El caso Triple A, explicado

El 19 de julio de 2025, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue llamado a juicio por el caso Triple A, que investiga una presunta red dedicada a la comercialización ilegal de combustibles como gasolina y diésel. Junto a él, enfrentarán el proceso otras 15 personas y seis empresas.

En la audiencia preparatoria de juicio, que se extendió por 10 días en el Complejo Judicial Norte de Quito, el juez de la Unidad de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dijo que hay pruebas suficientes contra los 22 procesados. También ratificó que Álvarez debe cumplir las medidas cautelares, entre ellas, el uso de un grillete electrónico.

Esto incluyó a Álvarez, quien ya debía usar el dispositivo desde el 10 de abril de 2025, por orden del juez Renán Andrade durante la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, el alcalde no acató la medida. El 16 de abril, presentó un escrito para pedir que no le pusieran el grillete. Dijo que su uso podría afectar el funcionamiento de su marcapasos —un dispositivo médico electrónico que regula el ritmo cardíaco.

Pero el 20 de julio, tras ser llamado a juicio, Álvarez confirmó en una carta al juez que ya le habían puesto el grillete como parte de las medidas cautelares. El alcalde le pidió al juez del caso que prohibiera la difusión de las fotos en las que él aparezca con grillete. 

Pero en redes sociales se difundió un video del momento en que funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) le ajustan el dispositivo en su tobillo. Luego circuló una foto en la que Alvarez aparece con una expresión seria, las cejas ligeramente fruncidas y el torso erguido. Está sentado en una silla, con las piernas cruzadas, como si fuera una postura desafiante. Usa una camisa de manga corta azul oscuro y un pantalón negro con franjas amarillas a los lados. En su pierna derecha, en el tobillo, tiene el grillete.

Esa misma noche, Álvarez publicó un video en su cuenta de X en el que, sonriendo, dijo: “Que el gobierno siga celebrando, que la enmarque para ver si la ponen de una vez en el Salón Amarillo de Carondelet”. También dijo: “A mí la verdad es que este tipo de situaciones lo único que hacen es hacerme más fuerte. No me hace ni cosquillas, es más, hasta salgo pintero en esta foto”.

Además, dijo que el gobierno de Daniel Noboa intentaba empañar las fiestas julianas de Guayaquil —que conmemoran la fundación de la ciudad—, pero advirtió que “no podrán” y dijo que se trata de una persecución.

Te contamos cómo avanza el caso Triple A.

Así empezó la investigación

El 11 de julio de 2024, el entonces director de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Franklin Erreyes Tocto, denunció en la Fiscalía al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, y a sus hermanos, Antonio y Xavier, por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles de la compañía Copedesa S.A., de la que los hermanos Álvarez Henriques son accionistas.

La denuncia también fue contra la compañía Fuelcorp S.A., dedicada a la venta y distribución de combustible, Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. y cinco personas más. 

A finales de julio de 2024, la Fiscalía denominó al caso como Triple A. Cinco meses después, en diciembre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra cinco personas y cinco empresas. En abril de 2025, 11 personas, entre ellas el alcalde de Guayaquil y una empresa más fueron vinculadas en el proceso. 

En total son 16 personas y seis empresas. 

El 9 de abril, en una nueva audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra los 22 procesados, incluido Álvarez, a quien acusó de autor del delito de comercialización ilegal de combustibles. 

El sábado 14 de junio de 2025 se instaló la audiencia preparatoria de juicio. El 19 de julio, los implicados fueron llamados a juicio.

Según la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a 61 millones dólares, correspondiente a 22 millones galones de combustible desviados.

La denuncia 

La denuncia contra los investigados en este proceso se dio pocos días después del cruce de acusaciones entre el presidente Daniel Noboa y Álvarez. En un enlace radial, el lunes 8 de julio de 2024, Noboa habló sobre la eliminación de los subsidios a Extra y Ecopaís.

Dijo que con los subsidios contribuyen al contrabando de combustibles en el país. Puso ejemplos y dijo que hay compañías que se han beneficiado de “centenares de millones de dólares de contrabando de  combustible… hay dispensadoras y gasolineras”. 

Según el Presidente, tienen el registro de un solo auto Chevrolet Cruze, cuya placa registró un consumo de 128 mil galones de gasolina Extra, tres mil galones de diésel y dos mil galones de Ecopaís y de Súper, en un solo año. “La misma placa”, repitió para explicar que es imposible que un mismo vehículo tenga hasta 28 tanqueadas de combustible al día. “Solo ahí se han robado decenas de millones”, dijo.  

El vehículo Chevrolet Cruze al que Noboa hace referencia es un auto mediano, tipo sedan, con un tanque de combustible con capacidad para aproximadamente 13 a 14 galones. El  rendimiento en kilómetros por galón puede variar según el motor, pero un tanque lleno de 13 a 14 galones podría recorrer entre 390 y 560 kilómetros. 

Si la distancia desde Tulcán hasta Loja en Ecuador es de alrededor de 315 kilómetros, con 28 tanqueadas de gasolina, utilizando el ejemplo de Noboa, se podría recorrer la distancia de Ecuador de norte a sur por unas 52 veces. 

Noboa se refirió a una compañía pero no mencionó su nombre: “Una sola empresa ha pateado al Estado decenas de millones de dólares”. Dijo que esa empresa tiene 8 mil vehículos con el mismo patrón de consumo de combustible. Un periodista de Radio Sucre le preguntó cuáles son las sanciones en estos casos, Noboa respondió: “Tienen que irse presos todos”. 

Irregularidades en la comercialización del combustible 

Según la Superintendencia de Compañías,  Xavier Álvarez Henriques es presidente y administrador de Copedesa S.A. César Bravo Ibañez, otro de los denunciados, es gerente general y accionista. El resto de accionistas son los hermanos Álvarez Henriques y Grupo Alva3 S.A., también propiedad de los hermanos Álvarez. 

Xavier Álvarez también es el presidente de Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. Fernando Peñaherrera Vanegas, también denunciado como presunto autor o cómplice, es el gerente general. Los accionistas de esta empresa son, otra vez, los hermanos Álvarez Henriques y Grupo Alva3 S.A.

La compañía Fuelcorp S.A., también incluida en la denuncia, tiene a César Bravo Ibañez como presidente y accionista, a Juan González Jurado como gerente general, y entre sus accionistas están José Franco Magallanes y José Cevallos Avellán. Sus nombres están en la denuncia sobre supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles. 

La tarde del 11 de julio de 2024, tras la denuncia, el alcalde de Guayaquil calificó la denuncia como una farsa, un montaje y un distractor sin sustento. 

Según Álvarez, el gobierno actuó contra él “justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos”, refiriéndose a su insistencia para que el gobierno le dé al Municipio una garantía para ejecutar obras específicas. Dijo que la denuncia busca afectar la imagen “de una administración comprometida” y que, para él, es considerada una amenaza. 

Álvarez dijo que no va a distraerse con este tipo de persecuciones. “Nosotros ya sabíamos que iba a venir un invento”, agregó. 

La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) creó un Frente Parlamentario contra el Tráfico Ilegal de Combustible y sus Derivados, en respuesta a denuncias que involucrarían a actores políticos con el contrabando de combustibles.

Los nueve legisladores oficialistas que firmaron el comunicado invitan a otros asambleístas a unirse “por un país libre de contrabando”. 

El 16 de julio, la asambleísta del partido oficialista Lucía Jaramillo dijo que el Frente Parlamentario contra el tráfico ilegal de combustible investigará la denuncia contra Aquiles Álvarez y otras nueve personas, “entre ellas, familiares del alcalde de Guayaquil”.

Luego de las declaraciones de Jaramillo, el alcalde Álvaez volvió a responder desde su cuenta de X. “Pobrecita esta niña y toda esa bancada… Sigan con esa narrativa, pura cortina de humo con todas sus porquerías, en Fiscalía nos vemos”, escribió en un mensaje en el que asegura que guardará estos intentos “de desprestigio” como pruebas para defenderse en el futuro.  

“Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo, peor con una vocera TURRA como esta niña que no sabe de combustible. Son una porquería”, escribió. 

La investigación del caso Triple A

El 23 de julio de 2024, la Fiscalía hizo siete allanamientos en Guayaquil y Milagro para recabar información sobre tres empresas que estarían involucradas en el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles, según una publicación de Fiscalía en su cuenta de X.

El comunicado también dice que la investigación se llama caso Triple A. Para el caso, la Fiscalía creó un logotipo distintivo que incluye tres letras A, dos de ellas con los colores de la bandera de Guayaquil; la tercera de la forma de un mechero —asociado con los combustibles. Las tres A harían alusión a los tres hermanos Álvarez Henriques o a las iniciales del alcalde de Guayaquil: Aquiles Álvarez Henriques. 

En los allanamientos, la Fiscalía obtuvo computadoras, documentos y facturas. 

El alcalde de Guayaquil reaccionó al allanamiento en su cuenta de X. Dijo que están abiertos a que Fiscalía haga su trabajo porque confía que actuarán “con técnica y justicia”. 

“De nuestro lado, no hay nada que ocultar ni nada que temer”, dijo Álvarez. También dijo que la Fiscalía podría haber solicitado la información sin necesidad de ningún acto urgente, refiriéndose al allanamiento. Al final criticó el logo del caso: “Qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil”.  

Hace unos momentos la Fiscalía ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación.

Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia.

De nuestro lado no hay…

— Aquiles Álvarez Henriques (@aquilesÁlvarez) July 23, 2024

Las cinco personas acusadas fueron: 

• Fernando Viteri Henriques, gerente de Copedesa, como presunto autor
• José Cevallos Avellán, propietario de Fuelcorp, como presunto autor
• Lady Cedeño Toala, contadora de Ternape, como presunta coautora
• Jessenia Vélez Orellana, contadora de Copedesa, como presunta coautora
• Carolina Troya Cubiña, contadora de Fuelcorp, como presunta coautora

Las cinco personas jurídicas fueron: Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.

Además, Alarcón suspendió los cargos contra cinco procesados, porque, al como eran candidatos alternos a la Asamblea Nacional en las elecciones generales 2025, tenían inmunidad. 

• Juan Daniel González Jurado, candidato del movimiento Renovación Total (Reto)
• José Ignacio Franco Magallanes, candidato del movimiento Centro Democrático (CD)
• César Emiliano Bravo Ibañez, candidato por el movimiento Centro Democrático (CD)
• Fernando Patricio Peñaherrera Benegas, candidato del movimiento Centro Democrático (CD)
• Angélica Vanessa Freire Guevara, candidata del movimiento Centro Democrático (CD); sin embargo, en el documento de la Función Judicial sobre los candidatos inscritos dice que no saben sobre la “calificación e inscripción [de Freire] como candidata”. 

Luego de la petición de Alarcón sobre la prisión preventiva para los cinco presuntos autores y coautores, el juez suspendió la audiencia. 

Casi dos horas después de la suspensión de la audiencia, el presidente Daniel Noboa publicó la lista de los candidatos y escribió que “al más puro estilo de la vieja política: en sus filas esconden a los criminales para que la justicia no pueda tocarlos”. 

El 16 de diciembre de 2024, luego de las 2 de la tarde, se reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra las cinco personas naturales y cinco jurídicas. Las defensas hablaron sobre las medidas pedidas por Fiscalía. 

Luego de escuchar a los abogados de los procesados, el juez Jair García decidió no acoger el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva para los cinco procesados, pero ordenó medidas sustitutivas: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos días a la semana, los lunes y viernes. Mientras que para las cinco empresas —personas jurídicas—, el juez dispuso la prohibición de enajenar bienes y acciones. 

La Fiscalía solicitó audiencia para vincular a Aquiles Álvarez

La mañana del 19 de febrero de 2025, la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron operativo en cinco gasolineras de la compañía Copedesa, que estarían vinculadas al caso Triple A.

Las estaciones allanadas están ubicadas en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Machala, Santa Rosa y El Oro, y tendrían relacionadas con empresas de la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Como parte del proceso judicial, la Fiscalía solicitó fijar una fecha para la audiencia de vinculación del alcalde Álvarez y otras diez personas al caso. 

En respuesta, el Alcalde reaccionó en redes sociales. Aseguró que la acción judicial era predecible y aseguró que “el ministro de Gobierno (José de la Gasca) ha torturado día y noche al fiscal”. Álvarez, quien ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de persecución política, atribuyó este proceso a una estrategia del presidente Daniel Noboa. 

Mientras que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirmó en una entrevista con Diario El Universo que la prioridad del Ejecutivo es combatir la corrupción y evitar la impunidad, y cuestionó la postura del alcalde al señalar que “eso es algo que no entiende el alcalde Rataquiles”, un calificativo que hace alusión a su nombre: Aquiles. 

En esta polémica, incluso, el ex presidente Rafael Correa respondió al ministro con un mensaje en su cuenta de X en el que lo acusó de corrupción. “¡Vamos, Cortisona! Aquí los únicos corruptos son ustedes. Anda a ver cuánto deben al SRI, la declaración patrimonial del nuevo ministro del Interior, Petronoboa o tu propia actuación como tinterillo del patrón”, escribió. 

Por su parte, el asambleísta electo por la Revolución Ciudadana en alianza con RETO, Raúl Chávez, dijo que las declaraciones del ministro de Gobierno tienen un trasfondo político y que su verdadero objetivo es “ganar las elecciones a cualquier costo”.

La audiencia de vinculación de cargos

El 9 de abril de 2024 fue la audiencia de vinculación al caso Triple A en el Complejo Judicial Norte de Quito. El fiscal Carlos Alarcón pidió que 11 personas más —incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— fueran vinculadas a este caso.  

• Juan Carlos Arias Tapia, contador 
• Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, empresario de gasolineras
• Gloria María Salazar Solano, contadora
• Rosa Marbella Ortíz González, empresaria de gasolineras
• Édgar Moisés Flores Torres, empresario de gasolineras
• María Elisa Criollo Espadero, contadora
• Fausto Vinicio Vaca Gonzaga, empresario de gasolineras
• Olga Cecilia Ortega Loaiza, contadora
• Edgar Campoverde
• Raúl Arnoldo Zambrano Orellana, empresario de gasolineras

El fiscal Carlos Alarcón acusó a Álvarez como autor del delito de comercialización ilegal de combustibles como accionista y representante de empresas como Copedesa, Ternape y Flonape. Él habría tramitado los permisos ante Petroecuador para comercializar combustibles desde sus empresas. 

Según la Fiscalía, hay pistas de que estas gasolineras y los involucrados supuestamente distribuyeron ilegalmente los combustibles recibidos de Petroecuador. 

La audiencia se extendió hasta la madrugada del 10 de abril. Aunque el fiscal Alarcón pidió que Álvarez y los otros nueve procesados quedaran con prisión preventiva, el juez aplicó medidas sustitutivas, como el uso de un grillete y, además, prohibió la salida del país de los implicados. 

También pidió que los diez se presentaran periódicamente ante la Justicia. Mientras que Raúl Zambrano deberá presentarse al consulado de Ecuador en Nueva York, Estados Unidos. 

Álvarez manifestó su descontento en su cuenta de X: “El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción”.