Elizabeth M.* denunció que fue violada entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de mayo de 2017 en un cuartel militar a las afueras de Quito. El presunto agresor —que ha sido ya llamado a juicio— es un oficial del Ejército: el mayor Vinicio Rodríguez. 

Han pasado casi cinco años desde que Elizabeth M. presentó la denuncia en la Fiscalía. “El proceso ha sido desgastante”, dice. Ha necesitado ir al psicólogo y al psiquiatra, cuenta, sentada detrás de una mesa de madera grande, en la oficina de su abogado, en el centro financiero de Quito, entrelazando sus manos de manicure cuidado, que emergen del saco de lana rosado que viste y hace juego con su pantalón negro.

Elizabeth entrelaza y acaricia sus dedos. Cuando las lágrimas trazan líneas irregulares sobre su rostro, se quita la mascarilla para poder secarlas. 

Dice que no imaginó que su vida cambiaría tanto que, a veces, ya no quiere vivirla. Ha fantaseado con no volver a despertar. “Pero le temo a Dios”, dice. No quiere ir a aquel lugar al que, según su madre católica, van los suicidas.

En su mano derecha, usa varias pulseritas con imágenes religiosas. Una con mullos rojos deja ver una imagen de la Virgen María. 

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La noche del jueves 25 de mayo de 2017, justo antes de un feriado, fue un parteaguas en la vida de Elizabeth M. Tenía 27 años. Se había graduado de la universidad hacía poco y trabajaba como recepcionista en el Club de Oficiales de la Policía de Quito. 

Ella dice que su amigo, el teniente Javier Ushiña la fue a recoger a la salida de su trabajo. Ellos habían  sido compañeros en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil), donde se forman los oficiales para servir en las distintas ramas del Ejército. Elizabeth cuenta que tuvo que abandonar su carrera militar en 2011 por una lesión en las piernas.

En el auto en que la recogió iban, además de Ushiña y Elizabeth, un oficial del Ejército y dos chicas. “Acordaron ir a la Brigada de Aviación, ya que ahí no tendríamos problemas porque estábamos ingiriendo alcohol”, dijo Elizabeth M. en una carta en la que le contaría lo que habría sucedido aquella noche y que estaba dirigida al teniente coronel Carlos Chávez, entonces Comandante del Grupo de Aviación del Ejército No 45 (GAE) Pichincha, al que pertenecía Rodríguez.  

El GAE 45 pertenece a la brigada No.15. Ahí presuntamente ocurrieron los hechos contados por Elizabeth M. La Brigada No.15 funciona junto a otras dependencias militares en el fuerte militar Paquisha, ubicado en La Balvina, en el Valle de los Chillos, en las afueras de Quito. En el fuerte hay habitaciones disponibles para los militares que hacen guardias o para quienes, por el tipo de trabajo que ejercen en el cuartel, necesitan descansar, cambiarse de ropa o pasar una o varias noches ahí.

El fuerte Paquisha tiene una garita de ingreso —la prevención, en jerga militar— en la que siempre hay un oficial de guardia. Este es el punto de control para el ingreso de los vehículos. Es por ahí por donde, según Elizabeth M., habrían ingresado, cerca de la medianoche, dos vehículos con cuatro oficiales del Ejército y cinco mujeres. 

Ese punto de control está en el centro de dos vías: una de acceso y la otra de salida. Ambas suelen estar bloqueadas por un cono naranja delante de los portones metálicos negros. 

Tras pasar el punto de control sin que los autos hayan sido detenidos para saber quién entraba al cuartel, según al menos dos fuentes con conocimiento del hecho, las nueve personas se habrían dirigido hacia el edificio —amarillo, de dos pisos, con techo de zinc, y pasando el área de los parqueaderos—, en el que están las habitaciones de descanso de los oficiales. Allí, relata Elizabeth M., tomaron alcohol, jugaron cartas y bailaron.

Esa noche, dice Elizabeth M., conoció al entonces capitán Rodríguez. “Sentí que me miró con morbo pero no le hice mucho caso”, dice sobre la primera impresión que le causó el hombre al que luego acusaría de haberla agredido sexualmente. Cuenta que en la madrugada, tras algunas horas de estar bebiendo, ella pidió una habitación para descansar. “Yo me sentía mareada y cansada”, dice. Le dijo a uno de los oficiales presentes, el teniente Arboleda, que necesitaba dormir. “Él me dijo que había una habitación en el segundo piso para que duerma y acepté. Salimos, él subió conmigo y se quedó conmigo. Se acostó a lado y se durmió”, dice Elizabeth M. 

No sabe cuánto tiempo después, se despertó al sentir una almohada sobre su cara. “Alguien estaba sentado en mi abdomen, yo pataleaba”, dice. Inicialmente, dice, ella pensó que se trataba del teniente Arboleda pues él había sido la última persona a la que vio a su lado antes de quedarse dormida. “Sentí que estaba solo con la falda, sin blusa y sin brasier, yo estaba medio inconsciente, me sentía asfixiada, cogí fuerza y ahí me levanto y veo que era este capitán”, dice, refiriéndose a Vinicio Rodríguez.

Elizabeth dice que el capitán Rodríguez la sometió a la fuerza. “Me dio una bofetada y golpeó mi cabeza contra la pared. Con una mano presionaba mi cabeza y con la otra me bajó el interior”, dice Elizabeth. “Yo le pedía que no me hiciera daño pero él empezó a penetrarme por delante aunque yo le rogaba que por favor no lo hiciera. Luego, me penetró por atrás y ahí sentí el dolor más intenso de mi vida.” Después, Elizabeth M. dice que logró escaparse y correr, semidesnuda, hacia otra habitación, en la que estaban sus amigos. “Yo pedía auxilio, no me importaba estar casi desnuda, solo quería que llamen a la Policía”, dice.

Según ella, Rodríguez la siguió cuando entró al cuarto en el que estaban su amiga, el teniente Ushiña y otras personas. “Yo sangraba por la parte anal”, dice Elizabeth. Una fuente reservada dice que Elizabeth entró con  la ropa caída por debajo de los senos y que intentaba cubrirse con las manos. Según la fuente, Elizabeth no llevaba sostén y estaba descalza. “¿Qué le hiciste a mi amiga?”, habría preguntado otra de las mujeres dirigiéndose al capitán Rodríguez. Una de las mujeres habría salido de la habitación a buscar la ropa de Elizabeth.

Según dos fuentes reservadas, mientras esto ocurría, la capitana Karina Heredia, jefa del cuartel, y la capitana Diana Aguirre, oficial de guardia, estaban en la habitación que compartían. Cuando bajaron las escaleras para desayunar, vieron a una mujer desconocida en el pasillo del edificio de habitaciones. 

Cuando Heredia quiso acercarse, el capitán Ushiña habría metido a la mujer desconocida en la habitación y cerró la puerta. A pesar de las órdenes de Heredia de que abriera la puerta para saber qué pasaba porque se escuchaba el llanto de una mujer al interior, la puerta no se abrió. El llanto habría sido el de Elizabeth, a quien, desde el interior de la habitación, dos oficiales le habrían pedido que “por favor no llore ni hable” porque los “va a meter en problemas”. Esto, según al menos tres fuentes protegidas que coinciden en la narración. La capitana Heredia habría informado a su oficial superior, el mayor Diego Campaña, jefe de control, sobre lo que había visto. 

Contacté al hombre al que Elizabeth acusa de haberla violado para que pueda dar su versión de los hechos. Hoy, ascendido al grado de Mayor, me respondió en un mensaje de WhatsApp que “por razones legales” no podía hablar. 

Aunque en el Reglamento de Disciplina Militar que rige para todos los miembros de las Fuerzas Armadas se establece como falta grave “dejar de cumplir una orden o consigna, por negligencia”, en la hoja de vida del teniente Ushiña —quien habría cerrado la puerta evitando que su superior, la capitana Heredia, entrara— no existe una sanción específica por este hecho. 

En respuesta a un pedido de información que hice al Ejército, su director de comunicación, el coronel Carlos Ayala, envió un documento en el que consta una breve explicación sobre el procedimiento que se tomó tras el informe hecho por la capitana Heredia. La respuesta dice que hubo sanciones disciplinarias para el capitán Rodríguez y el teniente Cordones, otro de los oficiales que participó en la reunión en el cuartel. El  capitán acusado por Elizabeth M. fue sancionado por “ingresar, permanecer o permitir el ingreso al personal militar o civil a áreas restringidas de los repartos militares, sin previa autorización”, según la respuesta del Ejército al pedido de información. La sanción fue de “tres días de arresto de rigor”,  el 20 de junio de 2017, dice el documento. Sobre el teniente Ushiña, la respuesta del Ejército no dice si fue sancionado o no; ni siquiera lo menciona. 

En el reglamento de disciplina militar está también explícitamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas en el interior de unidades de transporte militar terrestre o en lugares no autorizados de las instalaciones militares. Esto “está prohibido y constituye una falta disciplinaria de tipo grave”, dice la respuesta al pedido de información. 

Tampoco está permitido que ingrese personal militar o civil a áreas restringidas de los repartos militares, sin previa autorización como habría ocurrido la noche del 25 de mayo de 2017 .  Sobre eso, la respuesta del Ejército dice que “está prohibido y constituye una falta disciplinaria de tipo grave de acuerdo al Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar”. 

Aunque en la respuesta del Ejército no consta la sanción al teniente Ushiña, según una fuente que pidió la reserva de su identidad, en su hoja de vida también consta una sanción de “un día de arresto de rigor”. Fue dada el 26 de junio de 2017 por “atrasarse a la recogida de francos, relevos de guardia, relevos de semana o a los partes militares, injustificadamente, por más de una hora”. Es decir, por llegar tarde. El Ejército dijo, en su respuesta escrita, que el teniente Cordones, que también estuvo en la reunión social dentro del cuartel, fue sancionado en esa misma fecha “con un día de arresto de rigor” por la misma causa que el entonces capitán Rodríguez: permitir ingresar personas no autorizadas al recinto militar.

Según el reglamento de disciplina militar, también está prohibido “mantener relaciones sexuales en el interior de repartos militares; con excepción de los repartos militares destinados para vivienda fiscal y de tránsito del personal militar, en los cuales se estará a lo determinado en las normativas internas.” La “vivienda fiscal” es una villa o pequeño departamento designado a un oficial que es trasladado de ciudad con su familia por un período de tiempo largo. La de “tránsito” cumple la misma función pero para períodos más cortos. En ambos casos, se asume que el militar viajará con su esposa o pareja formal y que, por lo tanto, tendrá una vida sexual activa. 

El recinto en el que ocurrieron los hechos narrados por Elizabeth M. no es ni una vivienda fiscal ni de tránsito. Es un cuartel con habitaciones disponibles para los militares destinados a esa unidad, allí pueden dormir una o varias noches, de acuerdo a los requerimientos de su trabajo. Pueden usarlo solamente para descansar durante la jornada o para ducharse y cambiarse de ropa. 

Cada oficial tiene una habitación designada que puede ser individual o compartida, y su uso está bajo su responsabilidad. A veces pasa que reciben militares de otras provincias o de otras unidades que solicitan una habitación por una o varias noches, y es posible que uno de sus compañeros que use poco la suya, pueda prestársela. 

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El 28 de junio de 2017, casi un mes después de la reunión en el cuartel militar, Elizabeth M. presentó en la Fiscalía una denuncia por el presunto delito de violación. 

Elizabeth M. cuenta que, unas semanas antes, le había contado a su mamá lo ocurrido porque se sentía físicamente mal. Tenía un sangrado y dolor anal intenso. Su mamá la llevó a una consulta con una médica proctóloga. El certificado que la proctóloga le entregó dice que Elizabeth M. llegó con síntomas de “dolor anal intenso al defecar, ardor, dificultad para concretar la defecación, sangrado” y concluye, tras realizarle varios exámenes médicos que tiene una “úlcera anal por sexo traumático contra natura”. Es decir, confirma que Elizabeth sufrió una penetración anal que provocó un desgarro. 

Elizabeth M. empezó a asistir a tratamiento psicológico y psiquiátrico y toma varias medicinas para controlar los síntomas con los que vive desde la madrugada del 26 de mayo de 2017. Su psiquiatra le ha recetado sertralina. Esta medicación sirve para tratar depresión, trastorno obsesivo compulsivo, ataques de pánico y trastorno de estrés postraumático. Además, Elizabeth M. afirma que desarrolló fibromialgia, una enfermedad que provoca dolor constante, fatiga y problemas de sueño que, además, se desarrolla después de un traumatismo físico, cirugía, infección o estrés psicológico significativo. “Me duele la cabeza, las manos, no puedo escribir bien, los codos, los hombros. Muchas veces, por eso he ido al hospital y tampoco he podido estar en un trabajo”, dice, sentada en una silla con espaldar de madera barnizada, en la oficina de su abogado. 

Elizabeth M. cuenta que en diciembre de 2018 —año y medio después de los hechos denunciados— tomó una sobredosis de Anapsique, un fármaco para la fibromialgia y que tiene propiedades antidepresivas y sedantes. “Tomé 12 pastillas, solo quería dormirme y no despertar. Perdí todas las ilusiones de vivir, no tengo nada que me ate aquí”, dice Elizabeth.

A principios de ese año empezó a cortarse los brazos, cuenta. Esta conducta autolesiva conocida como cutting, consiste en hacerse cortes en distintas partes del cuerpo, como un mecanismo para controlar la ansiedad. “Este es uno de los síntomas que pueden presentarse en las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual”, dice Liz Toro, psicóloga clínica especializada en violencia. “Es un intento de reemplazar el dolor emocional por el dolor físico, de sentirlo en el cuerpo”, explica Toro.

Las evaluaciones psicológicas hechas a Elizabeth M. determinan que sufre también de los otros síntomas que se suelen presentar en estos casos, explica Toro: ansiedad, miedo, irritabilidad, pesadillas e ideas suicidas.“En víctimas de agresión sexual, el síndrome de estrés postraumático se equipara únicamente a víctimas de tortura”, agrega la psicóloga. Elizabeth M. me dice que, según las evaluaciones a las que ha sido sometida, también las padece. Todas le han prescrito continuar con su tratamiento psiquiátrico.

Desde que puso la denuncia han pasado más de cuatro años y medio entre diligencias en la fiscalía, recepción de testimonios y versiones, pedidos de documentación al Ejército y peritajes. En enero, Elizabeth M. supo que la audiencia de juicio será el 15 de marzo próximo. 

Rodríguez sigue en las Fuerzas Armadas. Ha superado las evaluaciones que le permiten ascender dentro del Ejército. Ahora es mayor y cumple funciones en el Grupo de Aviación del Ejército Nro. 43, en Portoviejo, capital de la provincia costera de Manabí. Desde mayo de 2021, el mayor Rodríguez se presenta periódicamente ante un juez, para cumplir la medida cautelar dictada en su contra. 

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En el despacho de su abogado, Elizabeth M juega con sus pulseras. Dice que le ayudan a tapar las heridas de los cortes que, a veces, se hace. “Cuando me corto, me alivia un poco el dolor”, dice, mientras con el dorso de la mano se seca las lágrimas. “Yo no busqué que me hicieran eso que me hicieron y solo hablo porque no quiero que a nadie más le pase lo que me pasó”, dice. Repite mucho que siente vergüenza aunque sabe, gracias a su terapia, que no fue su culpa. 

Su defensa afirma que tuvo dificultades para hacer el reconocimiento del lugar en el que habrían ocurrido los hechos, el fuerte militar Paquisha. Según Elizabeth M., una persona que se identificó como abogado de la brigada, quería evitar que se hiciera el reconocimiento en junio pasado. 

Elizabeth dice también que nunca recibió una respuesta a la carta dirigida al teniente coronel Carlos Chávez, Comandante del Grupo de Aviación del Ejército No 45, antes de poner la denuncia, en la que le contaba lo que había ocurrido en el cuartel bajo su mando. “Me dijeron que él había dicho que ese documento no tiene validez, que para él era un panfleto”, me dice Elizabeth M. 

En el documento que me envió el coronel Ayala, el Ejército dice que sí se dio trámite a la carta. Según la respuesta, Chávez dirigió un memorando al Comandante del GAE 45 “Pichincha”, al jefe de Recursos Humanos y al Asesor Jurídico de la Brigada 15. 

En su comunicación, según el Ejército, Chávez dispuso “dar un seguimiento pormenorizado de todos los actos, procesos administrativos disciplinarios, planes de acción, etc., se tomen las acciones que el caso amerite en relación a los hechos suscitados en las instalaciones del bloque de dormitorios de personal de señores oficiales de la 15BAE los días 25 y 26 de mayo de 2017”. En la respuesta dicen también que el 6 de julio de ese año se entregó a la Fiscalía el oficio “en el cual pone conocimiento el documento” enviado por Elizabeth M. “para que se realicen los análisis y las acciones legales pertinentes”. Lo que no incluye la respuesta son detalles sobre en qué consistió ese “seguimiento pormenorizado” durante los tres años y medio siguientes. 

Más de cuatro años después, Elizabeth M.  dice que se siente cansada del proceso y que solo espera que termine. Las lágrimas le siguen dibujando trazos sobre las mejillas. Hace silencio. Se para. Camina hacia un gran ventanal en el fondo de la oficina de su abogado. Respira pausado, como quien intenta controlar sus emociones. No sé si tiene los ojos abiertos o cerrados: está de espaldas, y la fotógrafa que la retrata. Cuando se vuelve a sentar, sus ojos ya no tienen lágrimas pero muestran una profunda tristeza.