El porte de armas blancas y su comercialización en espacios públicos en Quito fue prohibida. Esa fue una de las principales resoluciones de la Ordenanza Metropolitana reformatoria del Código Municipal del Distrito Metropolitano de Quito. La medida fue aprobada por el Concejo Metropolitano con 17 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
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La ordenanza fue aprobada en medio del brote de violencia que vive la ciudad, donde un joven fue asesinado a puñaladas por uno de los dos hombres que lo asaltaron. Él caminaba en el carril exclusivo de la Ecovía, en la avenida 6 de Diciembre y la calle Bosmediano, en el norte de la capital.
El concejal Eduardo Pozo argumentó que la prohibición de armas era justificada porque “el 42% de los homicidios que se han dado en este año en la ciudad han sido perpetrados con armas blancas. 24 personas fallecieron por heridas de armas blancas”, dijo.
La prohibición incluye todo objeto cortopunzante:
- Cuchillos,
- Navajas,
- Puñaletas,
- Punzones,
- Manoplas,
- Cachiporras,
- Machetes,
- Garfios,
- Leznas,
- Mazos,
- Hachas,
- Cortaplumas,
- Patas de cabra,
- Estoques,
- Dagas,
- Cortaplumas,
- Garfios,
- Leznas,
- Hachas,
- Sables o espadas, u otro artículo con el que se pueda amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas.
Habrá operativos
1.273 miembros de la Agencia Metropolitana de Control realizarán operativos de control en las calles.
Hay tres escalas de sanciones, según el concejal Bernardo Abad, quien preside la Comisión de Seguridad del Concejo:
- Si una persona es encontrada en el espacio público con un arma blanca será sancionada con medio salario básico. Es decir, con 212 dólares.
- Si una persona es encontrada con un arma blanca en espacios turísticos, líneas de transporte público y otras zonas abiertas será sancionada con un salario básico completo: 425 dólares.
- Si una persona es reincidente. Es decir, si incumple con la ordenanza, será sancionado con el doble de las multas estipuladas.
Hay excepciones
El concejal Abad explicó que, aunque la prohibición también incluye la comercialización, existen excepciones si los ciudadanos demuestran que necesitan portar las armas blancas por “su oficio, actividad deportiva o estudiantil”.
Y lo ejemplifica: dijo que sería absurdo imponerle una sanción a un estudiante de Medicina, que, por su carrera, debe llevar su equipo de herramientas para desarrollar sus actividades de aprendizaje. O si se tratara de una persona comerciante de alimentos, como aquellos que venden agua de coco.
¿Qué pasa con la violencia en Quito?
El temor se esparce en la capital ecuatoriana, donde la violencia escaló en un 11% entre 2020 —el primer año de pandemia— y 2021.
Pero para el investigador universitario, Daniel Pontón, especialista en seguridad, la estadística documentada en 2020 son, en realidad, “engañosas”, porque durante ese año, con la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus, quedarse en casa se volvió la primera regla para evitar contagios.
Lo que dice Pontón es que, en realidad, sería importante comparar las cifras de 2021 con las de 2019. Pontón recalca que aún haciendo esa comparación, las de 2021 aún no superan las de 2019. “En 2021 las cosas se han normalizado o estabilizado”, dice. Pontón asegura que no hay un cambio significativo en la tendencia de robos comunes en la capital desde 2014, aunque hay un leve incremento.
De acuerdo con el registro del Ministerio del Gobierno, en 2021 hubo 1.765 denuncias por robos a domicilios. En 2019 se reportaron 2.114, es decir un 16,5% menos. Con respecto a robos a personas, en 2021 hubo 5.309 denuncias y en 2019, 7083, es decir 25% menos que en el último año.
La tendencia cambia con respecto a robos a entidades bancarias. En 2019 se reportaron 1.511 denuncias, mientras que en 2021 1538, es decir un aumento de 1,79%.
Uno de los rubros en los que más han aumentado es el de robos a carros. En 2021 hubo 1.610; en 2019, 1.383. Hubo un aumento del 16,41%.
Pontón también asegura que la percepción de inseguridad no ha cambiado mayormente en los quiteños porque siempre está alrededor del 70%. “Las personas siempre creen que su barrio o su ciudad son inseguros”, dice el experto, que también aclara que aunque aquellas características no han cambiado, aunque sí reconoce que ahora hay prácticas más violentas en la ciudad, evidentes en sicariatos de micro expendedores de drogas en el sur de la ciudad, por ejemplo.
En Quito, hay, además, un nuevo temor: las redes de delincuencia organizada, debido a la escalada de violencia en provincias como Guayas, Esmeraldas y Manabí, donde están asentadas varias bandas delictivas.
En sectores como Solanda, al sur de la ciudad, donde decenas de familias han sostenido la económica de sus hogares a través del microtráfico, ha habido asesinatos de hombres que se dedican a la venta de drogas.
Uno de ellos fue Jaime Boada, a quien en el sector conocían como alias Parchado. Fue asesinado a tiros en noviembre de 2021.
Él era un vendedor de drogas a pequeña escala. Con el producto de ese negocio, habría montado una licorería en el barrio. Los vecinos han dicho que no tenía ningún vínculo con bandas delictivas organizadas. Ahora, los habitantes de la zona temen que Los Lobos lleguen a apoderarse del barrio.
El antropólogo Jorge Núñez, quien investiga el menudeo de drogas a escala local, dice que lo que se está gestando en el país es un reemplazo de mercado: el del microtráfico a las operaciones de las redes de delincuencia organizada.
Las dinámicas de violencia, entonces, ascienden. Pero para Núñez, la ciudadanía no puede caer en una sumisión, sino en potenciar su capacidad de cuestionar los mecanismos a través de los cuales el crimen organizado llega a un barrio, a una comunidad: muchos, amparados por una complicidad estatal.
