El presidente Daniel Noboa dijo, el 17 de septiembre de 2025, que en el referéndum y consulta popular 2025 impulsará una “pregunta esencial” para convocar a una Asamblea Constituyente. El anuncio lo hizo en sus redes sociales, con una carta que dice que busca “una Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional”.
Una Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático extraordinario cuando un país decide rediseñar su estructura jurídica e institucional. Su función principal es redactar una nueva Constitución. Pero para llegar a eso hay un proceso: el Presidente presenta la propuesta a la Corte Constitucional. Si se aprueba, el Ejecutivo convoca a una consulta popular en la que la ciudadanía responderá si está de acuerdo o no con que haya una Constituyente.
Si la respuesta es SÍ, hay un tercer paso que es la elección de los asambleístas constituyentes, quienes escribirán la nueva Constitución. Ese texto será sometido a una nueva consulta para que los ciudadanos decidan si se aprueba o no. Si no se aprueba, se mantiene la actual Constitución.
En Ecuador existen solo tres mecanismos para modificar la Constitución: la enmienda —cambios puntuales o superficiales—, la reforma parcial —ajustes más profundos que no alteran derechos ni garantías— y la Asamblea Constituyente —sustitución de gran parte o de todo el texto constitucional. No pueden usarse indistintamente.
Noboa ha optado por la Constituyente.
No es una idea nueva. Durante la campaña electoral de 2025 habló ya de “refundar” un país que “necesita cambio” a través de una nueva Constitución. Entonces, no dio detalles sobre el inicio del proceso ni sobre los temas específicos que deberían incluirse.
Ahora, su propuesta se cristaliza con su carta, en un contexto de ataques del Presidente a la Corte Constitucional. En las últimas semanas, el Presidente convocó una marcha contra el máximo organismo de control constitucional, su ministra de Gobierno arremetió contra la Corte en una cadena nacional, la Contraloría le hizo un examen especial que fue cuestionado por el momento en que se dio.
En la carta que publicó en sus redes sociales, Noboa dice que presentó “preguntas claras” a la Corte Constitucional para que las analizara y aprobara, de manera que pudieran ser incluídas en el referéndum y la consulta popular. Pero fueron negadas, según el Presidente, “a base de puro activismo político” insistiendo en sus ataques a la Corte.
Noboa se refiere a las preguntas con las que pretende impulsar el referéndum y la consulta popular.
En los últimos doce meses, y de forma separada, el Presidente presentó ocho preguntas a la Corte: siete para referéndum y una para consulta popular. La Corte revisó cada propuesta bajo tres criterios:
- claridad: que estén bien redactadas y no induzcan al voto
- competencia: que se ajusten a lo que la Constitución permite
- constitucionalidad: que no vulneren derechos
De las ocho preguntas, la Corte aprobó cuatro y rechazó otras cuatro. Entre las aprobadas estuvieron la posibilidad de contratos laborales por horas en turismo y la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. También se dio paso, de forma parcial, a la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos y a la reducción del número de asambleístas.
La aprobación parcial significa que la Corte avaló la pregunta en sí, pero no los considerandos que la acompañaban. Esos considerandos, donde se justifica la propuesta, debían ser precisados o corregidos.
Las preguntas rechazadas incluían las propuestas de: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el enjuiciamiento de jueces constitucionales, la castración química y registro para violadores y la apertura de casinos en hoteles cinco estrellas.
El tribunal constitucional concluyó que no estaban bien formuladas o que no correspondían a enmiendas, sino a reformas parciales o a una reforma total de la Constitución.
En respuesta a la decisión de la Corte, el 9 de septiembre de 2025 Noboa envió siete nuevas preguntas: cuatro para referéndum y tres para consulta popular, que las puedes leer aquí con su contexto. Algunas fueron reformuladas a partir de las observaciones de la Corte.
Hasta el 18 de septiembre de 2025, el máximo órgano constitucional aún no se ha pronunciado sobre ese nuevo envío.
Para Noboa, el rechazo de las cuatro preguntas por la Corte es una muestra de “instituciones que olvidaron a quienes debían servir” y que mantienen “un Ecuador secuestrado”.
Además, el Presidente advirtió en su carta que “un cambio no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen”.
Esos comentarios se refieren a las tres leyes urgentes aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), que la Corte suspendió parcial y temporalmente. Son la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública. La primera busca combatir la economía criminal, la segunda regula el Sistema Nacional de Inteligencia y la tercera establece normas sobre contratación pública.
Las tres leyes acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad. Organizaciones sociales y abogados constitucionalistas argumentan que vulneran derechos a la intimidad, la privacidad, la propiedad y las libertades. La Corte Constitucional suspendió temporalmente 16 artículos y una disposición general de esas leyes, hasta que se haga un análisis profundo de su contenido y haya un dictamen final: si declararlas inconstitucionales o no.
Desde esa decisión, Noboa empezó una serie de ataques a la Corte.
El primero fue una suerte de represalia: dijo que propondría que en la consulta popular se incluya el enjuiciamiento a jueces constitucionales por parte de la Asamblea Nacional. Hubo críticas, sobre todo, de organizaciones internacionales que recordaron la importancia de que la Corte actúe con independencia judicial y no se convierta en un actor político.
El constitucionalista David Norero advirtió que la propuesta era un “golpe directo a la separación de poderes” pues permitiría al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional someter a los jueces a control político.
Luego, llegó el segundo ataque. En cadena nacional, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen —también de ADN—, acusaron a la Corte de frenar la lucha contra el crimen organizado. Lo hicieron rodeados de policías y militares, lo que fue interpretado como un acto de presión.
Noboa también encabezó una marcha contra la Corte Constitucional. Paralelamente, la Contraloría General del Estado abrió, el 15 de agosto de 2025, un examen especial al manejo de los fondos del tribunal.
Desde junio de 2025, Noboa ha puesto a la Corte como un obstáculo para el combate al crimen y es su argumento para convocar a la Asamblea Constituyente.
Pero la idea de convocarla viene de más atrás: en diciembre de 2024 ya la había insinuado. Ahora que la anunció, hay un momento político que no juega a su favor.
El constitucionalista André Benavides dice que, aunque una Constituyente es un recurso válido, ahora sería riesgoso de que haya una nueva Constitución peor que la actual. Identifica dos factores críticos: la caída de la popularidad de Noboa y el desgaste provocado por la eliminación del subsidio al diésel el 12 de septiembre de 2025, que golpea principalmente al transporte pesado y ha abierto nuevos frentes de conflicto contra él.
El 18 de septiembre de 2025, después del anuncio de la Constituyente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel. La decisión se tomó en una asamblea extraordinaria realizada en la Casa del Indígena, sede del Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich), en la ciudad andina de Riobamba.
El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, anunció que la medida será “inmediata e indefinida” tras debatir con las bases del movimiento el alcance de la eliminación del subsidio. El movimiento indígena, además, denuncia persecución, amenazas y criminalización del gobierno nacional y rechaza la intención de Noboa de hacer un referéndum y una consulta popular.
La popularidad es indispensable, según Benavides. Un proceso constituyente no depende solo de decisiones legales, sino de legitimidad social y respaldo ciudadano. Sin apoyo popular, una Constituyente puede interpretarse como un intento de concentración de poder o como un recurso para sostener una gestión debilitada.
Además, Benavides advierte que ADN, el movimiento de Noboa, “no tiene cuadros políticos y jurídicos” para redactar una nueva Constitución. Es decir, no cuenta con un equipo de personas preparadas para un proceso tan complejo.
“El riesgo es que el Ecuador pase de una Constitución mala a una pésima”, dice. Y ese escenario solo profundizaría la crisis de gobernabilidad que el país arrastra desde el correísmo.
¿Qué propone el presidente Noboa con la Asamblea Constituyente?
El presidente Noboa propone convocar a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Su meta: lograr una “refundación institucional” que permita alcanzar tres objetivos: justicia, empleo y conexión global.
Noboa planteó esta idea en diciembre de 2024.
La reafirmó en entrevistas a medios, como respuesta a lo que considera “errores estructurales” de la Constitución de 2008, vigente desde el gobierno de Rafael Correa.
Según él, ese texto limita la capacidad del Estado para garantizar seguridad y justicia. “Un criminal tiene más derechos que quienes hacen las cosas bien”, dijo el 25 de febrero de 2025 en una entrevista radial.
Uno de los puntos más polémicos de su propuesta es el trato a las personas privadas de libertad. Noboa critica que sean consideradas “población vulnerable”, lo que, según él, les otorga beneficios injustificados como atención prioritaria en salud.
Esta percepción —que el sistema favorece a delincuentes— es uno de los pilares de su llamado a una nueva Constitución.
Un proceso constituyente podría extenderse más de lo previsto y generar incertidumbre, afectando tanto la seguridad como la economía. Y, según el constitucionalista André Benavides, podría costar entre 240 y 300 millones de dólares.
¿Una Constituyente garantiza resolver los problemas?
Convocar a una Asamblea Constituyente puede parecer seductor en tiempos de crisis, pero implica un riesgo central: quien la impulsa no necesariamente la controla.
Una vez abierto el proceso, el poder se reparte entre los actores sociales y políticos que compiten por elegir a los constituyentes. Ya no importa quién lanzó la convocatoria: el control quedará en manos de quienes se organicen mejor, movilicen más votantes o canalicen el descontento social.
Aunque la victoria en la segunda vuelta presidencial de abril de 2025 fue amplia, eso no elimina la polarización que hoy define las decisiones del electorado.
Ahora, Noboa ya no es solo un candidato: es el presidente y el principal responsable del proceso constituyente. Sus motivos son claros: un Estado disfuncional, un sistema judicial cuestionado y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que es más fuente de crisis que de soluciones.
Hasta aquí, su propuesta parece razonable.
Sin embargo, la experiencia —en Ecuador y en otros países— muestra que las constituyentes son procesos imprevisibles, donde el poder inicial no garantiza el control final.
¿Qué pasa cuando se abre la puerta a intereses dispares, contradictorios o radicales?
En el contexto actual, marcado por polarización y desconfianza hacia los partidos tradicionales, múltiples fuerzas —movimientos sociales, corporaciones, sectores antagónicos— competirán por influir en la nueva Constitución.
Que Noboa convoque no significa que controlará el proceso.
Puede ocurrir lo contrario: una Asamblea capturada por sectores que bloqueen o distorsionen las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar.
En 2007, Rafael Correa dominó la Asamblea de Montecristi, logrando una Constitución que consolidó su visión de país y su proyecto político. Hoy, sin embargo, el escenario político es mucho más fragmentado, las lealtades, inestables y la polarización, más profunda.
Incluso cuando una Constituyente avanza, no siempre soluciona los problemas de fondo.
Un ejemplo claro fue la de Venezuela, en 1999-2000. Hugo Chávez impulsó una Asamblea Constituyente prometiendo acabar con la corrupción, la pobreza y la exclusión social. Se redactó una nueva Constitución y se fortaleció el poder presidencial, pero la violencia, el desempleo y la desigualdad no solo persistieron, sino que empeoraron en los años siguientes.
La nueva Constitución fue un placebo: legitimó un nuevo proyecto político, pero no resolvió las causas de la crisis. Por eso, más allá de la legitimidad de las intenciones de Noboa, abrir un proceso constituyente significa ceder el control al vaivén de la coyuntura y al juego de fuerzas en disputa.
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