Mónica Salazar, abogada de la provincia costera de Los Ríos, fue elegida en febrero de 2025 como asambleísta de la alianza Revolución Ciudadana-RETO. Dos meses después, el 15 abril de 2025 dejó la bancada correísta. El 14 de mayo de 2025, en la sesión inaugural de la Asamblea fue elegida, con 77 votos a favor, como la tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
En la primera semana de mayo de 2025, José de la Gasca, ministro de gobierno de Daniel Noboa, dijo que Salazar se reunió con él y que “ella formalizó su adhesión al Acuerdo Nacional [ADN] por un Legislativo distinto, comprometido con las grandes prioridades nacionales”.
En la primera sesión de la Asamblea de 2025 Salazar le dijo a GK que cuando recibió la credencial como asambleísta ya era independiente porque ya se había desafiliado de RC.
Este es un breve perfil de Mónica Salazar.
Su formación académica y profesional
Mónica de Jesús Salazar Hidalgo es abogada por la Universidad Metropolitana (UMET) y también tiene un título de técnica ejecutiva de asistente jurídica por la Universidad Regional Autónoma de los Andes de Ecuador. Ambos títulos están registrados en el sitio web de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Su experiencia profesional la ha forjado, por más de 28 años, en el ámbito público y privado, según su perfil en el sitio web de la Asamblea Nacional. Su primera experiencia en la política ecuatoriana fue en el 2002 cuando fue concejal de su cantón Babahoyo, mientras estuvo en el cargo se opuso a la supuesta mala gestión de los recursos municipales en la administración anterior.
Tres años después, en 2005, fue elegida como vicealcaldesa del mismo cantón. Entre 2005 y 2014 volvió al derecho y asesoró a organizaciones y asociaciones agrícolas en temas legales.
Entre 2014 y 2019 fue alcaldesa de Baba, un cantón de la provincia de Los Ríos.
Entre 2021 y 2022 fue asambleísta alterna de Humberto Alvarado Espinel, de la Revolución Ciudadana, por la provincia de Los Ríos. También su foco estuvo en apoyar a organizaciones agrícolas, de ingenieros agrónomos y campesinos. En 2022 se principalizó en el cargo cuando Espinel se postuló a la Prefectura de Los Ríos.
Cuando fue asambleísta por la provincia, en 2022, fue miembro de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y del grupo parlamentario por los Derechos de las personas en Movilidad Humana. Estuvo en el cargo hasta 2023, cuando el entonces presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada y disolvió la Asamblea Nacional.
Su información pública
Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en mayo de 2025 Mónica Salazar es gerente general en dos empresas. Desde 2001 ocupa ese cargo en la Compañía Agrucoosur (Agrucoosursa) S.A. dedicada a abastecer y proveer de toda clase de lubricantes y derivados de combustibles y, desde 2023, en la empresa Consultingjuridica S.A.S. dedicada a la representación jurídica.
Según el mismo sitio web en ambas empresas es accionista. Sin embargo, la inscripción de la empresa Consultingjuridica S.A. está en proceso de cancelación en el Registro Mercantil. Es decir, están anulando o quitando registros oficiales relacionados con esa compañía.
En el Consejo de la Judicatura, tiene 8 procesos en su contra. El primero es de 2011 contra ella y otras cuatro personas por una indemnización por despido intempestivo que tuvo sentencia. La persona demandante fue indemnizada y el proceso fue archivado en 2015.
El segundo es de 2012 contra varias personas y empresas por nulidad de un laudo arbitral. Es decir, que una resolución de un tribunal arbitral puede ser declarada inválida por un tribunal judicial, generalmente debido a errores en el procedimiento o en el propio laudo. Este proceso aún no tiene resolución.
El tercer proceso es una acción de protección de 2015 contra ella, mientras era alcaldesa de Baba, y otra persona más. La acción fue inadmitida. El cuarto proceso es un pago de haberes laborales contra ella y otras personas e instituciones de Baba, como el Cuerpo de Bomberos y la Procuraduría General del Estado. Este sigue en trámite.
El quinto proceso es una medida de protección llamada amparo posesorio que permite a una persona que tiene algo, defender su derecho a mantener el bien bajo su control. Es contra ella y otras instituciones —como la Procuraduría, Intendencia, Ministerio de Agricultura, entre otras— de la provincia de Los Ríos de 2017, que sigue en proceso.
El sexto es de 2017 contra Salazar y otra persona. Es una demanda ordinaria de Reversión por falta de construcción de un muro de arcilla. En 2018 no prosperó por falta de pruebas.
El séptimo proceso fue una acción pública por el uso de un canal de drenaje entre los terrenos de Mónica Salazar y un vecino, ubicados en la parroquia Isla de Bejucal, cantón Baba. En el proceso, se determinó que ambos colocaron sacos de arena sin autorización para encauzar aguas, y que ninguno contaba con permiso legal para el uso del agua. No obstante, en 2018, el juez archivó la investigación previa del caso por falta de elementos para comenzar una instrucción fiscal.
El octavo proceso de 2023 que fue inadmitido.
Según el sitio web de la Fiscalía, tiene 7 procesos. En cinco es denunciante. Uno en 2011 es por asesinato; otro en 2016 por intimidación; otro en 2017 por falsificación y uso de documento falsos, y dos en 2018 por daño a bien ajeno.
En los otros dos procesos —por robo de 2016 es víctima— y en otro de 2017 por daño a bien ajeno es sospechosa.
En 2025, Mónica Salazar declaró un patrimonio de 1.270.406,28 dólares como asambleísta, según el sitio web de la Contraloría.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los últimos 8 años Salazar ha pagado lo siguiente por impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas:
- 2018: 2.701,15 dólares en impuesto a la renta, y 451,19 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2019: 468,89 dólares en impuesto a la renta, y 43,88 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2020: 0 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2021: 0 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2022: 202,98 dólares en impuesto a la renta, y 0 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2023: 1.720,92 dólares en impuesto a la renta, y 91,76 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2024: 5.991,05 dólares en impuesto a la renta, y 339,91 dólares de impuesto a la salidas de divisas
- 2025: es el período fiscal en curso, y 0 dolares de impuesto a la salidas de divisas
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