María* teme salir de su casa, donde vive desde hace más de dos décadas, a pocos minutos del centro de Esmeraldas, la capital de la provincia con el mismo nombre. Prefiere no decir en qué barrio vive, mucho menos que su nombre sea divulgado. “Vivimos con miedo. Volver a nuestras casas ahora es tener suerte”, lamenta. Ella es una de las comerciantes que este martes 24 de mayo de 2022 cerró las puertas de su local —donde a diario gana unos cuantos dólares para sostener a su familia— para unirse a una protesta del sector comercial de la provincia verde. Los altos niveles de violencia, homicidios, detonaciones de coche bomba, sicariatos y extorsión que viven los esmeraldeños los ha obligado —dice María— a paralizar sus actividades para exigir que el Estado atienda la escalada de violencia.
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Estaba planificado que a las diez de la mañana de hoy —una hora antes de que el presidente Guillermo Lasso ofrezca su informe a la nación en Quito—, comerciantes y ciudadanos lleguen a los exteriores de la Cámara de Comercio de Esmeraldas. Allí realizarán un plantón contra las muertes en la provincia, en la que se documentan al menos 1,2 muertes a diario.
Dice María que en su ciudad el abandono ha sido sistemático. “No es algo de ahorita, pero en este momento somos noticia por los coches bomba que están explotando en los barrios. Dejaron que todos se acomoden aquí y quienes peor pagamos somos nosotros. No podemos salir, llegan a cobrarnos plata todos los días, sino nos amenazan con matarnos”, dice en referencia a los grupos narco delictivos que la extorsionan.
Esmeraldas, desbordada por la violencia
Los últimos siete días han reflejado no solo la falta de presencia estatal en zonas empobrecidas, sino cómo el crimen domina decenas de barrios. La madrugada del 19 de mayo, tres coches bomba fueron detonados en diferentes zonas de Esmeraldas, incluidas aquellas en las que rige el estado de excepción focalizado y decretado por el gobierno el 29 de abril último, por 60 días. Después de las explosiones, hubo una fuerte balacera que no dejó dormir a los habitantes, quienes lo denunciaron desde sus propios reportes en redes sociales.
Las balaceras, dice Javier*, un joven de 25 años quien también vive en el centro de la ciudad, son casi diarias. “Por eso ya no salimos mucho. Yo salgo porque, digamos, soy joven, voy a hacer las compras, acompaño a mis hermanas. Pero a las siete de la noche ya estamos en casa. A mi mami no le dejamos salir porque, sinceramente le digo, tenemos miedo. No es algo nuevo, no. Pero durante los últimos seis meses la situación es más grave”, relata Javier.
El estado de excepción, critica el joven, no ha servido de mucho, pese a que el gobierno afirma una reducción de muertes y violencia. “No hemos visto policías, ni agentes. Nos sentimos solos”.
Susana*, una joven estudiante de Esmeraldas, sigue de cerca cada uno de los episodios de violencia en su ciudad. “Este martes se vive una sensación muy parecida al fin de semana, hay un bajo movimiento de vehículos y transeúntes. Solo hay un par de pequeñas tiendas abiertas, como para abastecer a los que van en busca de desayuno. Lo demás ya está cerrado”, comenta. Hay personas que, incluso, dejan de salir de sus casas a partir de las cuatro de la tarde. Los comerciantes han optado por dejar de abrir sus locales, mientras su economía se va quebrando aún más.
Las detonaciones no cesan, tampoco los asesinatos. Durante el último feriado, que se extendió desde el viernes 21 de mayo hasta el lunes 23, se documentaron al menos cuatro alertas de coche bomba en la ciudad.
El 22 de mayo, en cambio, al menos seis sicarios —dos en una motocicleta y cuatro en un vehículo— que pertenecerían a una banda narcodelictiva, irrumpieron en la Hostería Achilube, en la vía Esmeraldas-Camarones, y asesinaron a tres personas. Luego, según información de la Policía Nacional, huyeron con dirección a San Lorenzo. Dos de las víctimas fueron identificadas. Sus nombres son: Jhon Panchana y Rolando Cuero. La tercera víctima murió cuando llegó a un hospital de la ciudad.
Ese mismo día, el cadáver de Elías Valencia, de 27 años, fue hallado decapitado en el barrio 50 casas, en el sur de Esmeraldas, cerca del Río Teaone.
El lunes 23 de mayo, en cambio, fue encontrado el cadáver de Anthony Quinde, quien fue acribillado en el recinto El Tigre, en una parroquia rural llamada Tachina, en el norte del cantón Esmeraldas. Tenía 26 años y era taxista, según reportó el periodista esmeraldeño Darío Robinson, del medio digital La Calle Habla.
Denuncias de extorsión y abandono
María dice que la extorsión —perpetrada por bandas narco delictivas organizadas— varía dependiendo del local comercial, pero se aplica para todos. “Mire, desde el que tiene una pequeña tienda, así sean cinco o diez dólares, se lo piden. Si ven que tienes un emprendimiento más grande, te piden 200, 400, 1000, 2000 dólares y así en adelante. Es insostenible esta situación”, afirma.
La incertidumbre en Esmeraldas, pese a que hay líderes comunitarios que buscan revertir la situación, es general. “Aquí lo teníamos todo y ahora se está volviendo en nada. Los extorsionadores piden dinero semanal a cambio de que conserves tu vida”, dice Susana, la estudiante universitaria.
La violencia criminal, sin embargo, no puede explicarse sin el involucramiento o abandono del Estado, dice el investigador Luis Córdova, que explora la escala de violencia y las redes de delincuencia organizada en el país. Por ello, no sorprende que en barrios sin acceso a servicios básicos, donde los niños viven inmersos en círculos de violencia, las bandas se asienten, como ha ocurrido con Los Tiguerones, una organización que prometió acogerse al proceso de pacificación en las cárceles y en las calles.
La falta de políticas públicas en barrios donde sus habitantes reportan la escasez de agua, alimento y educación han creado también un ambiente propicio para el asentamiento de bandas narco delictivas, afirma Córdova.
Para la colectiva La Movida Feminista, espacio creado por mujeres negras y afrodescendientes para visibilizar las violencias que atraviesan a los cuerpos racializados, Esmeraldas es un territorio ancestral abandonado por el Estado, pero también por la sociedad civil. Ellas recuerdan que el 50% de sus habitantes de la provincia de Esmeraldas es afrodescendiente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), e históricamente olvidada.
“Tenemos un territorio secuestrado por las bandas criminales, por promesas vacías de varios gobiernos, con un 51% de la población en situación de pobreza, y servicios básicos insatisfechos”, escribe La Movida Feminista, en un manifiesto conjunto con el movimiento antirracista El Cambio en Ecuador.
Las organizaciones exigen que se garantice la vida de los esmeraldeños, que el Estado se haga cargo de su ausencia, y usan el hashtag #SOSESMERALDAS para recordarle al Estado que las vidas negras importan.
