“Devastados”: así están los comercios del centro histórico de Quito por el conflicto armado interno

Laura Iza, de 80 años, tiene un puesto al pie de la Catedral de Quito, en la calle García Moreno, en el hermoso centro histórico de la capital ecuatoriana. Vende velas, cirios, escapularios, rosarios estampas y cuadros de la virgen María. Todos los días, Laura Iza se sienta a unos 30 pasos de la que normalmente es una de las entradas a la Plaza Grande, en las esquinas donde se miran de costado el Palacio de Carondelet y la Catedral. “La gente que entra a la Catedral a veces me compra alguna cosita”, dice. El 18 de enero de 2024, más de una semana después de que el presidente Daniel Noboa declarara que hay un conflicto armado interno en el país, el paso hacia la plaza es imposible: en su perímetro hay decenas de vallas que impiden el ingreso.

Sólo pueden entrar personas que enseñan las credenciales que demuestran que trabajan ahí, turistas con guía y otras marcadas excepciones. El resto, no podemos ingresar a la plaza central de la capital. Uno de los militares que resguarda el paso dice “no podemos dar entrevistas, no estamos autorizados”. No pueden dar información sobre los operativos de seguridad de la zona ni sobre ningún otro tema. 

Los dueños de los locales que están en la Plaza Grande dicen que los operativos se intensificaron después del 9 de enero de 2024. La noche anterior, el presidente Noboa declaró un estado de excepción después de que se confirmó la fuga de alias Fito, uno de los principales líderes criminales del país. La mañana de ese día, el centro histórico de Quito amaneció con policías, pero nada fuera de lo común. 

Mientras transcurrían las horas, el cuadro del país se complicó. Hubo noticias de explosiones, tiroteos y otros incidentes violentos, incluyendo amotinamientos en las cárceles. 

La Plaza Grande vacía, rodeada del Palacio de Carondelet, la Catedral, el Municipio y el Palacio Arzobispal. Fotografía de Diego Lucero para GK.

La violencia llegó a uno de sus picos pasadas las 2 de la tarde, cuando un grupo de terroristas encapuchados entró a TC Televisión, un canal en Guayaquil, y transmitió en vivo por más de una hora cómo amenazaba al personal del medio de comunicación. Aunque Quito y Guayaquil están a más de 400 kilómetros, la ola de pánico se extendió por todo el país.

Laura Iza dice que después de las 2 de la tarde, comenzó a escuchar gritos y vio que la gente corría. “Saqueos, saqueos”, gritaban, según Iza. Sigfrido Veintimilla, de 61 años, trabaja en uno de los restaurantes que están junto a la Catedral, en la calle García Moreno. Él dice que también escuchó los gritos esa tarde, pero que nunca entendió bien lo que pasaba. “Le preguntabas a uno y te decía una cosa, luego otro decía lo contrario”, cuenta. En medio de esa confusión y el miedo, los locales cercanos a la Plaza Grande cerraron para evitar incidentes. 

Laura Iza, de 80 años, en su puesto de venta de velas en el centro histórico de Quito. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Horas después del ataque a TC Televisión, el 9 de enero, el presidente Daniel Noboa firmó otro decreto, el 111, que se suma al del estado de excepción. En él, el Presidente reconoce “la existencia de un conflicto armado interno” e identifica a una lista de 21 grupos de crimen organizado como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

Con esta declaratoria, las Fuerzas Armadas asumieron el papel principal en la defensa de lo que el gobierno considera un enemigo interno: los 21 grupos mencionados en el decreto. La noche del 9 de enero, el almirante Jaime Vela Erazo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dijo que “todo grupo terrorista identificado en el decreto, se ha convertido en un objetivo militar”. Además, en varias ocasiones posteriores, el presidente Noboa ha insistido en que estamos en “estado de guerra”. 

Los operativos, detenciones y allanamientos en contra del crimen organizado se han intensificado. También se implementaron nuevos protocolos de seguridad en aeropuertos y otros espacios públicos como la Plaza Grande. Por eso, desde ese día el paso a la Plaza Grande está limitado, hay más militares y policías recorriendo la zona, y los locales están cerrados o vacíos, llenando de angustia a sus dueños. 

Un grupo de policías en la Plaza Grande. Desde el 9 de enero los operativos de control en esta parte del centro histórico se intensificaron. Fotografía de Diego Lucero para GK.

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Los días siguientes fueron de incertidumbre para los comerciantes del centro histórico de Quito. Iza dice que por precaución, ella se quedó encerrada en su casa en la subida a Toctiuco, uno de los barrios más antiguos de Quito, en las faldas del Pichincha. Con mirada triste y voz temblorosa dice que no abrió su puesto de venta entre el 10 y el 14 de enero de 2024. Recién regresó el 15. Lo hizo con miedo y nervios, pero dice que tenía que volver para subsistir: “Vivo sola y el arriendo no podía esperar”, dice. 

Dos personas mayores, a las que sí les permitieron el paso, caminan por la Plaza Grande. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Sus ventas desde ese día han sido mínimas. Iza dice que son de apenas 5 o 6 dólares diarios, en vez de los 15 o 20 a los que estaba acostumbrada. Cerca del mediodía del 16 de enero de 2024, Laura Iza no llega aún a los dos dólares. “Esta es la venta de hoy”, dice señalando una moneda de un dólar, otra de 50 centavos y varias monedas de un centavo, que están junto a cirios blancos y de colores. Una mujer se le acerca a preguntarle el precio de las velas. Compra 3 de 25 centavos, y se despide prometiendo que a la salida de la Catedral le comprará un escapulario. Iza asiente resignada.  

El negocio de Laura Iza no es el único que ha sufrido el impacto de la falta de turistas y de la inseguridad. Sigfrido Veintimilla dice que la venta del restaurante en el que trabaja se ha reducido en un 70 u 80%. 

El horario de atención también ha cambiado. Veintimilla dice que normalmente abren el local a las 10 de la mañana y atienden hasta las 9 de la noche. Pero desde el 9 de enero, cierran máximo a las 7 de la noche porque ya no hay gente. Antes, la noche era un horario importante para el negocio. “La gente salía y caminaba, con el metro se facilitaron las cosas y más gente venía”, dice Veintimilla. Pero en la última semana y media la gente ya no sale en las noches, así que prefieren cerrar el negocio. 

Sigfrido Veintimilla, de 61 años, en el restaurante Casa Manuela en la calle García Moreno. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Entre  militares y policías en la Plaza Grande, la inseguridad no es un problema para ellos. “Aquí no pasa nada, la seguridad es sumamente alta”, dice Sigfrido Veintimilla. Lo que les preocupa es que los clientes no llegan. “Tenemos tanta seguridad que está cerrada la Plaza”, dice Carla Sánchez, de 34 años. Ella es la tercera generación del restaurante familiar Fabiolita, que por 60 años ha estado en la parte inferior de la Catedral. Entre el 9 y el 18 de enero, dice Sánchez, el local ha recibido 20 veces menos clientes de los que solían frecuentarlo. 

Al mediodía, en el restaurante Fabiolita, en la parte baja de la Catedral, las mesas están casi vacías. Fotografía de Diego Lucero para GK.

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Los negocios de la parte inferior del Palacio de Carondelet son los más afectados. Han estado cerrados desde el 9 de enero y todavía no saben cuándo podrán abrir. Clara Salazar, de 65 años y dueña de uno de esos locales, dice que para ellos la pérdida es total. 

Salazar ha trabajado en el Centro Histórico por 30 años. Hace 70 años, su padre Alfredo Salazar fundó la Peluquería Amazonas, en un local debajo del Palacio de Carondelet, que se eleva varios metros sobre la plaza. En esos históricos sillones, se han cortado el pelo políticos, religiosos, músicos, turistas nacionales y extranjeros. Incluso, Alfredo Salazar subía a Carondelet a cortarle el pelo a varios presidentes. Cuando murió hace 11 años, su hija Clara se hizo cargo del negocio. 

No es la primera vez que tienen que cerrar el local por incidentes violentos. “Es un lugar estratégico, nos cierran a cada rato. Cuando hay manifestaciones, por seguridad del palacio, por todo. En tiempo de Moreno y Lasso fue lo mismo”, dice Salazar. Sin embargo, admite que esta vez se siente diferente, “Da miedo, ahora ya no es así nomás, ahora como dicen es una guerra”, dice. 

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La ola de violencia que atraviesa Ecuador ha tenido consecuencias en el turismo y en los ingresos que genera esta industria. Holback Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador, dijo en una entrevista el 18 de enero de 2024 que “el turismo es sensible, todo le afecta” porque los visitantes quieren ir a un país estable y tranquilo. Según Muñetón, en 2023 el sector turístico en el país “tuvo números de subsistencia positivos”. Pensaban que 2024 sería mucho mejor, pero con el terrorismo, el conflicto armado interno y el estado de excepción desde las primeras semanas de enero, ya no se sabe qué impacto tendrá. 

Después de la declaratoria de estado de excepción, países como Estados Unidos y el Reino Unido alertaron a sus ciudadanos para que no viajen al Ecuador —o a ciertas partes del país— a menos que sean “viajes esenciales”. 

Algunos turistas decidieron continuar con sus viajes a pesar de las alertas. Larry y Vicky, que prefirieron no dar su apellido, son dos turistas de Missouri, Estados Unidos, que visitan Ecuador por primera vez. “Estamos preocupados, pero hablamos con nuestro guía y nos dijo que los tours avanzaban con normalidad, así que vinimos”, dice Larry, de 71 años. Hasta ahora no les han dado indicaciones de seguridad adicionales. “Estaremos con un guía la mayoría del tiempo, así que él sabrá a qué lugares podemos o no ir, confiamos en ellos”, añade Vicky, de 68 años. Se quedarán por 16 días visitando Quito, Cuenca, y la Amazonía. 

Un grupo de turistas en la Plaza Grande. El paso está cerrado, pero los militares sí permiten que grupos de turistas acompañados de guías entren. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Aunque algunos han continuado con sus viajes, los hoteles y restaurantes sí notan que hay menos visitantes que antes. “Esta semana ha bajado bastante”, dice Carla Sánchez, del restaurante familiar Fabiolita, “obviamente es algo que nos va a afectar mucho como país, el turismo creo que va a ser uno de los principales afectados”. 

Sigfrido Veintimilla cuenta que tenía una reservación de varias mesas para un grupo de turistas extranjeros para el 12 de enero. “Me cancelaron porque estuvieron en el centro el martes [9 de enero] y vieron que la gente corría, se espantaron”, dice Veintimilla. No es la única reservación que ha perdido en estos últimos días. Su hijo trabaja en un hotel, que también ha tenido cancelaciones de reservas. 

Las mesas vacías en uno de los restaurantes de la Plaza Grande, en la parte baja de la Catedral. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Todavía es muy pronto para saber el impacto económico total que tendrá la violencia en el sector turístico ecuatoriano en 2024. Pero los comerciantes de la Plaza Grande, y de otros sectores, que viven de sus ventas diarias, llevan 10 días con ingresos nulos o mínimos y sin saber cómo llegarán a final de mes. Clara Salazar dice que está muy preocupada porque no puede abrir su local y “se nos viene el arriendo, compromisos de pagos, todo eso y la gente que no espera”. 

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Al lado del puesto de venta de velas de Laura Iza, otra mujer, muy anciana, vende objetos religiosos. Ella no quiere hablarme. “Estamos devastados”, me dice, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa. Los comerciantes, dueños de restaurantes y emprendedores que rodean la Plaza Grande en el centro histórico de Quito no saben cuándo volverán a abrir sus locales, ni cuándo mejorarán las ventas. 

Callejón en la calle Venezuela a uno de los lados de la Plaza Grande. Fotografía de Diego Lucero para GK.

Clara Salazar dice que el 19 de enero debían tener una videollamada con los militares que custodian la Plaza Grande para saber qué medidas están tomando y consultarles si saben hasta cuándo durarán los cierres. Sin embargo, la llamada todavía no se ha concretado y siguen sin respuestas. 

Ella teme que el cierre sea hasta que se termine el estado de excepción. “Serían dos meses sin nosotros poder trabajar”, dice nerviosa. Mientras tanto, ella y sus compañeros siguen esperando que algo cambie entre mesas vacías y estantes llenos.