La asambleísta Esther Cuesta le pidió a la Defensoría del Pueblo que investigue una presunta vulneración de derechos cometida por el periodista Roberto Aguilar en una columna para Diario Expreso. En el texto, titulado Esther Cuesta vive un delirio ucraniano—, Aguilar opinaba sobre la intención de Cuesta de llevar a Juan Carlos Holguín, canciller ecuatoriano, a juicio político.
La crónica de Aguilar fue publicada el 30 de julio de 2022, después de una sesión en la Asamblea en la que la asambleísta Cuesta planteó llevar a juicio político a Holguín por incumplimiento de funciones, tras la repatriación de ecuatorianos que vivían en Ucrania cuando comenzó la guerra entre ese país y Rusia.
Te explicamos la acción de Cuesta.
¿Qué dice la denuncia contra Aguilar?
La acción defensorial emitida en el despacho de Esther Cuesta tiene fecha del 19 de agosto de 2022. En ese documento, Cuesta dice que con su texto, Roberto Aguilar vulneró su derecho “al honor, buen nombre, reputación, a una vida sin violencia y discriminación por la condición de mujer”.
Históricamente una forma de violentar a las mujeres es catalogarnos con alguna alteración mental. Así lo hizo @raguilarandrade en @Expresoec por cumplir mi labor fiscalizadora. He presentado Acción defensorial a @DEFENSORIAEC. Nunca más debemos callar ante la violencia política. pic.twitter.com/VoVKZL213x
— Esther Cuesta Santana (@esthercuestasan) August 19, 2022
En el documento, la asambleísta explica que Aguilar conjetura, sin ninguna evidencia, que ella está en un estado de delirio. Según Cuesta, esto y la estructura del texto de manera general “se enmarca en la histórica discriminación, menosprecio y violencia contra las mujeres”.
En ese sentido, la legisladora asegura que la crónica publicada en Diario Expreso “evidencia la violación del derecho que me asiste como mujer a una vida sin violencia y sin discriminación en los términos previstos en la Constitución” y organismos internacionales.
Además, Cuesta dice que los calificativos de Aguilar, difundidos en un medio de difusión masiva, “atentan contra mi derecho a la honra y reputación”.
En el documento dirigido al Defensor del Pueblo, César Córdova, Esther Cuesta dice que “respeto, defiendo y promuevo el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas”. Sin embargo, explica Cuesta, se necesita “reconocer los alcances y límites de este derecho” porque las personas pueden ser agraviadas.
En un comentario en su cuenta de Twitter, Cuesta dijo que “necesitamos una prensa que relate la verdad, que no difame, que no vulnere la honra de las personas”.
¿Qué pide Cuesta?
En el documento que la asambleísta Esther Cuesta envió a la Defensoría del Pueblo, se hacen seis peticiones.
La primera es que se declare la vulneración del derecho al honor, buen nombre, reputación, y el derecho a una vida sin violencia y discriminación por el hecho de ser mujer,
La segunda petición es que se ordene a Roberto Aguilar a presentar “la prueba, evidencia y/o
certificación médico-científica sobre sus afirmaciones” que prueben que Cuesta está en un estado de delirio.
En el oficio, la asambleísta pide, en tercer lugar, que Roberto Aguilar “realice una disculpa pública por los calificativos emitidos en contra del honor, buen nombre, reputación” de Cuesta.
El cuarto pedido es que Diario Expreso “por intermedio de su Director, señor Galo Martínez Leisker, garantice el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, sin discriminación, ni violencia”.
En quinto lugar, Cuesta pide que Diario Expreso, “como una garantía de no repetición…, capacite al personal sobre los estándares de derechos humanos en la materia”.
Finalmente, la asambleísta pide que el diario le garantice su derecho a “la réplica o respuesta de la suscrita de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, página o sección”.
¿Qué dice la crónica de Aguilar?
En la crónica titulada Esther Cuesta vive un delirio ucraniano, Roberto Aguilar opina sobre el pedido de juicio político contra el Canciller Juan Carlos Holguín, planteado por la asambleísta correísta Esther Cuesta.
Aguilar le dijo a Fundamedios —organización que promueve y protege los derechos y la libertades de expresión de la prensa— que “a mí me pareció [que el pedido de juicio político era] un delirio y así lo escribí”.
En el texto, Aguilar critica el pedido de juicio político contra Holguín y argumenta que, desde que empezó la crisis en Ucrania, la asambleísta Cuesta solo ha buscado protagonismo.
Aguilar dice que Cuesta estuvo en el aeropuerto cuando llegó el primer vuelo humanitario, “colada entre los padres que esperaban a sus hijos, tratando ostensiblemente de ser notada, fotografiándose, grabando videos en los que parecía atribuirse el logro de la empresa”.
Ahora, más de cuatro meses después, dice Aguilar, la asambleísta correísta cambió de discurso y dice que “decenas de jóvenes retornaron forzadamente de Ucrania”. Eso, escribe Aguilar en su crónica, le parece “excesivo, delirante”.
La libertad de expresión
En Ecuador, la relación entre la prensa y las autoridades se ha caracterizado por la tensión que se ha producido en ciertos momentos y que ha terminado por restringir la libertad de expresión o de opinión. O al menos, ha buscado que esa restricción se produzca.
La amenaza de acciones judiciales ha puesto en riesgo el ejercicio de una prensa crítica y necesaria para las democracias. Sin embargo, a lo largo de los años, varios funcionarios públicos —de todo el espectro partidista— han intentado acallar a la prensa, bajo la figura de las calumnias, o como en este caso, la vulneración del derecho al honor y el buen nombre.
Por ese motivo, varios expertos, incluyendo al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos, consideran que ese tipo de delitos debería ser derogado. Una propuesta de ley presentada por el presidente Guillermo Lasso en 2021 buscaba, en efecto, elevar esa protección a nivel legal. Pero el proyecto no pasó en la Asamblea Nacional.
Al contrario, en julio de 2022, la Asamblea pasó una peligrosa serie de reformas a la actual ley de comunicación que atentan contra la libertad de expresión. El presidente Lasso vetó parcialmente esas reformas y el pleno del Legislativo tendrá que decidir si se allana a las objeciones del Presidente o si se ratifica en el texto original.
El periodista Roberto Aguilar dice que, en su caso, lo que le parece importante es “que por primera vez hay una denuncia presentada contra un periodista en la Defensoría del Pueblo. Y eso es un anticipo de cómo piensa actuar el correísmo con las nuevas reformas a la Ley de Comunicación”.
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