El 15 de octubre de 2022, durante los Encuentros del Otro Cine (EDOC), un grupo de cineastas pidió que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaron hace 15 meses. Miembros de la Coordinadora del Cine y el Audiovisual del Ecuador (CAE), encabezados por el documentalista Manolo Sarmiento, y otros gremios pidieron que el máximo tribunal del país falle sobre la existencia del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación (IFCI) que, ellos insisten, es inconstitucional.

Última Actualización: 24 octubre, 2022
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En esta nueva declaración volvieron a exponer su criterio frente al decreto 1039, firmado por el entonces presidente Lenín Moreno, con el que se fusionaron los dos institutos que, en ese entonces, servían de apoyo estatal para el cine y para el resto de manifestaciones artísticas (teatro, literatura, artes escénicas, danza, etc.) que se desarrollan en Ecuador: el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) y el Instituto de Fomento de la Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC). 

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Concretamente con el decreto de Moreno, en mayo de 2020, se eliminaron el ICCA e IFAIC, y se creó el IFCI.

Varios gremios del cine ecuatoriano y de cineastas consideran que con esta decisión se ha debilitado la institucionalidad estatal por la que tanto han peleado por décadas: el ICCA, antes de ser disuelto, tenía apenas 4 años. Los cineastas dicen también que la fusión provocó la reducción de los fondos de fomento destinados al cine en casi el 80%. 

La fusión cuestionada

El 24 de junio de 2021, un mes después de la posesión de Guillermo Lasso, la Corte Constitucional (CC) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por el grupo de cineastas. 

En el documento se explica la posición del gremio que considera que el decreto presidencial estaría reformando ilegalmente a la Ley Orgánica de Cultura, vigente desde finales de 2016. Esta Ley, en su artículo 24, por ejemplo, cuando se refiere al Sistema Nacional de Cultura habla sobre los subsistemas que lo integran y entre los “subsistemas de artes e innovación” hace referencia a un Instituto de Fomento para las Artes, Innovación y Creatividad (el IFAIC) y a un Instituto de Cine y Creación Audiovisual (el ICCA). 

Por lo tanto, la Ley Orgánica de Cultura, al ser una ley orgánica no puede ser reformada por un decreto ejecutivo sino sólo por la Asamblea Nacional. 

En el mismo texto que los cineastas presentaron a la Corte dice que el decreto de Moreno “entra en directa contradicción con esta disposición pues, aunque no lo enuncie de ese modo, deroga y reforma trece artículos de la Ley Orgánica de Cultura”. Explica que al reformar la Ley con un decreto, “se elude el procedimiento constitucional (…) de que la materia objeto de regulación ha sido debatida y deliberada tanto por sus representantes legislativos como directamente por la ciudadanía en el proceso de consulta previa del que fue objeto la LOC —Ley Orgánica de Cultura”. En referencia a los debates sobre la Ley que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional y en las comisiones que se formaron dentro del legislativo en las que participaron cineastas y otras personas del gremio. 

Las supuestas consecuencias de esta decisión

“Es una vergüenza que Ecuador, ahora mismo, el cine haya perdido su institucionalidad, su presupuesto, casi todo. El cine ha ido perdiendo y perdiendo durante años”, dice Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (Copae). 

Independientemente de que el decreto de Moreno sea o no inconstitucional, el cine ecuatoriano, como lo denuncia Andrade, ha ido decreciendo en el país. Entre 2006 y 2016 se han estrenado aproximadamente 89 películas, es decir a un promedio de 9 por año. Y entre 2016 y 2022, suman 52, es decir 6.5 películas por año. Entre julio de 2020 y mayo de 2021 el IFCI emitió certificados de exhibición para 6 películas. En lo que va de 2022 se han estrenado tres filmes: El rezador, Amor en tiempos de likes y Perseguido.

Hay que notar que se hacen más producciones en el país que no necesariamente van a salas de cine.

Si bien el gremio del cine es el mejor estructurado entre las diferentes manifestaciones culturales del país, y es el que históricamente ha peleado por tener una normativa que ayude a su desarrollo, en los últimos años, las cifras muestran que todo parece diluirse

Casi dos décadas de instituciones

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En 2006 entró en vigencia la Ley de Fomento del Cine Nacional, la que permitió que surgiera el Consejo Nacional de Cine (Cncine) que, a su vez, con su administración del Fondo Nacional de Cine, ayudó a que durante 10 años la cinematografía nacional creciera como nunca antes se había visto. Decenas de películas se pudieron rodar y estrenar en salas nacionales, generando un boom.

Luego, en 2016, la Ley Orgánica de Cultura sustituyó a la Ley de Fomento. Con esa sustitución se creó el Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA). Cuatro años después, por decreto presidencial, se creó el IFCI el 8 de mayo de 2020, en plena pandemia del covid-19, como parte del Plan de Optimización del Estado. 

Fue una institución nueva que no tuvo ningún desembolso adicional para el Estado. La idea del gobierno, en medio de la crisis económica causada por la pandemia, era ahorrar anualmente 600 mil dólares. 

Para Andrade, el decreto firmado por Moreno es “una clara violación a la Ley”, amparado por el estado de excepción que hubo en 2020. 

De acuerdo a la Coordinadora del Cine y Audiovisual del Ecuador (CAE), con el IFCI el fomento al cine se ha reducido un 80%. Según los datos de la CAE, las cifras desde 2019, son:

  • En 2019 —todavía con el ICCA— se entregaron 1 millón 361 mil dólares para 52 proyectos, en 16 categorías de fomento —que incluyen las diferentes etapas de creación como escritura de guion, preproducción, distribución, etc.
  • En 2020 —entre el ICCA, que existió hasta mayo, y el IFCI— se entregaron 2 millones 167 mil dólares, aproximadamente, para 60 proyectos, distribuidos en 18 categorías.
  • Para 2021 —ya el IFCI en funciones como tal— la cifra descendió a 460 mil dólares que beneficiaron a 7 proyectos en tres categorías
  • En 2022, el monto de fomento ha sido de 454 mil dólares, distribuidos en 9 proyectos, dentro de 5 categorías

Durante el pronunciamiento público del 15 de octubre pasado, los cineastas  aseguraron que continuarán con la presión para obtener una respuesta de la Corte Constitucional; también exigen un pronunciamiento del Presidente. De acuerdo a las versiones de las organizaciones vinculadas al cine, Guillermo Lasso se había comprometido a derogar el decreto durante las conversaciones que mantuvieron con su equipo cuando Lasso aún era candidato. 

La búsqueda de una solución

Mariana Andrade, como principal de la Copae, recuerda que una de las ofertas del equipo de Lasso apenas llegó al poder, fue restituir la institucionalidad al cine, así como de las otras artes, “porque eso está en la Ley”. 

Entre 2021 y 2022, la Copae armó documentos con ayuda de expertos legales en el que plantearon tres posibles caminos a seguir para restituir el ICCA y el IFAIC “sin que haya perjuicio económico al Estado”.  Estos documentos, así como un borrador para la derogatoria del decreto 1039, fueron entregados al equipo de la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, a inicios del mandato de este gobierno, hace un año y cinco meses. Sin embargo, no han recibido respuestas. 

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