Juan Pablo Albán: “Ni es crimen pasional ni es crimen de Estado”

Esta entrevista se hizo el 21 de septiembre de 2022, horas antes de que se encontrara el cuerpo de María Belén Bernal. Luego de la confirmación, las preguntas alrededor de la desaparición fueron ampliadas para considerar también la muerte de Bernal.

El crimen contra María Belén Bernal ocurrió al interior de un recinto policial. 

Ella entra y desaparece por diez días, luego aparece su cuerpo. El hecho de que haya desaparecido después de haber entrado a un recinto policial, ¿le da una responsabilidad adicional al Estado de la que hubiese tenido si ella desaparecía en otro sitio? 

Antes de contestarle a la pregunta, quiero decir que, simultáneamente, están coexistiendo dos formas de responsabilidad. El derecho penal se ocupa de abordar la conducta que la sociedad mira como un comportamiento desviado de los individuos y es indiscutible que este señor Cáceres es penalmente responsable. 

Eso no está en discusión.

A Cáceres hay que seguirle un proceso penal y en el marco de ese proceso, ofreciéndole las garantías para que se defienda, presentar la evidencia para que el tribunal determine si él es o no el autor de esta desaparición y ahora, muerte. 

En paralelo, hay que examinar el rol que juega la institución, obviamente no estaríamos debatiendo si hay o no una responsabilidad del Estado. Si esto pasaba en un conjunto habitacional privado, al interior de una casa, donde el esposo estaba golpeando, agrediendo a la esposa, y la esposa pedía ayuda a gritos, los vecinos no hacían nada y si, luego, ya se dejaban de oír los gritos y el vecino violento le pedía ayuda a los de las otras casas, o llamaba a amigos de fuera del conjunto para que vengan a ayudarle a sacar un bulto. 

Luego, si la policía llegaba a cuestionar y todos fingían que no sabían nada y si ellos hubiesen ayudado a limpiar, a trapear el piso, a recoger la tierra que se haya caído de macetas, lo que sea. Esa sería una responsabilidad solo de los particulares. Pero, en paralelo a la responsabilidad penal individual que, sin duda, tiene Cáceres, en mi opinión, también la tienen otros miembros de la Escuela Superior de Policía.

Hay que analizar el caso como si Cáceres no fuera un agente de policía, como si el evento no hubiera ocurrido al interior de una instalación policial, sin la obediencia debida y la estructura vertical de mando que tienen las instituciones de esta naturaleza. Sin esa estructura, Cáceres no hubiera podido golpear a su mujer brutalmente sin que alguien llamara al 911. Cáceres no hubiera contado con la colaboración de los vecinos porque no iban a querer hacerse cargo de la responsabilidad para limpiar la escena o para sacar un bulto. 

¿Y en este caso esa colaboración sí cuenta cuando los otros personajes son los subordinados de Cáceres?

Correcto, porque él da una orden. Cáceres no hubiera contado con la cooperación de sus panas. En este caso, serían los otros oficiales que estaban dentro de la instalación a los efectos de ocultar el hecho, y luego también de facilitar la fuga, porque es importante señalar que el Código Orgánico Integral Penal le faculta a la Fiscalía retener a las personas, hasta por 8 horas, a los efectos de llevar a cabo investigaciones. 

Superadas esas 8 horas ya no les puede retener. Lo que sí puede la Fiscalía es pedirle a su brazo auxiliar, que es la misma Policía, a través de la Policía Judicial, que por favor lo vigilen o lo sigan para saber dónde está. 

Y se entiende, de las explicaciones que ha dado públicamente que, de hecho, eso se le pidió a la Policía, pero el señor se fue. 

¿Y el pedido que la Fiscalía hace a la Policía no tiene que ser avalado por un juez? 

Para que la Policía Judicial haga simplemente seguimientos no, no es necesario. Para lo que sí hace falta la orden del juez es para poder aprehender a la persona. 

En este caso, el juez podía ordenar una detención para investigaciones, pero en el ínterin si podía la Fiscalía pedirle a su brazo auxiliar, la policía, que verifiquen dónde está, y eso no se hizo. 

Mientras el Estado no aclare por qué Cáceres pudo usar recursos y personal del Estado para cometer un delito privado, el Estado tiene una responsabilidad. Esa responsabilidad no es equivalente a la de Cáceres. Es decir, no es que si ya le culpamos al Estado, Cáceres no responde- O que si ya asoma Cáceres y le atribuimos su responsabilidad penal, el Estado no tiene nada más que decir. Porque son responsabilidades que corren en paralelo. 

Si el Estado localiza a Cáceres, entabla un proceso a Cáceres, le atribuye la responsabilidad penal que cabe, e identifica a los cómplices —porque hay actuaciones simultáneas de quiénes no colaboran con la víctima que está pidiendo auxilio dentro de una instalación cerrada a la que nadie va a acceder a auxiliarle, más que la propia policía garante de la seguridad ciudadana, que está dentro— [el Estado tiene una responsabilidad]. 

Si no se determina la responsabilidades de los oficiales que permitieron el ingreso de civiles en horas que no son horas de apertura al público, y no determina la responsabilidad de los oficiales que no se cercioran en los libros de registro de quién sale, a qué hora y en qué vehículo y qué lleva en el vehículo [entonces el Estado tiene una responsabilidad]. Es muy extraño que en una instalación del Estado alguien pueda no más salir en un auto y nadie le pregunte nada.

Puede ser que el Estado termine por cumplir con sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos pero por ahora, el Estado tiene una responsabilidad que corre en paralelo a la responsabilidad penal.

El problema es que justamente unos se han decantado por decir que es un crimen pasional y otros se han decantado por decir que es un crimen de Estado. No es lo uno, ni lo otro, y le explico por qué, desde mi visión.

No es un crimen pasional porque esa es una expresión acuñada en Francia en el siglo XIX para referirse a situaciones en que el acusado estaba exonerado de la pena porque faltaba el elemento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque lo que le condujo a matar a la mujer —porque, además, los crímenes pasionales eran los asesinatos por honor— eran los celos, y los celos son una emoción violenta que implica que la persona no tiene control sobre sus acciones. Es el equivalente de estar demente. 

Hoy nuestro Código [Penal] todavía contempla la figura del trastorno mental transitorio, que ya no exonera de responsabilidad penal sino que atenúa la responsabilidad penal. Pero cuando la gente dice crimen pasional no se da cuenta que lo que está diciendo es que el señor se volvió loco por la razón que fuera, y la mató. Y eso es un problema. 

O sea, que estemos afirmando eso es muy grave. Y no, no ha habido un crimen pasional. 

Cuando se evidencia que no hay registro en la bitácora, o cuando los testimonios de oficiales dicen que Cáceres pidió unas tijeras o una linterna, o que pidió que carguen unas bolsas de basura en las que parecía que había pedazos de cortinas. Otro testimonio dijo que vio la mancha de sangre en la mano de Cáceres. Es decir, hay elementos que indican que alguno de los testigos pudo haber hecho algo. Cuando no pasa eso, ¿la responsabilidad recae nuevamente en el Estado?

Exactamente, recae en el Estado porque este individuo está actuando prevalido del poder público que tiene. 

Si él no fuera el oficial superior de algunos de los que intervienen, si no fuera el oficial instructor de algunos cadetes —que no son agentes estatales, son civiles—, no podría darles órdenes. Si él no fuera el colega oficial de policía de los otros oficiales, no podría pedirles favores. Entonces, está claro que hay una estructura estatal operando en favor de este individuo, aunque este individuo persiga sus deseos propios.

Existe una sentencia de la Corte Interamericana en el caso de un asesinato de un senador en Colombia, Manuel Cepeda Vargas. En ese caso los agentes del Estado eran dos sargentos del Ejército que mataron a Cepeda. Primero lo siguieron y después lo mataron. Actuaron en un contexto en que no era el Ejército, ni era el Gobierno de Colombia el que dio la orden “mátenle a Cepeda”, pero un grupo de oficiales de alta jerarquía del Ejército colombiano, que tenía esta visión de que hay que erradicar de cualquier manera la amenaza de las FARC, veía en el partido político de las FARC —porque finalmente eso era la Unión Patriótica— una amenaza muy seria.

Y tomaron la decisión, entre esos oficiales del Ejército y algunos particulares, de cometer desapariciones, asesinatos de miembros de la UP.  En total, en ese contexto murieron 5 mil personas. 

La Corte Interamericana está por pronunciarse sobre el caso general de la UP, pero ya hace muchos años resolvió el caso de Cepeda. Y Colombia dijo ‘pero es que estos son actores estatales, pero no actuaron como agentes del Estado, actuaron por su propia cuenta’ y la Corte le dijo a Colombia, ‘no, son personas que están investidas de poder público’. Es irrelevante cuál es su móvil, le generan responsabilidad al Estado. Y no podemos asumir que actuaron como particulares porque los particulares no habrían podido actuar con la misma impunidad con que actúan los agentes del Estado.

Pero también creo que vale la pena aclarar: yo no uso la expresión crimen de Estado, no la he usado y no creo que sea la calificación que cabe. Primero, porque ese no es un término jurídico, es un término de la teoría política y de la teoría sociológica.

El Estado no puede tener responsabilidad penal, entonces no podemos decir que es un crimen de Estado. Pero segundo, desde la Sociología y desde la Ciencia Política se ha empleado la expresión para referirse a violaciones muy graves de normas de derecho internacional, como por ejemplo los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, o el genocidio. Ahí usamos la expresión crimen de Estado y no estamos frente a ese escenario. 

Entonces ni es crimen pasional ni es crimen de Estado.

Es una desaparición que, por el momento y hasta que no se esclarezca por qué los agentes del Estado colaboraron con Cáceres, es una desaparición forzada. Y si se determinara que no colaboraron y que Cáceres actuó él solito, le pegó él solito, les tapó los oídos a todos los que estaban escuchando, y él solito borro las de evidencias del hecho, él solito eliminó los registros de la bitácora, él solito sacó el bulto, él solito fue a botar los restos en algún lugar…igual es una desaparición. Una desaparición de las que nuestra ley llama desaparición involuntaria y de las que en el derecho internacional llamamos simplemente desaparición. No le damos el apellido de involuntaria porque ninguna desaparición a manos de un tercero es voluntaria. 

El Secretario de Seguridad de la Presidencia, Diego Ordóñez ha dicho que se trata de una persona, no de una institución. Es decir, que no hay una orden de desaparecerla y matarla y que, por lo tanto, es un “mal elemento” y el Estado nada tiene que hacer ahí. 

No es necesaria una orden del Estado. Si un agente del Estado, por su propio interés, utilizando recursos y personal del Estado, en una instalación del Estado, desaparece y mata a una persona, aunque tenga un vínculo familiar con esa persona, eso es una violación de Derechos Humanos, porque han participado agentes estatales en la preparación, en el ocultamiento del hecho y en garantizar, por lo menos hasta el momento, impunidad al perpetrador. 

Eso es responsabilidad del Estado, no responsabilidad penal, pero sí responsabilidad por violación de derechos.

Algunos abogados alegan que Cáceres no estaba actuando como oficial cuando ocurrieron los hechos, que no la detuvo uniformado sino que era su esposo, y fue una pelea entre una pareja, por lo tanto, el Estado nada tiene que hacer ahí. 

Algunos de los más connotados juristas de la República, como Ramiro García, o como Farith Simón afirman que no se trataba del cumplimiento de las funciones y que si no estaba en cumplimiento de sus funciones no puede haber responsabilidad del Estado. Y esa lógica tiene una grave falla. 

Efectivamente, un acto de violencia basada en el género, un acto de violencia intrafamiliar, supuestamente en este caso no es un acto de función. Pero fíjese, detener ilegalmente a una persona sin orden de captura, no es un acto en función. Torturar a un individuo no es un acto de función. Desaparecer a alguien no es un acto de función. No son actos de función. 

O un funcionario administrativo que censura un medio de comunicación y le impide salir al aire con su señal televisiva o radial, o que evita la publicación de un libro, no está ejerciendo un acto de función. 

Si es que los funcionarios del Estado siempre actuaran solo dentro del ámbito de sus funciones y nada más que dentro del ámbito de sus funciones, yo cierro mi despacho y no hay nada más que conversar, porque las instituciones y las normas de Derechos Humanos no tienen razón de ser porque el funcionario siempre se adhiere a la ley, hace solo lo que es su función. ¿Por qué hay instituciones?¿Por qué hay unas normas de Derechos Humanos? ¿Por qué hay mecanismos internacionales de protección? Porque el funcionario suele actuar fuera del ámbito de su actividad legal: cuando detiene ilegalmente, cuando tortura, cuando desaparece a un ciudadano, no está cumpliendo sus funciones, está haciendo algo que es contrario a sus funciones. 

Entonces, para mí hay una grave falla en este argumento porque si había un acto de violencia basada en el género, ese acto violenta el derecho de la mujer a una vida libre de violencia que está reconocida internacionalmente, pero eso no suprime que, para ejecutar ese acto de violencia basado en el género, un grupo de funcionarios del Estado, fuera del ámbito de sus funciones, omitieron su deber central, que es proteger al ciudadano. 

Esa es la labor, la misión fundamental de la Policía Nacional. 

La función de la Policía Nacional es, además,  preservar la evidencia del cometimiento de un delito. Es más, impedir que los civiles accedan al lugar donde se ha cometido un delito, para que no alteren la escena. 

Según la información pública, dispusieron del cuerpo de una persona que fue víctima de un delito violento contra la vida, lo que está fuera del ámbito de sus funciones. 

La familia y la defensa de María Belén Bernal afirman que se pudieron limpiar ciertas pruebas, como rastros de sangre que se limpiaron después en el cuarto, que las sábanas donde un testigo vio manchas, desaparecieron.  Se presume que pudo haber intervención de la escena del delito y que Cáceres, en su rango de oficial, pudo haber ordenado a sus subordinados ayuda que podría configurarse en un delito. Como policía, él sabe cómo se toma procedimiento, qué puede ser un indicio. ¿Eso agrega un peso a la responsabilidad?

Exacto. Agrava la situación de estos individuos en el ámbito de la responsabilidad penal, porque ahí hay responsabilidad penal para todos los que hayan participado, pero también agrava la responsabilidad del Estado en el cumplimiento o en el incumplimiento, en este caso, de sus obligaciones de prevención y de investigación de los delitos. 

En ese caso, ¿cómo debería ser la respuesta del Estado si es que hay agentes involucrados? Y no es el único caso de lo que pasa al interior de los cuarteles. Otro es el caso Coronel, ocurrido en 2012, cuando un policía apareció “suicidado” dentro del cuartel en Sucumbíos. 

Yo soy abogado de la familia Coronel.

En este caso ocurre un crimen dentro de un cuartel que nunca fue esclarecido en Ecuador y por eso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos meses en GK publicamos otro caso de una mujer que denuncia a un oficial del Ejército de haberla violado al interior de un recinto militar. El caso está en juicio.  

Y yo le puedo mencionar varios más. Está ante la Comisión Interamericana a punto de decidirse el caso del teniente Jácome de las fuerzas especiales del Ejército, asesinado por sus compañeros en un ejercicio de escalada del Chimborazo. Y es un caso de violación de Derechos Humanos. Y obviamente, cuando sus compañeros le mataron no estaban cumpliendo su misión institucional, no. 

Mire, a mí me han tildado de correísta, de agente de la CIA, con todo el arcoiris que está de por medio. Correa me insultó en ocho sabatinas. Un día interrumpió una entrevista que me hacía María Josefa Coronel en vivo, para insultarnos a los dos. Me pegaron en la puerta de mi casa. 

O sea, yo no estoy comprometido con el correísmo como mucha gente cree. Por ser defensor de las familias de los periodistas de diario El Comercio, Lenín Moreno retiró mi candidatura que ya estaba presentada a la Asamblea General de la OEA para ser miembro de la Comisión Interamericana. 

El actual Gobierno, a la semana de haber tomado oficina, me preguntó si aceptaría ser candidato del Ecuador al Comité (de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas), en el que hoy estoy. Acepté, pero eso no impide que yo pueda hablar y yo les dije que yo no voy a perder mi independencia, y por eso le digo, creo que el problema radica en que nos hemos polarizado tanto, que cualquier cosa que cualquier persona diga, aunque sea razonable, será tomada como un ataque contra un bando o contra otro.

Y en ese punto estamos en este momento. La sociedad se partió ahora alrededor de un evento muy serio, porque lo que nadie se da cuenta es que aquí hay un ser humano, una madre de ese ser humano, un hijo.

Y de eso la gente no se da cuenta y entonces no se trata de que yo tenga la razón, o de que Ordóñez tenga la razón, o de que Farith tenga la razón, o de que Ramiro García. No se trata de que el movimiento feminista tenga la razón, se trata de llamar a las cosas por su nombre, que en el Ecuador nos hemos acostumbrado a usar eufemismos. 

Cuando el acto malvado lo ejecuta aquel en el que nosotros confiamos y al que vitoreamos, está bien. Cuando lo hace el que es nuestro enemigo, al que vemos como el tirano, como el que nos quiere hacer daño [está mal].

Como sociedad tenemos que calmarnos y entender que el Estado no puede irse por la libre. Yo sé que este Gobierno ahorita tiene muchos problemas, tiene demasiados frentes abiertos, pero con franqueza, creo que es un momento de reflexión política en que el Presidente debería decirle, por ejemplo al general Carrillo, “mira, gracias, pero, realmente hemos llegado a un límite en tu cartera. Necesitamos poner una persona que nos ayude a recomponer las cosas”.

Esta entrevista fue hecha la mañana del 21 de septiembre de 2022, días antes de que el Presidente Guillermo Lasso anunciara la salida de Patricio Carrillo como Ministro del Interior.

 Este es un momento en que  el correísmo no debería estar pescando a río revuelto. “Que se vayan todos, que se vayan todos”, ¿qué ganamos los ecuatorianos si se cae el gobierno? El Estado debe cumplir sus obligaciones y no decir “no, no allá reclámenle a él, él solito hizo todo”.

Inicialmente hablábamos de una desaparición. Después de encontrar el cuerpo, ¿ya se puede hablar de un femicidio?

Supe que encontraron unos restos óseos y desde el punto de vista forense un cuerpo no se descompone a esa velocidad. Confirmada la identidad de los restos como de ella, seguiría persistiendo una responsabilidad estatal en la medida en la que no se esclarezca las razones de la participación de otros agentes estatales, del empleo de una instalación policial para el cometimiento de hecho, etc. 

La calificación jurídica del femicidio cabrá en la medida en la que se pueda acreditar que los presupuestos del femicidio se cumplen porque femicidio no es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es el asesinato que es corolario de un proceso violento que no tiene como antecedente ese único hecho. Es un proceso violento que normalmente empieza con otras manifestaciones de violencia intrafamiliar o basada en el género y se prolonga hasta dar la muerte a la víctima.

Entonces, en la medida en que se verificaran, sí. Ahí habrá que ver qué elementos de convicción logra recopilar la fiscalía para determinar que, efectivamente, estamos frente a un femicidio y no frente a un asesinato que, igual, es un delito muy grave pero sin esa calificacion del antecedente del patrón de violencia de género en contra de la víctima. 

En cuanto a responsabilidad del Estado, pienso que el Estado mantiene la responsabilidad de determinar las razones por las que hubo funcionarios policiales que facilitaron la comisión del hecho, aún si se considerara que el hecho es un hecho de un particular. 

En este último supuesto, es decir si se considerara que la actuación de Cáceres no ha sido prevalido del poder público que ostentaba sino como un simple particular, de todas formas, en la definición de desaparición forzada contenida tanto en la Convención de las Naciones Unidas como en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, se establece que también es desaparición forzada la desaparición perpetrada por un particular con la tolerancia, el apoyo o la aquiescencia del Estado. En este caso estaríamos en un escenario de apoyo o aquiescencia. 

Desde el derecho internacional de los Derechos Humanos y desde el derecho penal también, el hecho de que se haya encontrado los restos, no significa que no se produjo la desaparición porque durante un período de 10 días se desconoció la situación de la persona y de quienes podían alojar luz sobre los hechos, que es el personal policial que ayudó a Cáceres. Que no contribuyeron para el esclarecimiento del hecho, lo que equivale a ocultar el paradero y la situación jurídica de la víctima que, en este caso, era la muerte. 

Entonces, a la desaparición se suma un delito contra la vida que podría ser el femicidio o podría ser asesinato. Desde el punto de vista de Derechos Humanos, la desaparición ha ocurrido y ha habido y hay responsabilidad estatal por esa desaparición. Me parece que está aclaración es importante, que la persona haya aparecido no quiere decir que no desapareció. 

También hemos visto una actitud de botarse la pelota entre la Policía y la Fiscalía: que si la Fiscalía pidió seguimientos a Cáceres; que si la Policía no le siguió, que si la Fiscalía no pidió prisión. Según los abogados de Bernal, recién se amplió la búsqueda en el noveno día de su desaparición porque primero estaba centrada a los alrededores de la Escuela de Policía. 

¿Cuáles serían las responsabilidades de la justicia, de la Policía, del Ejecutivo, como Estado?  

Es público y notorio. Usted lo debe haber visto a inicios de este año, yo no tengo un buen concepto, ni una buena relación con la cabeza de la Fiscalía. 

Pienso que, lamentablemente, la doctora Diana Salazar, reconociendo que es una mujer valiente, reconociendo más allá de todas las burlas que se le ha hecho a lo largo de estos años, que es una mujer inteligente, es también una persona muy selectiva y su selectividad juega mucho en la línea de qué es lo políticamente conveniente en este momento, no solo para ella, sino a veces es para otras instituciones. 

Y creo que eso obviamente desacredita la función que la Fiscalía puede cumplir en un caso de esta naturaleza. 

Pero con franqueza, le digo, de lo que se sabe de información pública, desde luego, fíjese yo estoy del otro lado del océano, no tengo acceso al expediente, yo no soy abogado de la mamá de María Belén, yo soy un tercero que como académico y como conocedor del tema he emitido unos criterios, pero no aprecio que sea la Fiscalía la que está en falta. Le digo con toda la verdad. Y cuando es la Fiscalía la que está en falta, lo he señalado. Creo que la Fiscalía tiene que cumplir su rol de manera responsable. Su función es levantar evidencia. Su función es levantar información. 

¿Aquí no se estaría cumpliendo? 

No necesariamente. Más que por la desidia de la Fiscalía, por la falta de colaboración de la institución policial y de las autoridades del Estado. Entonces sí habría, en beneficio del esclarecimiento del caso, en beneficio de la situación de las víctimas presentes, que son la madre y el hijo y seguramente hay más personas en ese círculo familiar, que realizarse una actuación coordinada, que en lugar de echarse la pelota, en lugar de culparse el uno al otro, más bien trabajen juntos. Eso sería lógico.

Pero en la realidad ecuatoriana esto es bien difícil.

¿Qué debería hacer el Estado? Es que no solo hemos visto un manejo deficiente en cuanto a la búsqueda en sí, sino también a las vocerías que le correspondería en este momento al Estado para garantizar algo más de prolijidad o de seriedad.

Sincerarse. Yo realmente espero que el gobierno de Guillermo Lasso complete el término para el cual fue electo. 

Todavía quiero pensar que Guillermo Lasso puede traer cambios importantes a nuestro país, a pesar de que hasta ahora ha dado muchos palos de ciego. Creo que tiene un grave problema, y es que en su mesa chica hay gente que todo el tiempo le dice que él está haciendo lo correcto y que él es mejor presidente en la historia y lamentablemente no le permite ver los errores que se están cometiendo. 

Entre esas personas, resalta de manera muy notable el actual secretario de Seguridad, quien es una persona que no tiene ninguna experiencia anterior, ni conocimientos sobre el manejo de la seguridad en un país donde los índices de criminalidad violenta, donde los índices de actuación de la delincuencia organizada son cada vez más altos y donde la evidencia de la falta de una política de seguridad ciudadana apropiada, de la falta de una política criminal apropiada, quedan patentes cuando los fiscales son asesinados frente a sus oficinas. 

Yo creo que el Gobierno debe sincerarse. Ese sincerarse empieza por reconocer que tiene un problema o varios y reconociendolos, tiene que hacer un mea culpa de la policía por la naturaleza de su actividad, por la naturaleza de la institución que es vertical, donde lo que prima no es la obediencia de la ley, sino la obediencia de la orden superior, y se ha descarriado. 

Hay policías involucrados en esquemas piramidales de inversión, hay policías involucrados en asesinatos, hay policías involucrados en asaltos, hay policías involucrados en narcotráfico, hay policías involucrados en actos de violencia que si tienen un componente importante también de discriminación de género. Porque la violencia basada en el género es simplemente la forma más de extrema de discriminación contra las mujer. Y entonces la institución requiere una revisión total y obviamente esa es una medida. 

Lo que usted dice es algo gravísimo: la obediencia a la jerarquía está por encima de la obediencia a la ley. ¿Usted cree que este caso finalmente va a permitir que haya, por lo menos, este debate para reestructurar esta institución?

 En mi opinión, ese debería ser el resultado y en el marco de ese debate, no debería invitarse solo al club del elogio mutuo. Me refiero justo a ese círculo y a esa gente que son los cheerleaders del Gobierno que está de turno porque además son cheerleaders que van cambiándose la camiseta y que le van a decir “no, no, pero si tú estás bien y los que están mal son los correístas” porque todo lo que nos pasa es culpa de los correístas y de ahí vuelve Correa en el 2025 y entonces a él le dirán “no es no, tú estás bien, lo que está mal es todo lo que dejó haciendo Lasso, porque Lasso destruyó la patria”.

O sea, hay que invitar al que está dispuesto a criticarnos, hay que invitar a la gente que en realidad va a hablar de manera frontal, pero sin un interés político. Y eso en el Ecuador, ahora es difícil encontrar. Seguramente a lo que deberíamos mirar es la cooperación internacional e invitar a expertos de países que ya han atravesado estos procesos de incremento de los niveles delincuenciales, de la inseguridad ciudadana, de la violencia contra las mujeres a que den sus perspectivas sobre que se podría hacer. No copiar un modelo, porque otra cosa que nos encanta a nosotros es eso. 

Ahorita la Embajada de Estados Unidos les va a hacer todo el esquema de seguridad a los jueces y fiscales anticorrupción, copiamos todo, todo nos gusta copiar, no [hacer] algo nuestro, algo ajustado a lo que somos, pero aprendiendo de las malas experiencias ajenas. 

Y si el Presidente quiere solo seguir escuchando a los que le dicen que está bien, creo que este tipo de situaciones no se van a poder superar. Se van a empeorar y su estabilidad como Presidente democráticamente electo se va a volver todavía más precaria. 

Yo creo que este es el momento de un diálogo nacional, sobre el problema de la seguridad en el Ecuador y del rol de las fuerzas de seguridad del Ecuador, la Fuerza Armada y la fuerza pública, pero sin elementos políticos, sin componentes de interés político. 

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