Byron Villacís, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), alerta sobre la decisión del gobierno de pedir cédula para el censo nacional. 

En una entrevista vía Zoom, Villacís advierte sobre algunos riesgos que conlleva esa decisión como el peligro del uso que se le dé a las bases de datos o que la información recopilada no sea veraz.

Se sabe que los censos deben ser anónimos por varias razones. Por ejemplo, que las personas censadas no necesitan dar información de su cédula. ¿Cuál es el propósito de que esto sea así? 

El propósito principal es que la gente no sienta miedo, que la gente tenga confianza para entregar su información.

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Un censo se hace para contar personas. 

Históricamente, siempre ha funcionado para distribuir rentas, para saber cuántas asambleístas tienes por provincia, por Estado o lo que fuese. Para eso no se necesita identificar a las personas con su número de cédula. 

Esto tiene una raíz histórica. Es muy importante que se sepa que cuando se empezaron a identificar las personas, en los censos de 1950 en Estados Unidos, se empezó también a perseguir a migrantes. Cuando se intentó hacer lo mismo en Europa, sirvió para hacer persecución contra judíos. 

Entonces, no es un tema que sale de la tecnocracia o de la burocracia, sino que tiene una raíz muy concreta. 

Los censos tienen que ser anónimos porque normalmente la gente tiende naturalmente a tener miedo a entregar su información personal. 

La reflexión de los Estados a nivel mundial es: “ok, cómo hago para contar a la gente sin que sienta miedo? Pues le digo tranquilamente que esto es anónimo”. Ese es el origen de todo esto. 

Sin embargo, para el censo en Ecuador, que además se hará al cabo de 12 años, está pidiendo el número de cédula de identidad a la población lo que está generando temores. La gente se pregunta “¿Para qué quieren mi cédula para un censo?” ¿Cuál es la necesidad de pedirla? 

Exactamente. Esto abre tres riesgos gratuitos de una forma bastante absurda. 

Primero el de la persecución política, porque no solo es el gobierno actual, también los gobiernos futuros, el que vendrá en 10 años o en 15 años, los que van a acceder a una base de datos con tu nombre, con tu cédula, con tu preferencia sexual, con el número de hijos que has perdido, con las edades de tus hijos. 

En Ecuador no se respetan las instituciones, entonces tú, como gobierno, puedes decir “no, yo me voy a portar súper bien, nosotros tenemos códigos”. 

Les creo. Supongamos, por un momento, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), es una catedral y uno se va simplemente a confesar allá. Supongamos un ratito que eso es así. 

Pero yo no confío en los políticos. Y si es que esta base de datos llega a las manos de un político, estoy seguro que con la débil institucionalidad que tiene el país, va a ser material para persecución. 

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El segundo problema es el tema de delincuencia. Hay piratas informáticos, hay ciberataques, revisen, hoy acababa de recibir de la Fiscalía del Ecuador la información de la tendencia de ciberdelitos por año. 

Se dispararon hace exactamente 5 años. 

El principal requisito para ejecutar un ciberdelito es tener tu identidad y tu cédula de identidad, porque así puedo rastrear otros datos. Entonces sí, sin la base de datos que te dará el censo hay esa tendencia, imagínate si alguien llegase a tener la base de datos.

El gobierno puede responder: “no, pero es que vamos a tener todas las seguridades”. Pero, mira, acaban de hackear la base de datos de México. La base de datos de Seguridad Nacional de Ecuador hackearon, hace un año, y encontraron la base de datos de 17 millones de ecuatorianos, del Registro Civil ecuatoriano, en Miami. 

Entonces, si tú tienes esos antecedentes, sabes que Ecuador no tiene la infraestructura para resguardar esos datos. Les insisto: puede que sea de la mejor buena fe, que lo estén haciendo con buenas intenciones, pero no hay la infraestructura y no hay la institucionalidad.

El tercer problema es la cuestión de privacidad, de confidencialidad. Hay cuestiones super obvias como el tema de que yo no quiero dar la edad de mi hijo y por último, si quiero dar la edad de mi hijo, yo no quiero dar la cédula. 

Eso, inclusive, va contra el Código de la Niñez que dice claramente que la identidad de los niños tiene que ser protegida y confidencial. 

 

Esas filtraciones revelan la incapacidad de las instituciones públicas de garantizar la privacidad de los datos y la exposición en la que dejan a los ciudadanos, incluidos los niños.

Claro. La semana anterior vi la historia médica de María Belén Bernal

María Belén Bernal fue una abogada quiteña que fue asesinada en la Escuela Superior de Policía en Quito. El principal sospechoso de su femicidio es su pareja, un policía en servicio activo, que está prófugo. El caso sacudió al país y generó reclamos masivos contra la Policía. 

Eso solo se puede conseguir con la cédula de identidad. O sea: alguien que se metió al registro administrativo del Ministerio de Salud. Ese es un ejemplo chiquitito de lo que puede pasar. 

Hay otro punto que me estaba olvidando: los temas comerciales. 

Las bases de datos son compradas por agencias de publicidad, por agencias de marketing, por bancos. Se está poniendo en bandeja de plata esa información para los pirata informático s, que unos te van a decir “yo te voy a robar plata del banco” y otros te van a decir “yo voy a vender esta base de datos al banco”. 

Entonces, por principio de precaución es mejor no meter la cédula. Ya cometieron el error de meter la cédula. 

Entonces hay que pedirle a la gente que se dé cuenta el peligro que se corre.

Sí, vamos desglosando uno a uno estos 4 puntos que usted ha mencionado. Empecemos por posibles persecuciones. Si pensamos en gobiernos totalitarios en los que podría haber una persecución, por ejemplo, contra las personas de minorías sexuales o si es que alguien declara haber perdido hijos, podría pensarse que es por abortos. 

Exactamente, y mira, no vayas muy lejos con el tema de la persecución de minorías. 

Con el tema de impuestos es suficiente. Por ley, se supone que los censos no tienen que servir para hacer seguimiento de impuestos, pero el rato que esa base de datos se filtre, te pueden hacer persecución por temas impositivos.

¿Cómo?

Porque pueden averiguar las condiciones socioeconómicas de tu hogar, pueden hacer vinculación con personas de tu hogar. 

Si viene un Estado policial, y puede que ahorita no tenga la intención, puede que sí tenga la intención, pero estoy seguro que, tarde o temprano, los políticos se van a dar cuenta, y van a decir: “Ojo, esa es la base de datos del censo y ahí yo me puedo enterar, inclusive de la edad de tus hijos, de la cédula de tus hijos, de la edad, si es que tus hijos tuvieron o perdieron un hijo”. 

Son cosas demasiado personales y por esa razón, hace muchísimo tiempo, se dijo que tenemos que hacer censo anónimo, porque la gente tiene que colaborar. 

Otro tema son las personas sin documentación migratoria en regla. Te llega un gobierno xenófobo y te dicen “no, de aquí se me van todos los venezolanos que no tienen ciudadanía y que están en determinada zona”. Hace una lista, se mete a la base del censo y se fue. 

Y de alguna manera, estos son los problemas mayores, si pensamos en los problemas “menores”, se podría incluso caer el censo, porque finalmente, si ya los ciudadanos tienen esta preocupación y cualquier persona que pueda ser de una minoría sexual, por ejemplo, no responde con honestidad, por miedo al uso de sus datos, los resultados finales del censo podrían estar distorsionados. 

Claro, eso acaba de pasar en Colombia. 

O sea, eso no es una elucubración mía, por si acaso. Literalmente, hace dos meses, en Colombia, la Corte Constitucional dijo “señores, ustedes hicieron un censo donde metieron el Documento Nacional de Identidad, equivocadamente. La gente tuvo miedo y por eso se afectó la minoría, sobre todo afrocolombiana”. 

Pusieron demandas, demostraron que ellos tuvieron miedo y que no se censaron. Ahora, en consecuencia: tienen que repetir el censo. 

Se perdió toda esa plata y se lograron inclusive generar nuevas encuestas hacia ellos, pero ahora tienen que resarcir ese error.  Ese error significa 10 años de retraso en temas estadísticos.

Y no es que ahorita se le ocurre a la gente estar advirtiendo sobre esto. Son diez años de discusiones de que esto no se debe hacer. Argentina tuvo la misma discusión hace dos años, la gente de izquierda y la gente de derecha llegó a un acuerdo. De eso también hay documentación. 

Argentina tiene registros administrativos 70 años más antiguos que nosotros. Ellos tienen registros y calidad de infraestructura tecnológica que empezaron en 1850 o 60. 

Nosotros empezamos con censos en 1950. Es decir, tenemos una infraestructura mucho más débil que ellos y aún así no hemos discutido, como país, lo peligroso que es entregar la cédula.

Entonces no es que la derecha que me cae bien, o la izquierda que me cae mal. No: es un tema de derechos y de proteger la seguridad de la gente. 

Hablemos de la delincuencia y los ciberataques. A veces, decir “riesgos digitales” es una cosa muy abstracta. En concreto, ¿Qué podría pasar? 

Primero, la suplantación de identidades. Es lo más grave. 

Segundo: planificación de robos físicos a viviendas. 

Tercero, robos bancarios o débitos bancarios ilegales. 

¿Por qué? 

Porque cuando yo conozco más información de ti, de forma ilegal, yo puedo verificar mi identidad de forma cibernética, no sé si has visto alguna vez, te llaman, a veces te dicen del banco “¿cómo sé que es usted? Deme su fecha de nacimiento. ¿Cuántos años tienen sus hijos? ¿Cuál es la dirección exacta de su casa?”. 

Si toda esa información está en el censo, me permite como pirata informático tener inclusive un sistema automático de robots de suplantación de identidad.

Con suplantación de identidad yo te puedo meter en líos judiciales. Puedo decir que estás metido en delitos. Te puedo meter temas de deudas de pensiones de alimentos o te puedo borrar de esa base.

El INEC tiene la dirección exacta de tu casa, sabe que el censado vive, por ejemplo, en la Avenida 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, en el edificio tal, tercer piso. 

Eso siempre se sabe porque tengo que censar esa vivienda, pero no sabe que el censado es Byron Villacís o Juanito Perez, con número de cédula tal y tal. 

En el momento que tengo la cédula, puedo meterme a los registros administrativos, sé que esta persona tiene 5 hijos, que tiene ciertas comodidades del hogar y puedo averiguar su estructura de vacaciones, para saber cuándo no está en la casa.

Es gravísimo

Es gravísimo. Entonces, yo puedo planificar robarte la casa fácil y no se va a ver que fue culpa del censo, nadie sabe, pero es obvio que una base de datos facilita ese tipo de procesos. 

El tema de débitos bancarios está también relacionado a lo que sucedió. 

Recordemos lo que pasó con Novaestrat. Hubo funcionarios públicos ecuatorianos que se metieron a la base de datos del Registro Civil y de Seguridad Nacional. Si el Estado ecuatoriano, no sé si Lasso, si Correa, si Juanito vaya a ser Presidente, si el Estado no tiene capacidad de cuidar una base de datos de Seguridad Nacional, quién le garantiza que van a cuidar una base de datos del censo. 

En realidad, ¿creen que un político no va a interferir en eso o que un pirata informático  no tiene capacidad de meterse a la base?

Hay antecedentes de lo que pasó en Colombia hace un año y medio. Se robaron la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia —que es el equivalente al INEC en Colombia—. 

Se metieron todas las bases de datos de otros registros, se metieron piratas informáticos al DANE y perdieron toda la información de Colombia. ¿ Sabes qué es lo que pasa en Colombia con el tema de inseguridad, con el tema de violencia, con los temas políticos? 

Eso generó más miedo. Se les ocurrió meter el DNI en el censo. Conclusión: la gente dijo, “yo no voy a estar dando mis datos”.

Entonces: es más práctico hacer lo que ya funcionaba. Puede que no suene elegante, no suene estético o lo que fuese, pero si está funcionando algo, no lo cambias. Es un principio básico de tecnología y peor si estás poniendo en riesgo la seguridad de la gente. Vean la realidad, abran los periódicos, las matanzas, los sicariatos, etcétera.

Estamos en un contexto de infiltración del crimen organizado en todas las instituciones. Ha habido cuatro asesinatos a funcionarios judiciales, por ejemplo. Entonces, no sabemos qué persona puede acceder a esa información desde dentro del Estado ¿Eso no está viendo el Gobierno en este momento?

No ven esa alerta porque yo creo que hay mucha informalidad en los procesos. Se cree que “si es que yo tengo buena intención, entonces las cosas van a funcionar”. 

El problema es que el Ecuador está muy desinstitucionalizado. El problema es que sí es que yo soy cabeza de una fuerza ejecutiva, poder ejecutivo o lo que fuese, creo que tengo la capacidad de meterme en otras cosas.

Es triste decirlo, pero tienes que sumar el antecedente de que el INEC en el 2019 pasó a adscribirse a la Presidencia de la República. 

Entonces, por más que tú digas “no, yo voy a cuidar todo lo demás”, la Presidencia de la República, no de ahorita solamente, sino la de después —al menos hasta que no cambien esa barbaridad de adscripción— puede decirles: “Señores que están adscritos a mí, denme la base, no se preocupen, yo les voy a cuidar”. 

No sé cómo no pueden ver algo tan grave como eso.

¿Y cuál es el argumento que está utilizando el Gobierno para pedir la cédula?

Ese censo digital tiene un problema que podemos hablarlo más adelante, pero la explicación oficial es que con esto puedes hacer estadísticas de registros administrativos, que yo puedo chupar información del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Registro Civil y generar un nuevo indicador, lo cual está muy bien. Sin embargo, a nivel internacional hay dos requisitos para eso. 

Primero, que exista autonomía de las instituciones en Ecuador. 

Que usted ya dijo que no existe en este caso. 

Exacto, precisamente a nivel internacional, la primera condición para eso es que tiene que ser autónomo, que no exista esa interferencia. 

En mi opinión, no existe, no es solo en el INEC, sino a nivel general. 

Segunda condición: tiene que haber infraestructura tecnológica que proteja los datos. Tampoco hay.

Con esta lógica y con estas alertas, las personas podrían negarse a entregar su cédula. ¿Y qué pasaría ahí? 

Si es que se niegan, te pueden poner una multa de 200 sucres. 

¿200 dólares?

No, 200 sucres porque esa es la Ley de Estadística es de 1976. Y la multa por eso es 200 sucres. 

Ni 1 centavo de dólar.

Y aparte imagínate el trámite administrativo para cobrar. 

La gente tranquilamente puede decir “yo le colaboro con todo lo que usted quiera en el censo, pero al rato de la cédula, no, eso no”. 

Tristemente, en el formulario no hay opción para no contestar pero eso es lo que he estado tratando de pedirles: pongan una opción de no quiere contestar y se acabó el drama. 

Pero se cae el censo, Byron.  

La carga de la responsabilidad de esas decisiones son de la burocracia, no de los ciudadanos. 

Comprendo que quieran mejorar los registros administrativos y todo eso, pero no puedes poner una tarea administrativa burocrática con el costo hacia el ciudadano. 

Tú tienes que diseñar, y por eso es difícil ser burócrata, tienes que diseñar mecanismos para que no invada a la gente.

Y si se les cae el censo, señores, se les cae el censo. Yo le quiero mucho al Ecuador, les colaboro con el censo, pero mi cédula no. 

¿El gobierno todavía tendría tiempo de retirar este requisito o ya es muy tarde?

Yo creo que sí tiene tiempo porque el censo físico es en noviembre y las preguntas se hacen en tablets, entonces tranquilamente pueden quitar la pregunta y se liberan del problema. 

Inclusive si es que estuvieran impresos los formularios. 

Aparte que me llama mucho la atención. 

Yo le pasé escuchando a Guillermo Lasso muchos años que por qué los abusos del Estado, que la intervención del Estado en los temas privados, que la individualidad es algo que no se debe atacar desde el Estado. Y en el censo del Gobierno, a Guillermo Lasso se le ocurre meter este tema. 

Tiene que dar marcha atrás con la cédula, porque se les viene un montón de reacción de la gente y creo que es natural. Hay que sacudir a la gente. 

Además, la gente está desesperada por el tema de seguridad y que te digan que entregar la cédula puede permitirte que te generen más delitos en tu contra, hasta por inteligencia política, deberían pensar “yo no quiero otro incendio, haga el censo como se debe hacer”. 

Sí hay cómo. Todavía están a tiempo, pero si es que no deciden en las próximas dos semanas, ahí sí, yo creo que va a haber problemas, porque la gente les puede decir “allá su censo”, y para que un censo funcione, tiene que tener una cobertura mínima del 96%.

Altísima.

La Corte Constitucional de Colombia generó antecedentes, si el 4% no responde, hay que repetir el censo. 

Acá se están metiendo en un lío que tiene muchos más costos que beneficios. 

Hace 6 meses que a mí me invitaron y me preguntaron qué me parece. Les dije: “cuidado, no vayan a hacer eso”. Me acuerdo que hasta me grabaron. 

¿Y esta es una es una falta de conocimiento técnico o qué es lo que le mueve al Gobierno para tomar esta decisión? 

A ver, voy a responder de dos formas esa pregunta porque es delicada. 

Yo creo que muchos funcionarios tienen muy buena fe, pero que son muy ingenuos y que decidieron esto comprando un discurso de “miren es innovador, vamos a hacer un censo con cédulas”. 

Entonces, yo creo que en parte es de ingenuidad. 

Tristemente, también creo que puede haber gente que tenga interés en esa base de datos, por temas comerciales. 

Es Ecuador y me da pena decirlo porque a la larga es mi país, pero sí puede haber ahí un tema de “ojo, con esta base de datos yo me cuadro y te cuadras de por vida porque puedes hacer un montón de cosas”. 

Entonces: puedes decir que estás metiendo toda la seguridad del mundo, pero va a haber personas que tienen acceso a la base de datos de forma informal. Así de simple. 

Es decir, que puede haber un interés, no sabemos de quién, pero de que esto se haga porque una base así es invaluable. La puede vender, me imagino, en millones. 

Sí, desafortunadamente así es. O sea, hay un interés, porque sino no lo estarían haciendo. 

El costo es demasiado alto en términos sociales versus el beneficio que tienes en términos técnicos, entonces tiene que haber algo para temas de construcción de riesgos, o crediticios o temas de persecución. 

No quiero pensar mal. Pero yo sí creo que una parte es por temas de ingenuidad y ojalá otra parte, ojalá no sea así, pero también un tema de interés por tener esa base de datos.

Imagínate eso en manos de un político.

Incluso más que un político, un criminal.

Un criminal. 

O sea, tú mismo te das cuenta cómo está el tema de los criminales, ya mucho más, como se dice, corporativos de a nivel internacional. 

Crimen organizado… 

El crimen organizado está metido en instituciones. Tú crees que ellos no van a estar interesados en bases de datos de esta. 

Es como darle un caramelito a un niño. 

Quizá cabe ahí una breve explicación sobre estos registros administrativos a los que el gobierno apela cuando dice que, por eso, pide la cédula.

Claro. Un registro administrativo es, por ejemplo, cuando tú sacas la cédula, o cuando tú te casas en el Registro Civil, se registra como casado o casada. 

Yo puedo sacar estadísticas de esos registros. Entonces, una forma de sacar en encuestas o números para que el Gobierno administre el Estado es haciéndote una pregunta directamente “¿eres casada o eres soltera?” pues en los registros administrativos yo no te pregunto, simplemente sacó una estadística del Registro Civil y digo: hay tantos casados. 

Es decir, la estadística surge del propio Registro Civil, en este caso. 

Y por eso es lo que yo he dicho públicamente, el INEC no es Registro Civil. El INEC es el Instituto de Estadística y Censos, y cuando veas las definiciones más básicas de la estadística y censos, son anónimas. 

Si quieren hacer todo ese proyecto, por último, debería estar a cargo del Registro Civil y lo que se llama ahora la Dirección de Datos Personales o algo así. Pero justo en la Ley de Protección de Datos personales, ellos son las instituciones que deberían tener esa potestad y si quieren hacer otro proceso debería ser paralelo y sin meterse con los temas confidenciales. 

Hagan un piloto, encuestas súper focalizadas, pero digan a la gente que van a hacer para eso, porque están rompiendo la ley también sin decir a la gente que va a utilizar para eso. 

Y, para poner un ejemplo un poquito más aterrizado, cuando entregamos estos datos, ¿cómo se cruzan estos datos para poder hacer este registro administrativo que sea distinto del censo? 

Esa es una buenísima pregunta, porque ahí justamente ahí está el peligro. Yo te hago el censo, tú me das tu cédula y tus datos, y yo me quedo con una base de datos. 

Imagínate lo más simple, común y corriente con tu cédula y tu estado civil. Puedo sacar mi estadística en base a registros administrativos, que suena súper elegante, y yo tengo que cruzar esa base de datos con el Registro Civil, en algún momento alguien tiene que coger digitalmente y movilizar esa base de un lado a otro. 

Ahí es donde entran los piratas informáticos porque te dicen “usted proteja lo que quiera al INEC, al Registro Civil, pero en el puente, yo me voy a robar esa base de datos”. 

Y no solo es el tema de estado civil, sino todas las 70 preguntas que tienes. Entonces, cada una genera millones de interacciones entre plataformas de interoperabilidad. Ahí es donde los piratas informáticos empiezan a coger cosas.

Para entender a los no expertos, es una especie de subida en la nube. ¿Una institución sube en una nube, la otra sube en otra nube y eso se tiene que cruzar y en ese cruce puede haber robo de datos?

Exactamente. Es como tener tu plata, en vez de en una caja fuerte, tienes la misma cantidad, en muchas cajas fuertes, pero si se rompe una ya ni siquiera sabes en cuál está. 

Luego el INEC dice “yo sí cuide su dato, pero le pasé al Registro Civil”. El Registro Civil dice, a su vez, “no, yo sí cuidé ese dato, pero le pase al Registro Civil de Guayaquil”. Y ese “no, es que yo le mandé al de Durán”, y  hasta que encuentres quién, ya esa base de datos terminó en Colombia, o donde fuese.

Es decir, que también hay un riesgo de que las instituciones se lancen la pelota sobre las responsabilidades.

Exacto, y no hay huellas, sobre todo, no deja huellas digitales. Entonces empieza todo un tema de botarse la pelotita.

Es súper importante porque la gente dice “ay, pero yo doy la cédula cuando entro a tal edificio o entro a una organización” pero no pues, ahí tú no das la cédula con la información de tu familia, con la dirección exacta de tu casa, con tu preferencia sexual. 

En el censo, además de tu cédula, estarías entregándole a una entidad adscrita a la Presidencia y que no tiene autonomía, ni infraestructura. O sea, estás como que pasa una persona ahorita por la calle y tú le dices “tenga la llave de mi casa, me voy al médico”. 

Finalmente entonces, ahorita deberían concentrarse en el censo y los registros administrativos, ya será en otro momento, ¿no? 

Primero hagan una ley que garantice a la gente que son instituciones autónomas. 

Segundo, inviertan en infraestructura de forma seria. 

Una vez que exista un sistema de justicia que funcione, que cuando alguien se robe una base de datos, se le castigue, ahí sí, quizás la gente va a decir ok. 

En Estados Unidos tú te metes con una base de datos federal y te vas 25 años preso. 

En Ecuador hay gente que comete crímenes salvajes y está caminando por la calle. Es un tema súper delicado.

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María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.
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