“Lo que yo le pido a Dios es que me siga guiando para continuar en esta lucha por mi hijo, porque nada se ha cumplido”, dice Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Guachalá Chimbo, un joven que desapareció en 2004. Zoila Chimbo —con la voz suave, pero fuerte— denuncia al Estado ecuatoriano por el incumplimiento de las medidas de reparación fijadas en la sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al país por la desaparición de su hijo.

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El joven, que tenía discapacidad mental, fue desaparecido en el hospital Julio Endara, el 10 de enero de 2004. Pasaron 17 años para que la Corte IDH responsabilizara al Estado ecuatoriano: la sentencia llegó en marzo de 2021, y su notificación oficial tres meses más tarde, en junio de ese año. 

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La Corte IDH fijó 14 medidas de reparación y de no repetición a favor de la familia Chimbo, que ha impulsado su lucha durante casi ya dos décadas, aunque sin respuestas.

Hoy, 19 de abril, en un conversatorio con periodistas y activistas sociales, la familia Chimbo, Fundación Regional para la Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) y el Centro de Derechos Humanos presentaron las observaciones al cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH a casi un año de la notificación de la condena. Familiares y activistas insisten en que el 90% de las medidas de reparación  ordenadas por el tribunal aún no se han ejecutado.

Estas son las medidas dictadas por la Corte IDH y cómo avanza su cumplimiento:

1.- El Estado deberá investigar, determinar, enjuiciar y sancionar a los responsables de la desaparición de Luis Guachalá

La Corte IDH estableció en su sentencia que el Estado ecuatoriano que las investigaciones en torno a la desaparición de Luis Guachalá fueron negligentes y poco efectivas. 

El caso fue investigado como un acto administrativo —así eran indagadas las desapariciones hasta el 2020, como la búsqueda de un objeto. Eso, según el abogado José Valenzuela —director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, una de las organizaciones que han liderado la defensa técnica legal de la familia— impidió que se identificara el paradero de Luis Eduardo Guachalá. “Se nos notificaron diligencias al azar con respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, pero sin ninguna línea clara de investigación”, cuenta Valenzuela. Un ejemplo de esto es que la Fiscalía ofició el levantamiento de información de tres personas en situación de calle, que solían estar en las oficinas de la Fiscalía de flagrancia, en el norte de Quito. Sin embargo, no se expuso los motivos para hacerlo. 

Apenas el 11 de abril de 2022 —casi un año después de la sentencia— la Fiscalía informó que el caso había sido asignado al fiscal Ángel Cujilema Daga, de la dirección de Derechos Humanos. Valenzuela afirma que han sido notificados de pocos impulsos fiscales —nada sustanciales con la investigación— y que tanto la familia Chimbo como sus representantes fueron convocados a una primera reunión fijada para el 18 de abril, aunque fue suspendida. 

El Estado, dispuso la Corte IDH, tiene que buscar a Luis Guachalá de forma indefinida. “Esperamos que esa búsqueda responda a lo que dijo la Corte IDH con respecto a la eventual responsabilidad de funcionarios públicos que atendieron a Luis Eduardo. Ellos deben saber qué pasó con él. Deben comparecer en la Fiscalía y dar sus versiones”, dice el abogado Valenzuela. 

2.- Ecuador deberá determinar el paradero de Luis Guachalá

El Estado aún no encuentra al joven Luis Guachalá, de 23 años, que fue ingresado al hospital Julio Endara, por sus ataques de epilepsia y la desesperación de su madre para ayudarlo, el 10 de enero del 2004. 

El 17 de enero, en el centro de salud se escribió un informe en el que se informó sobre la desaparición del paciente. El enfermero encargado del cuidado de Luis Guachalá declaró que en la tarde del 17 de enero de 2004 lo llevó a la sala de televisión, fue a vigilar a otro paciente y cuando regresó notó que el señor Guachalá no estaba en la sala. Sin embargo, y pese a las insistencias de Zoila Chimbo para que le informaran cómo estaba su hijo, quien iba casi a diario al hospital para preguntar sobre su hijo, fue notificada un día después. Desde ese día, no hubo respuestas.

3.- El Estado deberá entregar “una suma de dinero” por los gastos por tratamientos psicológicos o psiquiátricos, medicamentos u otros gastos a las víctimas indirectas.

No se habría cumplido. La Corte IDH dispuso que el Estado otorgue siete mil dólares a Zoila Chimbo y a su hija Nancy Guachalá por esos gastos. 

Beatriz Villareal, trabajadora social y parte de Inredh, ha acompañado la lucha de la familia Chimbo desde hace más de una década. Ella repasa los días en los que Zoila Chimbo, una mujer empobrecida, pedía incluso préstamos para viajar sola a otras provincias cuando le daban un leve indicio de dónde podría estar su hijo. 

4.- En caso de encontrar a Luis Guachalá con vida, el Estado deberá darle gratuitamente un tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico.

Aún se desconoce el paradero de Luis Guachalá o si sigue con vida. Por eso esta medida tampoco se habría cumplido.

5.- Publicar la sentencia en un medio de comunicación masivo y su resumen oficial en un sitio web oficial del gobierno. 

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El Estado sí publicó el resumen oficial de la sentencia en diario El Comercio, el 20 de diciembre de 2021. También fue publicada en el sitio web del Ministerio de Salud. Sin embargo, la familia Chimbo cuestiona el no haber sido notificada de la publicación.

Además, la sentencia fue publicada en el Registro Oficial el 8 de febrero de 2022, dos meses tarde del plazo establecido por la Corte IDH.

6.- Realizar un acto público de reconocimiento por su responsabilidad internacional y disculpas públicas. 

Tampoco se habría cumplido. La familia Chimbo exige a la Secretaría de Derechos Humanos que organice ese acto público, como institución responsable, bajo lo fijado por la Corte IDH: que cuente con la presencia de altos funcionarios del gobierno.

Las únicas “disculpas públicas” que ha ofrecido el Estado fue un escueto tuit en enero de 2022 que dice: “El Ministerio de Salud, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Guachalá Chimbo Vs. Ecuador ofrece disculpas públicas a las víctimas directas del presente caso”, escribió la institución”. Después, adjuntó un link que apunta a la sentencia de la Corte IDH. Para la familia, fue una disculpa insuficiente, pero, sobre todo, dicen que fue revictimizante. 

“No pusieron ni su nombre, ni su apellido, como si él no fuera nada. No sé a quién han pedido disculpas. Pero mi hijo tiene nombre y se llama Luis Eduardo Guachalá Chimbo”, cuestionó Zoila Chimbo, durante el conversatorio.

7.- Regular la obligación internacional de dar apoyo a las personas con discapacidad para que puedan dar su consentimiento informado sobre tratamientos médicos.

No se habría cumplido. La abogada Dayuma Amores, de Inredh, también cuestionó la falta de ejecución de esta medida, pues la sentencia del caso Guachalá marcó un precedente en la región por la protección de derechos de las personas con discapacidad. El consentimiento informado es un derecho, pero también un profundo reclamo y también una lucha de las personas con discapacidad en el país.

8.- Diseñar y aplicar por una vez un curso de capacitación sobre el consentimiento informado al personal médico y sanitario del hospital Julio Endara.  

Tampoco se habría cumplido. 

9.- Diseñar una cartilla sobre los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica en la que debe haber consentimiento previo, libre, pleno e informado.

De acuerdo con la abogada Amores, tampoco se ha recibido el diseño de esa cartilla.

10.- Hacer un video sobre los derechos de las personas con discapacidad al recibir atención médica y las obligaciones del personal médico.

Tampoco se habría cumplido.

11.- Hacer un protocolo de actuación en casos de desapariciones de personas hospitalizadas en centros de salud públicos.

Tampoco se habría cumplido. Para la abogada Amores es imprescindible aquel protocolo, porque el caso Guachalá no es el único registrado en hospitales públicos. Al menos 334 personas han desaparecido en casas de salud, 24 aún continúan desaparecidas.

12.- Pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

Tampoco se habría cumplido.

13.- Pagar costos y gastos del juicio internacional.

Tampoco se habría cumplido. 

14.- Reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cantidad que se gastó durante la tramitación de este caso.

Tampoco se habría cumplido.

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.

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