El 11 de julio de 2024, el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Franklin Erreyes Tocto, denunció en la Fiscalía al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, y a sus hermanos, Antonio y Xavier Álvarez, por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles de la compañía Copedesa S.A., de la que los hermanos Álvarez Henriques son accionistas.

La denuncia también es contra la compañía Fuelcorp S.A., dedicada a la venta y distribución de combustible, Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. y cinco personas más. 

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A finales de julio de 2024, la Fiscalía denominó al caso como Triple A. Cinco meses después, en diciembre de 2024, la Fiscalía formuló cargos contra cinco personas y cinco empresas. En abril de 2025, 11 personas y una empresa más fueron vinculadas en el proceso. 

En total son 16 personas y seis empresas. 

El 9 de abril, en una nueva audiencia, la Fiscalía formuló cargos contra los 16, entre ellos, el alcalde Aquiles Álvarez, a quien acusó de autor del delito de comercialización ilegal de combustibles. La formulación también fue contra las seis empresas. 

El sábado 14 de junio de 2025 se instaló la audiencia preparatoria de juicio. Luego de seis días, la Fiscalía pidió que todos sean llamados a juicio.

Además, pidió que se dicte prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, debido a que el alcalde no ha usado el grillete, como medida sustitutiva, pese a que se lo ordenó un juez. La audiencia se retomará el 16 de julio. 

Te explicamos más sobre este caso. 

La denuncia 

Esta denuncia se dio pocos días después del cruce de acusaciones entre el presidente Daniel Noboa y Álvarez. En un enlace radial, el lunes 8 de julio de 2024, Noboa habló durante 44 minutos sobre la seguridad del país, la crisis energética, la eliminación de los subsidios a Extra y Ecopaís.

Sobre este tema, recordó lo que ya ha dicho en otras intervenciones: que con los subsidios contribuyen al contrabando de combustibles en el país. Puso ejemplos y dijo que hay compañías que se han beneficiado de “centenares de millones de dólares de contrabandeando combustible… hay dispensadoras y gasolineras”. 

Según el Presidente, tienen el registro de un solo auto Chevrolet Cruze, cuya placa registró un consumo de 128 mil galones de gasolina Extra, tres mil galones a diésel y dos mil galones de Ecopaís y de Súper, en un solo año. “La misma placa”, repitió para explicar que es imposible que un mismo vehículo tenga hasta 28 tanqueadas de combustible al día. “Solo ahí se han robado decenas de millones”, dijo.  

El vehículo Chevrolet Cruze al que Noboa hace referencia es un auto mediano, tipo sedan, con un tanque de combustible con capacidad para aproximadamente 13 a 14 galones. El  rendimiento en kilómetros por galón puede variar según el motor, pero un tanque lleno de 13 a 14 galones podría recorrer entre 390 y 560 kilómetros. 

Si la distancia desde Tulcán hasta Loja en Ecuador es de alrededor de 315 kilómetros, con 28 tanqueadas de gasolina, utilizando el ejemplo de Noboa, se podría recorrer la distancia de Ecuador de norte a sur por unas 52 veces. 

Noboa se refirió a una compañía pero no mencionó su nombre: “Una sola empresa ha pateado al Estado decenas de millones de dólares”. Dijo que esa empresa tiene 8 mil vehículos con el mismo patrón de consumo de combustible. Un periodista de Radio Sucre le preguntó cuáles son las sanciones en estos casos, Noboa respondió: “Tienen que irse presos todos”. 

Irregularidades en la comercialización del combustible 

Según la Superintendencia de Compañías, Xavier Álvarez Henriques es presidente y administrador de Copedesa S.A. César Bravo Ibañez, otro de los denunciados, es gerente general y accionista. El resto de accionistas son los hermanos Álvarez Henriques y Grupo Alva3 S.A., también propiedad de los hermanos Álvarez. 

Xavier Álvarez también es el presidente de Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. Fernando Peñaherrera Vanegas, también denunciado como presunto autor o cómplice, es el gerente general. Los accionistas de esta empresa son, otra vez, los hermanos Álvarez Henriques y Grupo Alva3 S.A.

La compañía Fuelcorp S.A., también incluida en la denuncia, tiene a César Bravo Ibañez como presidente y accionista, a Juan González Jurado como gerente general, y entre sus accionistas están José Franco Magallanes y José Cevallos Avellán. Sus nombres están en la denuncia sobre supuestas irregularidades en la comercialización de combustibles. 

La tarde del 11 de julio de 2024, tras la denuncia, el alcalde de Guayaquil publicó un video en su cuenta de X en el que calificó la denuncia como una farsa, un montaje y un distractor sin sustento. 

Según Álvarez, el gobierno actuó contra él “justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos”, refiriéndose a su insistencia para que el gobierno le dé al Municipio una garantía para ejecutar obras específicas. En el video, el alcalde mencionó el abandono a los gobiernos seccionales y la falta de recursos. Dijo también que la denuncia busca afectar la imagen “de una administración comprometida” y que, para él, es considerada una amenaza. 

Álvarez dijo que no va a distraerse con este tipo de persecuciones. “Nosotros ya sabíamos que iba a venir un invento”, agregó. 

Por su parte, la bancada legislativa del oficialismo, ADN, publicó un comunicado en el que dicen que crearán un Frente Parlamentario contra el tráfico ilegal de combustible y sus derivados. La bancada explica que el Frente surge en respuesta a las denuncias contra actores políticos por el presunto delito de contrabando de combustibles, y asegura que “nadie está por encima de la Ley”.

Los nueve legisladores oficialistas que firman el comunicado invitan a otros asambleístas a unirse “por un país libre de contrabando”. 

El 16 de julio, la asambleísta del partido oficialista Lucía Jaramillo dijo que el Frente Parlamentario contra el tráfico ilegal de combustible investigará la denuncia contra Aquiles Álvarez y otras nueve personas, “entre ellas, familiares del alcalde de Guayaquil”.

Luego de las declaraciones de Jaramillo, el alcalde Álvaez volvió a responder desde su cuenta de X. “Pobrecita esta niña y toda esa bancada… Sigan con esa narrativa, pura cortina de humo con todas sus porquerías, en Fiscalía nos vemos”, escribió en un mensaje en el que asegura que guardará estos intentos “de desprestigio” como pruebas para defenderse en el futuro.  

También insistió con que fiscalicen otros temas como las barcazas, a las empresas que no pagan impuestos y los sueldos de algunos funcionarios del gobierno. “Vayan a ver a las fronteras a los verdaderos contrabandistas de combustible. Dejen de vender humo, peor con una vocera TURRA como esta niña que no sabe de combustible. Son una porquería”, escribió. 

La investigación del caso Triple A

El 23 de julio de 2024, la Fiscalía hizo siete allanamientos en Guayaquil y Milagro para recabar información sobre tres empresas que estarían involucradas en el presunto almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de combustibles, según una publicación de Fiscalía en su cuenta de X.

El comunicado también dice que la investigación se llama caso Triple A. Para el caso, la Fiscalía creó un logotipo distintivo que incluye tres letras A, dos de ellas con los colores de la bandera de Guayaquil; la tercera de la forma de un mechero —asociado con los combustibles. Las tres A harían alusión a los tres hermanos Álvarez Henriques o a las iniciales del alcalde de Guayaquil: Aquiles Álvarez Henriques. 

En los allanamientos, la Fiscalía obtuvo computadoras, documentos y facturas. 

El alcalde de Guayaquil reaccionó al allanamiento en su cuenta de X. Dijo que están abiertos a que Fiscalía haga su trabajo porque confía que actuarán “con técnica y justicia”. 

“De nuestro lado, no hay nada que ocultar ni nada que temer”, dijo Álvarez. También dijo que la Fiscalía podría haber solicitado la información sin necesidad de ningún acto urgente, refiriéndose al allanamiento. Al final criticó el logo del caso: “Qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil”.  

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Las cinco personas acusadas son: 

  • Fernando Viteri Henriques, gerente de Copedesa, como presunto autor
  • José Cevallos Avellán, propietario de Fuelcorp, como presunto autor
  • Lady Cedeño Toala, contadora de Ternape, como presunta coautora
  • Jessenia Vélez Orellana, contadora de Copedesa, como presunta coautora
  • Carolina Troya Cubiña, contadora de Fuelcorp, como presunta coautora

Las cinco personas jurídicas fueron: Fuelcorp S.A., Copedesa S.A., Corpalubri S.A., Ternape Petroleum S.A. e Indudiesel S.A.

Además, Alarcón dijo que suspenderá los cargos en contra de cinco procesados, porque, al ser candidatos alternos a la Asamblea Nacional en las elecciones generales 2025, tienen inmunidad. Los implicados, ahora candidatos al Legislativo, son: 

  • Juan Daniel González Jurado, candidato del movimiento Renovación Total (Reto)
  • José Ignacio Franco Magallanes, candidato del movimiento Centro Democrático (CD)
  • César Emiliano Bravo Ibañez, candidato por el movimiento Centro Democrático (CD)
  • Fernando Patricio Peñaherrera Benegas, candidato del movimiento Centro Democrático (CD)
  • Angélica Vanessa Freire Guevara, candidata del movimiento Centro Democrático (CD); sin embargo, en el documento de la Función Judicial sobre los candidatos inscritos dice que no saben sobre la “calificación e inscripción [de Freire] como candidata”. 

Luego de la petición de Alarcón sobre la prisión preventiva para los cinco presuntos autores y coautores, el juez suspendió la audiencia y la retomará el 16 de diciembre a las 2 de la tarde para “el pronunciamiento de las defensas sobre las medidas solicitadas”, según la Fiscalía y la decisión del juez. 

Casi dos horas después de la suspensión de la audiencia, el presidente Daniel Noboa publicó la lista de los candidatos y escribió que “al más puro estilo de la vieja política: en sus filas esconden a los criminales para que la justicia no pueda tocarlos”. 

Luego de las 2 de la tarde se reinstaló la audiencia de formulación de cargos contra las cinco personas naturales y cinco jurídicas. Las defensas hablaron sobre las medidas pedidas por Fiscalía. 

Luego de escuchar a los abogados de los procesados, el juez Jairo García decidió no acoger el pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva para los cinco procesados, pero ordenó medidas sustitutivas: prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos días a la semana, los lunes y viernes. Mientras que para las cinco empresas —personas jurídicas—, el juez dispuso la prohibición de enajenar bienes y acciones. 

La Fiscalía solicitó audiencia para vincular a Aquiles Álvarez

La mañana del 19 de febrero de 2025, la Fiscalía y la Policía Nacional hicieron operativo en cinco gasolineras de la compañía Copedesa, que estarían vinculadas al caso Triple A, cuya investigación busca esclarecer una posible red de distribución y comercialización ilegal de combustible. 

Las estaciones allanadas están ubicadas en las provincias de Zamora Chinchipe, Loja, Machala, Santa Rosa y El Oro, y tendrían relacionadas con empresas de la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Como parte del proceso judicial, la Fiscalía solicitó fijar una fecha para la audiencia de vinculación del alcalde Álvarez y otras diez personas al caso. 

En respuesta, el Alcalde reaccionó en redes sociales. Aseguró  que la acción judicial era predecible y aseguró que “el ministro de Gobierno (José de la Gasca) ha torturado día y noche al fiscal”. Álvarez, quien ha denunciado en varias ocasiones ser víctima de persecución política, atribuyó este proceso a una estrategia del presidente Daniel Noboa. 

Mientras que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirmó en una entrevista con Diario El Universo que la prioridad del Ejecutivo es combatir la corrupción y evitar la impunidad, y cuestionó la postura del alcalde al señalar que “eso es algo que no entiende el alcalde Rataquiles”, un calificativo que hace alusión a su nombre: Aquiles. 

En esta polémica, incluso, el ex presidente Rafael Correa respondió al ministro con un mensaje en su cuenta de X en el que lo acusó de corrupción. “¡Vamos, Cortisona! Aquí los únicos corruptos son ustedes. Anda a ver cuánto deben al SRI, la declaración patrimonial del nuevo ministro del Interior, Petronoboa o tu propia actuación como tinterillo del patrón”, escribió. 

Por su parte, el asambleísta electo por la Revolución Ciudadana en alianza  con RETO, Raúl Chávez, dijo que las declaraciones del ministro de Gobierno tienen un trasfondo político y que su verdadero objetivo es “ganar las elecciones a cualquier costo”.

La audiencia de vinculación de cargos

El 9 de abril de 2024 fue la audiencia de vinculación al caso Triple A en el Complejo Judicial Norte de Quito. 

El fiscal Carlos Alarcón pidió que diez personas más —incluido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez— sean vinculadas a este caso.  

  • Juan Carlos Arias Tapia, contador 
  • Juan Dionisio Araujo Saldarriaga, empresario de gasolineras
  • Gloria María Salazar Solano, contadora
  • Rosa Marbella Ortíz González, empresaria de gasolineras
  • Édgar Moisés Flores Torres, empresario de gasolineras
  • María Elisa Criollo Espadero, contadora
  • Fausto Vinicio Vaca Gonzaga, empresario de gasolineras
  • Olga Cecilia Ortega Loaiza, contadora
  • Raúl Arnoldo Zambrano Orellana, empresario de gasolineras

Álvarez se presentó vía telemática y sin abogado. Dijo que su defensor, Diego Córdoba, había justificado previamente su inasistencia. 

Pero el juez Andrade negó los pedidos de diferimiento. Dijo que está prohibido alargar el proceso injustificadamente —la audiencia llevaba más de dos meses sin concretarse y se había cambiado de jueces en tres ocasiones.  

El juez Andrade multó a Córdoba con dos salarios básicos unificados, es decir, con 940 dólares. Además, pidió que lo investiguen para determinar si cabe una suspensión.  

Para que la audiencia se instalara, le asignaron a Álvarez un defensor público, el abogado Iván Montero. 

El fiscal Carlos Alarcón acusó a Álvarez como autor del delito de comercialización ilegal de combustibles como accionista y representante de empresas como Copedesa, Ternape y Flonape. Él habría tramitado los permisos ante Petroecuador para comercializar combustibles desde sus empresas. 

Según la Fiscalía, hay pistas de que estas gasolineras y los involucrados supuestamente distribuyeron ilegalmente los combustibles recibidos de Petroecuador. 

La audiencia se extendió hasta la madrugada del 10 de abril. Aunque el fiscal Alarcón pidió que Álvarez y los otros nueve procesados quedaran con prisión preventiva, el juez aplicó medidas sustitutivas, como el uso de un grillete y, además, prohibió la salida del país de los implicados. 

También pidió que los diez se presentaran periódicamente ante la Justicia. 

Álvarez manifestó su descontento en su cuenta de X: “El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción”.  

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Gabriela Ochoa
Periodista de GK. Graduada en la PUCE. Máster en Mediación y Resolución de Conflictos, y en Dirección Estratégica.
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