Las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023 no son, necesariamente, una fiesta para los comerciantes informales que tienen su mirada en este día como una fuente de ingresos segura. En esta ocasión, plastificadores de certificados de votación, así como vendedores de comidas y bebidas la tienen mucho más difícil: tienen prohibido vender cerca de recintos electorales.
El pasado lunes 14 de agosto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, firmó un acuerdo con Johnny Firmat, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME). El acuerdo dice que los municipios deben velar por el control en los espacios públicos, y permite que las autoridades locales aparten o retiren a vendedores ambulantes de los recintos electorales.
La medida parece ignorar la realidad económica y de empleo en el país. Según la última encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de junio de 2023, la población ocupada en el sector informal representa el 52,1%. Lo que significa que más de la mitad de ecuatorianos obtienen sus ingresos de esta manera.
Esta medida forma parte del operativo de seguridad, implementado entre el CNE, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en el contexto de estas elecciones.
El malestar entre los comerciantes
La molestia es grande y no es para menos. Ximena Yamuzunta, de 49 años, reclama que un agente de la Guardia Ciudadana de Cuenca le insista en que debe salir del lugar en el que está, en los exteriores de la Unidad Educativa Luis Cordero, en el centro de la ciudad. Ella lleva más de una década vendiendo espumilla y mangos en las elecciones. Le parece injusto porque ese es su sustento para mantener a sus dos hijos menores de edad.
“Siempre he trabajado en este lugar (…) Mi marido es una persona con discapacidad, él no puede trabajar. No es justo que me retiren de mi puesto”, dice Yamuzunta.
En esta ciudad, las autoridades municipales dispusieron que se reubique a los plastificadores y vendedores informales a 100 metros de los recintos electorales.
Aurelio Tubay es señor mayor de la ciudad costera de Manta y comparte la misma preocupación de Yamuzunta. Pese a conocer la medida, instaló su puesto de granizados en los exteriores de la escuela Fe y Alegría Oswaldo Vargas, porque necesita el dinero para mantener a su familia.
“Me enteré de esa orden por Internet, pero qué puedo hacer yo. ¿De dónde voy a sacar dinero? Tengo un hijo con discapacidad y una esposa hipertensa que mantener. Voy a estar aquí hasta que me lo permitan”, dice indignado, sin dejar de promocionar sus productos.
Otro afectado es Rodolfo Cevallos, quien se dedica a plastificar certificados de votación en los exteriores de la escuela Manuel Utreras Gómez, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. La prohibición de vender cerca de recintos electorales lo cogió por sorpresa.
Cevallos dice que desconocía de la medida y que esta le afecta a sus ingresos porque los policías lo ubicaron a dos cuadras del recinto electoral. “Este trabajito en las elecciones me ayuda, sino que me ubicaron a dos cuadras de la gente que está sufragando. Debe ser por la inseguridad, pero le sigo dando con todo”, cuenta mientras carga en sus manos los plásticos que ofrece al público.
Personas como Ximena Yamuzunta, Aurelio Tubay y Rodolfo Cevallos reflejan la realidad de miles de ecuatorianos que mantienen a sus familias a través de esta forma de comercio.
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