La ex asambleísta lojana, Nívea Vélez, fue declarada culpable del delito de concusión, en calidad de autora. El 5 de mayo de 2022, un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, por unanimidad, sentenció a Vélez por este delito, que habría cometido entre 2009 y 2013.

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El 18 de abril de 2022 comenzó la audiencia de juicio contra Vélez. 

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Según la Fiscalía, cuando Vélez era asambleísta entre 2009 y 2013, por la Alianza Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional, aprovechó su cargo para pedir a sus “subalternos aportes irregulares de sus remuneraciones”. La Fiscalía dice que los aportes fueron por 33 mil dólares. 

Los seguidores de Vélez y organizaciones de derechos humanos aseguran que la ex legisladora es inocente y que las acusaciones en su contra se dieron por defender los derechos de las mujeres y “la clase obrera”.

Al haber sido señalada culpable del delito de concusión, Vélez deberá cumplir entre tres y cinco años en prisión, según lo establecido por el Código Orgánico Integral Penal (COIP).  GK se contactó con el Colectivo de Mujeres de Loja que apoya a Vélez pero hasta el momento no hemos tenido respuesta sobre la apelación o no de la sentencia. 

El caso contra Vélez 

Nívea Vélez fue asambleísta por la Alianza Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional entre 2009 y 2013. Durante ese tiempo, dice la Fiscalía, Vélez pidió diezmos valorados en aproximadamente 33 mil dólares. 

La investigación contra Vélez se abrió en 2018. 

En octubre de 2020, la Fiscalía presentó evidencias de la recaudación de los supuestos diezmos y formuló cargos contra Vélez por el delito de concusión. Según el COIP, este delito ocurre cuando los servidores públicos abusan de su cargo o funciones para exigir la entrega de cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. 

En esa audiencia, un juez le dictó a Nívea Vélez las medidas cautelares de prohibición de salida del país, presentación semanal ante la Corte Provincial de Justicia de Loja, y la prohibición de enajenar bienes por 132.000 dólares. 

Ese valor, explica la Fiscalía, equivale al valor cuadruplicado de la cantidad de la que se habría beneficiado Vélez por los aportes obligatorios solicitados a dos de sus funcionarios. Mercedes T. le habría entregado 4 mil dólares, mientras que Vicente O. le habría entregado más de 28 mil dólares. 

Según la Fiscalía, Vélez recaudaba el dinero a través de Adriana C., una de sus colaboradoras. La Fiscalía dice que el dinero era depositado en una cuenta bancaria compartida entre Nívea Vélez y Adriana C. 

Además, según la Fiscalía, el dinero se habría destinado para sustentar gastos del movimiento político lojano Convocatoria del cuál Vélez es fundadora. 

¿Qué dicen los seguidores de Vélez?

Según varios de sus seguidores y organizaciones de derechos humanos, Nívea Vélez es inocente. 

Un comunicado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) dice que  Vélez fue vinculada a la investigación de la Fiscalía debido a “su participación política en varias instituciones públicas y a la violencia política ejercida en su contra”. 

El comunicado dice que todo comenzó cuando Vélez anunció su candidatura a la alcaldía de la ciudad andina de Loja en 2018. Según la abogada Irene Pesántez de Diálogo Diverso, el trabajo de Vélez en defensa de los derechos humanos —en particular de las mujeres y de la clase obrera— hizo que sus opositores difundieran rumores sobre “supuestos diezmos que la candidata habría exigido cuando fue asambleísta”. 

Pesántez dice que los ataques y calumnias contra Vélez sucedieron durante el proceso de elecciones y asegura que estos se detuvieron “cuando sus opositores políticos ganaron las elecciones”. 

Por su lado, Vélez asegura que ella presentó una denuncia por la violencia política de la que fue víctima. Pero esa denuncia no avanzó. 

La ex legisladora dice que cuando se le formularon cargos en su contra la Fiscalía no había recibido su versión. También dice que no hay “pericia contable que permita constatar o cuantificar el supuesto perjuicio”. 

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.