Uno de los momentos pico de la campaña electoral del entonces candidato presidencial y presidente Daniel Noboa fue la visita de Erik Prince. El estadounidense es conocido por haber fundado uno de los ejércitos privados más grandes e influyentes del mundo, comúnmente denominado Blackwater. Prince, polémico y cuestionado mundialmente por sus tácticas, llegó al país el 5 de abril del 2025, una semana antes de la segunda vuelta. Cumplió una apretada agenda que fue seguida de cerca por medios nacionales.
Prince acompañó a importantes autoridades del gobierno, incluyendo a los ministros de Defensa, del Interior y al alto mando policial en operativos anti delincuenciales en Guayaquil y Durán. Incluso participó como observador en allanamientos en Portete, una de las zonas donde las muertes violentas han aumentado más en Guayaquil, la ciudad más grande del país.
La imagen del estadounidense transportándose en una tanqueta junto a ministros de Estado fue una de las noticias más importantes la semana del 5 de abril, que coincidía con un momento clave en la campaña. Para esa fecha, todas las encuestadoras pronosticaban un empate técnico entre los dos candidatos.
En este contexto, la mediática presencia de Prince otorgó a la campaña de Noboa un elemento llamativo relacionado con, quizás, el tema más sensible para los ecuatorianos: la violencia imparable que vive el país.
Así, los estrategas de la campaña de Noboa y su movimiento ADN consiguieron que la atención del público se enfoque en la posibilidad de que la cooperación internacional, específicamente la estadounidense, sea una solución real ante el auge del crimen organizado en Ecuador.
Un 60% de los ecuatorianos piensa que la delincuencia es el principal problema que sufre el país. Por eso, la propuesta sobre la incorporación de fuerzas militares extranjeras como estrategia para derrotar al narcotráfico, pudo impactar positivamente al candidato oficialista.
La visita de Prince y la gran difusión del gobierno de este hecho no fueron aisladas. Por esos días se filtró un presunto plan para empezar la construcción de una base militar estadounidense. Por estos hechos podríamos decir que Carondelet diseñó un oportuno guión electoral para presentar a Noboa como el único candidato cercano a Estados Unidos.
A tal punto que el gobierno insinuó que este país intervendrá en el conflicto armado interno ecuatoriano.
Parte del discurso oficialista fue fortalecido por el Ministro de Gobierno, José de la Gasca. “Todavía no está en una operación participativa. Está en una fase de evaluación, de reconocimiento. Creo que está observando. De lo que se trata es que él pueda capacitar en la parte táctica y operativa de nuestras fuerzas del orden”, dijo al ser cuestionado sobre el rol de Prince en el combate al crimen organizado.
Así, el Ministro dejó entrever que el principal aporte de Prince estará relacionado con capacitación para la policía o el ejército ecuatoriano.
Sin embargo, unos días después de las elecciones en las que triunfaría Daniel Noboa, el canal Ecuavisa publicaría un reportaje titulado Erik Prince llegó a Ecuador y no capacitó a policías ni a militares.
En él confirmaba que Prince había dejado el país sin que se haya concretado la anunciada capacitación. De hecho, el ministro del Interior John Reimberg confirmó que no existió ningún tipo de asesoría “porque aún la estaban analizando”.
Es decir, los dos días que Prince acompañó a ministros, policías y militares, que dio declaraciones sobre el inicio de una estrecha de cooperación de su empresa con las Fuerzas Armadas, no se concretaron en acciones específicas como capacitación o de intercambio tecnológico.
Todavía no está claro si es que el Estado ecuatoriano ha hecho algún tipo de contratación. Y en Ecuador, ciertas contrataciones relacionadas a defensa y seguridad pública pueden ser reservadas por su contenido estratégico para la defensa nacional y están excluidas del régimen general de contratación pública.
Si hubieran querido hacer contratación, no habrían podido de acuerdo a la Constitución. En el país existe un candado constitucional que establece que el Estado central tiene la competencia exclusiva para el control interno y la defensa nacional. Es decir, se prohíbe que cualquier ejército —sea de otro Estado extranjero, o privado, como el de Prince— actúe en el país. Si se llevase adelante una estrategia así, no solo sería inconstitucional sino que debilitaría la institucionalidad de las FF.AA. al exponer al Estado a tener dos tipos de ejércitos operando en el territorio.
Entonces, la idea de que un ejército privado extranjero acuda al auxilio de Ecuador —con Prince en el balde de una camioneta con chaleco antibalas acompañando un operativo— para derrotar al crimen organizado es ficticia. El margen de maniobra de una empresa extranjera contratada para trabajar en temas de seguridad pública es muy estrecho, y se limitaría a las consultorías para la capacitación técnica del personal militar y policial.
Y esto es, a breves rasgos, lo que los voceros del Ejecutivo han dicho que vino a hacer Prince.
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La cooperación internacional no es lo mismo que la prestación de servicios que una empresa privada puede dar al Estado.
La cooperación se refiere a acuerdos entre sujetos del derecho internacional, Estados u organismos internacionales, que deciden ayudarse mutuamente para alcanzar metas de desarrollo comunes.
Estos acuerdos se establecen por el interés nacional y no conllevan un pago. Por eso, podemos inferir que cualquier actividad de Prince o de su empresa, no constituye cooperación estadounidense con Ecuador sino la contratación de un privado que presta servicios específicos.
Ecuador tiene acuerdos de cooperación con Estados Unidos relacionados con el combate al crimen organizado transnacional y el narcotráfico: el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas” y el “Acuerdo Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas”.
Ambos fueron suscritos durante el gobierno del ex presidente Guillermo Lasso. Noboa los ratificó en febrero de 2024 y la Corte Constitucional dictaminó su constitucionalidad a inicios de este año.
En ninguno de estos convenios se menciona el involucramiento de Blackwater o de otras empresas similares como parte de la estrategia anti delincuencial. Al contrario, se recalca la colaboración entre Estados, especialmente para el patrullaje y control de los mares, así como del mejoramiento tecnológico de los agentes de inteligencia.
Otro cuestionamiento a la posible asesoría de Prince es en cuáles temas podría capacitar a las fuerzas del orden ecuatorianas. Su empresa y él no tienen ningún tipo de experiencia en el combate a los cárteles del narcotráfico transnacional.
Hay registros de asesoría y capacitación de esta empresa al Estado colombiano, pero fue en el contexto del Plan Colombia. En el año 2009, la prioridad de seguridad de Washington en América del Sur fue fomentar la derrota de los carteles y la guerrilla mediante la eliminación de la mayor cantidad posible de cultivos de coca. Blackwater no fue una parte fundamental de esta estrategia sino apenas un contratista accesorio de esta política de cooperación.
De hecho, en Colombia, la compañía de Prince reclutó a cerca de siete mil reservistas y soldados colombianos como mercenarios en distintos conflictos de Estados Unidos en Medio Oriente, especialmente en Irak, Afganistán y Yemen.
En el contexto de Ecuador, cabe preguntarse cómo será recibido en las fuerzas armadas ecuatorianas que un grupo internacionalmente catalogado como mercenario, y con un amplio historial en violaciones de derechos humanos, los capacite.
La posible capacitación demostraría una desconfianza generalizada en la policía y el ejército nacional. Primero, porque los mercenarios están entrenados para matar. Segundo, porque es una sugerencia que los agentes no están suficientemente capacitados.
En el contexto de la tortura y muerte de los niños de Las Malvinas en Guayaquil es, por decir lo menos, riesgoso acudir a una organización que incluso fue sentenciada en cortes norteamericanas por el asesinato de civiles desarmados en Irak.
La idea de contratar mercenarios para colaborar en la reducción de la inseguridad y la violencia es contradictoria.
La cooperación transnacional para derrotar al narcotráfico es una necesidad indiscutible para lo que es necesario ejecutar los acuerdos vigentes con EE.UU. y profundizar en el origen de las causas del crimen organizado. Tienen una evidente raíz en el aumento de la pobreza y la desigualdad.
A casi un mes de su visita, queda la duda de si la llegada de Prince a Ecuador fue una estrategia electoral para crear una percepción alrededor del problema de la inseguridad, o implica un cambio real en la política estatal de seguridad.
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