cumplen las bases estadounidenses en los países que hospedan al mayor número, Japón y Alemania, en ningún caso se utilizan para el control de la seguridad interna de estos países, sino con objetivos geoestratégicos frente a China y Rusia.
Entonces, la idea de que las bases, por sí solas, iban a reducir las alarmantes cifras de violencia en el país respondió más a una necesidad propagandística del gobierno, que a la realidad de la cooperación en materia de seguridad.
De igual forma, afirmar que la votación del 16 de abril contra las bases extranjeras daña o perjudica la relación entre Washington y Quito, es exagerado. La relación no está condicionada a la existencia de una base militar en Ecuador. Es cierto que desde 2019 ha habido un notorio acercamiento entre los dos gobiernos en diversas materias, pero con énfasis en temas de seguridad. Por ejemplo, para noviembre de 2025, hay tres acuerdos militares vigentes: el del Estatuto de las Fuerzas, el de Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas y el de Asistencia para Interceptación Aérea.
Los tres instrumentos definen acciones claras de cooperación entre Estados Unidos y Ecuador contra el crimen organizado transnacional. Entre esas están el intercambio de inteligencia, el apoyo logístico para la interceptación de operaciones ilícitas en alta mar, el uso del espacio aéreo y radioeléctrico por parte de fuerzas militares estadounidenses, y el entrenamiento militar y capacitación anti crimen organizado.
También están incluidas las reglas que rigen al personal estadounidense que opera en Ecuador y trabaja en asuntos de seguridad. Todas estas acciones se realizan continuamente sin necesidad de instalar una base militar en el país.
En el ámbito comercial, la cercana relación entre Trump y Noboa ha permitido avances significativos para la apertura del mercado norteamericano a los productos ecuatorianos. La decisión más importante en este ámbito fue que EE.UU. eliminó cargas tributarias de hasta el 15% a 105 productos ecuatorianos, entre ellos algunos fundamentales para las exportaciones como el café, el cacao, el banano y el palmito.
Este tipo de acuerdos marco comerciales bilaterales, son una de las herramientas más poderosas de la política exterior de Trump, con la cual premia a aliados, y presiona o castiga a contrincantes.
De esta forma, Ecuador está entre los pocos estados latinoamericanos que han recibido preferencias por parte del gobierno de Trump, entre los que se incluyen Argentina, Guatemala y El Salvador. Hay que recordarlo: para la consecución de estas importantes preferencias arancelarias, no fue necesario permitir el funcionamiento de bases militares en el territorio nacional. Ninguno de los aliados clave de Trump en Latinoamérica tiene en este momento bases militares en su territorio.
Por lo tanto, la instalación de bases militares no son un factor determinante para la armónica relación bilateral que Ecuador tiene hoy con EE.UU. Esa relación depende de factores políticos e ideológicos, así como del propio interés de Washington, que ha dado claras muestras de sentirse cómodo con el accionar de Noboa.
Un punto prioritario para EE.UU. es tener aliados en lo discursivo y en los foros continentales y globales, ante una posible intervención militar contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, asunto en el que Ecuador ha demostrado estar alineado con las decisiones de Trump.
No se debe esperar un enfriamiento en las relaciones, ni tampoco sanciones de ningún tipo para Ecuador, quien seguirá siendo uno de los aliados más importantes que tiene la primera potencia mundial en Sudamérica.
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