El IFCI se despide con una explosión

La sorpresa fue mayúscula para varias personas del sector editorial. Cuando el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (el IFCI) presentó los ganadores de la convocatoria de Producción de Colecciones de Literatura Ecuatoriana, el 15 de junio de 2023, no estaba el nombre de Diana Torres. 

Torres es editora y escritora, y postuló con una propuesta inclusiva e innovadora. Por eso ella, editores, libreros y otros escritores estaban convencidos que su nombre estaría entre los seleccionados por el IFCI.

Pero los fondos de esta convocatoria se lo llevaron otros 6 proyectos.

En marzo de 2023, cuando se publicó la lista de los proyectos que pasaban a la etapa final, Diana Torres pidió que le dieran más razones por las que uno de los jurados le dio calificaciones muy bajas. Quería dilucidar en qué se había equivocado, para mejorar su propuesta en el futuro.

Ocho semanas después, no ha recibido una respuesta. 

“Llegué a pensar que quizás le caía mal a uno de los jurados para que me califique tan bajo”, dice Diana Torres, entre risas.

La convocatoria de Producción de Colecciones de Literatura Ecuatoriana —una de las que hace el IFCI cada año, actualmente existen 13 de ellas— se lanzó en enero de 2023. La función del IFCI es, precisamente, entregar fondos no reembolsables para el desarrollo de proyectos artísticos y culturales en el país. Para esta edición de la convocatoria hecha por la Dirección de Artes Literarias y Editoriales hubo tres jurados: dos mexicanos y una ecuatoriana. 

En respuesta a un pedido de información enviado por GK, el IFCI dijo que los jurados fueron seleccionados a través de la base de datos que se actualiza anualmente. En esta convocatoria específica estuvo compuesto por Esteban Ascencio y Guillermo Vega Zaragoza de México y, por parte del Ecuador, Verónica Vacas Andrade.

El proyecto de Diana Torres —que ya está avanzado y necesitaba financiamiento para la impresión de los ejemplares y el pago a quienes formaron parte— consiste en la publicación de cuatro libros. Cada uno tiene textos de dos autores con distintas discapacidades. Son 8 libros en total, con ilustraciones. La propuesta incluye que se publique la versión impresa, la versión en braille y en formato audiolibro. 

“Dos de los tres jueces pasaron el proyecto con 80 puntos. Pero el tercer juez me puso cinco [sobre un promedio de 20 puntos] en absolutamente todo”, dice Torres. Era la primera vez que postulaba para este tipo de convocatorias. 

Cuando llegaron las primeras retroalimentaciones sobre los trabajos que habían pasado a una segunda fase, Torres se encontró con un comentario que le pareció extraño. “Una de las observaciones de este jurado es que yo había presentado un proyecto solo con imágenes y que no había texto. Y eso no tiene sentido, porque el texto estaba ahí”.

Esta convocatoria entregaba un valor máximo de 20 mil dólares para cada proyecto. Se debía elegir 9 ganadores. Sin embargo, en esta convocatoria solo se entregaron el 66% de los fondos a 6 propuestas. 

Los fondos que el IFCI entrega a través de estas convocatorias provienen del 5% de las utilidades del Banco del Desarrollo del Ecuador. No vienen del Presupuesto General del Estado. Por eso una de las dudas es dónde fueron el resto de fondos.

Las calificaciones y decisiones de uno de los jurados de esta convocatoria no solo perjudicó al proyecto de Diana Torres. GK corroboró que, en al menos dos casos más, los postulantes recibieron como argumento que no pasaron a la otra fase porque no habían presentado textos. 

En otro caso, uno de los jueces ridiculizó una propuesta que incluía destinar el 10% de la venta de ejemplares al autor o autora por concepto de derecho de autor —una constante en el ambiente editorial mundial, al momento de firmar contratos de publicación. El absurdo argumento del jurado fue: “¿cómo estimar el 10% cuando no se tiene establecido el costo de producción, ni el costo de venta?”.

También, en otros casos, editoras con más de 10 años de experiencia en la publicación de autores y autoras nacionales e internacionales, recibieron bajas calificaciones por su “poca experiencia en la publicación de libros”.

Todo esto despertó preguntas sobre el proceso. ¿Desde la Dirección de Fomento Literario y Editorial del IFCI, entregaron toda la información al jurado que iba a decidir sobre los ganadores de esta convocatoria? ¿O algún jurado no leyó nada y solo puso calificaciones al azar? ¿O el proceso de deliberación no tuvo acompañamiento técnico por parte de funcionarios o funcionarias del IFCI?

Estas preguntas no solo han surgido en la convocatoria para las artes literarias. Se han repetido en otros procesos recientes. El IFCI tiene cinco direcciones dedicadas a diferentes manifestaciones artísticas, como las musicales, audiovisuales y plásticas. En el de las artes escénicas también ha habido quejas por los resultados dudosos. 

¿Algo está pasando en el IFCI? Los problemas en ese tipo de convocatorias para promoción cultural no son novedad. Antes de que existiera el IFCI, estaba el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic), encargado de entregar fondos de fomento de las artes, menos del cine. Mientras existió, hubo desde problemas en la entrega de fondos hasta dificultades para que artistas y gestores puedan cerrar sus convenios a tiempo. 

Pero hoy a estos repetidos problemas se suma un contexto adicional. El pasado 5 de julio, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que eliminó el IFCI.

Este decreto también devolvió al país las dos instituciones que habían sido eliminadas y gestionaban la entrega de fondos para las artes en Ecuador: el Ifaic y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (Icca).

Hoy el IFCI se está despidiendo con problemas que, una vez más, ponen en duda el proceso de entrega de estos fondos de fomento cultural en Ecuador.

El sector del cine consigue terminar con el IFCI

Lo que podría ser una adiós con altura del IFCI termina siendo —una vez más con los fondos no reembolsables que entrega el Estado en el área cultural— una especie de monstruo marino con demasiados tentáculos. De esos que se agarran de varios lugares y terminan por afectar lo que está a su alrededor.

Cuando en mayo de 2020 el entonces presidente Lenín Moreno acabó con el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic) y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (Icca) para fusionarlos en el IFCI, generó un gran problema. Y el gremio del cine fue el principal detractor de esta fusión.

No era secreto que el Ifaic era un instituto que no funcionaba bien. Sobre todo por su incapacidad de cerrar proyectos de decenas de ganadores, como el de los fondos entregados entre 2018 y 2019, que para mayo de 2020 seguían sin cerrarse. A pesar de esto, se creyó que al unirse con el Icca ofrecerían servicios a la altura de los convocantes, que permitirían cerrar proyectos en menos tiempo y con mejores resultados. 

La tarea no parecía tan difícil: idealmente la institución que de cara al público y al Estado funcionaba un poco mejor (el ICCA) debía tomar control de la que lo hacía mal (el Ifaic). 

Cuando se produjo la fusión, de acuerdo al entonces ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, la idea era mejorar lo que estaba muy mal manejado y ahorrar 600 mil dólares anuales. Por eso, la fusión la lideró el ICCA, a través de su último director, el experto en producción audiovisual Jan Vandierendonck, como un claro reconocimiento de la fuerza en la gestión del instituto dedicado al cine.

El problema real del decreto de Moreno era la legalidad de lo que proponía.

En pocas palabras, la fusión de los dos institutos contradecía a la Ley Orgánica de Cultura que estipula que debían permanecer separados. Los artículos 123 y 132 de esta Ley creaban tanto el Ifaic como el Icca, pero para la administración de Moreno esto no significó nada. El decreto presidencial intentó pasar por encima de una ley orgánica.

Para reclamar, un grupo de cineastas que forma parte de la Coordinadora del Cine y del Audiovisual del Ecuador (CAE) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional el 29 de abril de 2021. Y dos meses después, el 24 de junio de 2021, la Corte la admitió a trámite. 

Por el lobby político —la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, Copae, insistió y consiguió reunirse con el presidente Guillermo Lasso—, la presión y la constante manifestación pública en rechazo a lo que pasaba, el sector audiovisual estuvo detrás de la desaparición del IFCI. Hicieron canciones, cartas públicas, y videos en los que los cineastas más reconocidos del país mostraron su descontento.

Esta presión por distintos frentes fue fundamental para la derogatoria del decreto que fusionó Ifaic e Icca. Parte de su campaña fue presentar argumentos sólidos de por qué el IFCI era una mala idea. De acuerdo a Copae, con el IFCI, el fomento al cine se redujo. Según los cineastas, en 2019 —todavía con el ICCA— se entregaron 1 millón 361 mil dólares para 52 proyectos, en 16 categorías de fomento —que incluyen las diferentes etapas de creación como escritura de guion, preproducción, distribución, etc. En 2020 —entre el ICCA, que existió hasta mayo, y el IFCI— se entregaron 2 millones 167 mil dólares, aproximadamente, para 60 proyectos, distribuidos en 18 categorías.

Para 2021 —ya el IFCI en funciones como tal— la cifra descendió a 460 mil dólares que beneficiaron a 7 proyectos en tres categorías. Y en 2022, el monto de fomento ha sido de 454 mil dólares, distribuidos en 9 proyectos, dentro de 5 categorías. Una caída drástica.

Incluso el 7 de febrero de 2023, en la reunión en Carondelet, el presidente Guillermo Lasso reconoció que el IFCI nunca funcionó como debía —para el sector de cine— y aceptó que tenía que desaparecer. La noche del 5 de julio de 2023 cuando el Presidente firmó el decreto que eliminó el IFCI, lo hizo en un acto en el Cine Ochoymedio, en Quito, que estuvo lleno de invitados, en especial del sector audiovisual.

Esta firma también generó críticas dentro del mismo sector audiovisual, ya que algunos cineastas reclaman que no se abrieran algunas categorías necesarias desde 2021 y hasta sospechan que el acto público fue un lavado de imagen de Guillermo Lasso.

Entre ellos está la cineasta cuencana Tania Hermida, que criticó en su cuenta de Twitter la intervención de Lasso el día de la firma. Lasso confundió las funciones del ICCA, al mencionar que es un instituto de formación y no de uno que entrega fondos de fomento. 

“No sabe ni qué está firmando. Ayer, en ese teatro, ha dicho que el #ICCA formará profesionales del cine. Ni su Ministra ni sus asesores han logrado explicarle, en 2 años, lo que es un Instituto de Fomento”, publicó Hermida.

La atropellada convocatoria de artes escénicas

El decreto 812 dice que la reaparición del Ifaic y del ICCA tomará un máximo de 6 meses, y que el Ifaic tendrá, por fin, sede en Guayaquil. Especifica también que los procesos que estén iniciados en el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación [IFCI] continuarán en los otros dos “nuevos” institutos.

Pero, ¿qué es lo que se va a heredar, finalmente? Esa es la pregunta pendiente que el Ministerio de Cultura no ha sabido responder. 

Sobre todo porque el caos y la poca transparencia ha sido una de las constantes de las convocatorias más recientes, para las que se habían destinado 1 millón y 700 mil dólares, que se iban a destinar a 90 proyectos.

Sin embargo, hay evidencias y reclamos de grupos y artistas dedicados a las artes escénicas —quienes también participaron en estas convocatorias abiertas en enero de 2023. Una vez que se hicieron públicos los resultados de los ganadores en artes escénicas, el 6 de junio de 2023, crearon el Colectivo Inconformes con el IFCI —inicialmente con 49 firmas, que han ido aumentando con el paso de los días. Llevan poco más de un mes esperando respuestas claras por parte del IFCI.

Buscan respuestas para cuatro problemas fundamentales que han identificado.

Primero está la ambigüedad conceptual en uno de los parámetros de la convocatoria: se hablaba de “porcentaje de avance del montaje” y nunca se explicó cómo contabilizar ese porcentaje. “Uno debía adivinar qué es lo que pedían”, dice Gabriela Reinoso, artista que forma parte del Colectivo.

Los criterios de evaluación por parte del jurado seleccionado —integrado por un actor argentino y dos ecuatorianos, dedicados a las artes escénicas— se tradujeron en calificaciones que no tenían explicación o eran contradictorias. Es decir, con un mismo criterio, a un proponente se calificaba de una manera y a otro con menos o más puntaje.

También se han quejado del desconocimiento de las formas del montaje local. Y de que se premiaron a 5 de ocho proyectos (de 110 postulaciones), lo que habría dejado casi 67 mil dólares sin repartir.

Si bien los proyectos ganadores no están siendo cuestionados por el Colectivo, ellos esperan que al menos el IFCI decida entregar los 3 fondos de fomento restantes. 

GK le preguntó al IFCI sobre esta posibilidad y respondió que, según el artículo 21 del Reglamento de Administración del Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, las etapas que ya han finalizado no pueden ser reabiertas. Por eso, “no resulta viable reabrir o reinstaurar la etapa de evaluación”. Es decir, no se entregarán los fondos para los 3 restantes, ya que esa convocatoria está cerrada.

Lo que el IFCI sí ha aceptado a GK que sí busca “abrir un concurso de similares características con el objetivo de acoger las observaciones críticas y las recomendaciones que han realizado personas del sector escénico”.

“Nos sentimos muy insultadas”, dice Satya Durán, directora escénica, sobre lo que sucedió con esta convocatoria. “Esta es la sintomatología de que algo no está bien”.  

Para América Paz y Miño, directora teatral, esta convocatoria está plagada de irregularidades. Inclusive, desde el mismo IFCI, en una reunión por Zoom que el Colectivo tuvo con sus autoridades el pasado 20 de junio de 2023, se reconocieron fallas, como no incluir “honorarios del postulante” en el presupuesto. Esto tomó mucho tiempo en resolverse y una vez solucionado, obligó a rearmar el cuadro del presupuesto.

Pero en un sentido más profundo, lo que este Colectivo quiere es que estas cosas no se repitan: “Empezar de cero no es viable. El proceso toma un montón de fuerza, eficiencia y transparencia, es necesario que se escuche nuestra voz para futuras convocatorias”, dice Durán. 

Esto, sin duda, es un tema que el renovado Ifaic deberá considerar.

Tal como lo dice Paz y Miño, no se trata de recibir migajas para producir arte. “Hacemos el trabajo del Estado en territorio, cumpliendo una función de fortalecimiento del tejido social”, dice con contundencia América Pay y Miño. Con esto, la artista hace referencia a que, a través de estos fondos se hacen obras de teatro en lugares alejados, ya sea para compartir ideas, mensajes, ciertas enseñanzas, para aprovechar el tiempo de ocio.

La situación al interior del IFCI no es la mejor. Los reclamos del sector de artes escénicas motivaron que desde el Ministerio de Cultura se pida el cargo a dos funcionarios del Instituto, entre ellos a la Coordinadora General Técnica y a la Directora de Fomento a las Artes Escénicas y Artes Vivas. El IFCI le confirmó a GK que acogió ese pedido. 

En entrevista para GK, hace 7 semanas, Joaquín Carrasco, subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, dijo que están haciendo una revisión mucho más crítica al interior del IFCI y a la idea del fomento. “Lo que no puede pasar es que se llegue a un momento en que se genere una especie de dependencia del fondo concursable, que se dé una pelea por el fondo concursable, porque no hay cama para tanta gente”, dijo.

Por lo pronto, el proceso de (des)transformación del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) en el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (Ifaic) y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (Icca) ya empezó. 

De acuerdo al IFCI, es un proceso que implica varias instancias estatales, deberán coordinarse acciones con los Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, para lo cual el Instituto ha iniciado este proceso de coordinación”. 

También se ha organizado una hoja de ruta para “traspasar la gestión de los procesos y los servicios hacia los dos institutos que se restituirán”. Algo que el decreto 812 exige.

¿Cómo será ese traspaso de gestión de los procesos? Pues si algo ha enseñado la historia es que estos procesos de eliminación y fusión han sido complejos. Esta vez no habría razón para creer que va a ser más fácil. Sobre todo porque este proceso caerá en manos de un nuevo gobierno, de un nuevo Ministerio de Cultura y Patrimonio, de nuevas autoridades.