El presidente Guillermo Lasso finalmente dio a conocer los detalles del veto parcial sobre el proyecto a ley para la interrupción del embarazo en casos de violación que aprobó la Asamblea Nacional.
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La ley tuvo 61 objeciones a los artículos en las que el presidente propuso textos alternativos que han generado polémica pues a criterio de activistas y organizaciones va en contra del fallo de la Corte Constitucional.
Una de las propuestas que ha sido más criticada y que revictimizarían a la víctima de violación es que se exigiría que la persona violada cumpla con uno de los tres siguientes requisitos:
- Denuncia ante la Fiscalía
- Declaración juramentada de la víctima
- O un exámen médico para comprobar la violación
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Otras de las sugerencias que hace el presidenteLasso es que el aborto por violación tennga el mismo plazo de tiempo, 12 semanas, para mujeres que viven en zonas urbanas como de las partes rurales del país.
En su veto, el presidente Lasso dedica un acápite a expresar su postura personal. Insiste en que no está de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional. “Sin embargo, en mi calidad de presidente de la República, debo acatar y respetar las decisiones que otras instituciones del Estado han tomado en ejercicio de sus competencias, aún cuando discrepo con ellas”, dijo Lasso en el veto.
La abogada experta en derechos humanos, María Dolores Miño escribió en su cuenta de Twitter: “se imaginan a Paola Guzmán Albarracín entrando en una notaría para sacar una declaración jurada sobre lo que le hizo el director? “Yo tampoco. Es revictimizante, es cruel. Es el veto”.
Se imaginan a Paola Guzmán Albarracín entrando en una notaría para sacar una declaración jurada sobre lo que le hizo el director?
— Lolo Miño 💚💜🌈 (@LoloMino) March 16, 2022
Yo tampoco. Es revictimizante, es cruel. Es el veto.
La organización feminista Surkuna escribió en su cuenta de Twitter que el veto presidencial a “Ley de aborto por violación cambia el objeto de la Ley: “no es una Ley para garantizar el acceso sino para obstruirlo”.
La organización dijo en su tuit que el veto presidencial obstruye aún más el acceso a este derecho en el país porque “limita el acceso a 12 semanas para todas” las mujeres, “excepto mujeres con discapacidad mental’”.
Además, Surkana dice que el veto impone requisitos como denuncia, declaración jurada o examen médico legal y que las niñas y adolescentes requieren autorización de representantes legales, lo que incumpliría el mandato de la Corte Constitucional de legislar con base a los más altos estándares de Derechos Humanos.
La activista Gabriela Gallardo escribió en su cuenta de Twitter “nada más antidemocrático que pensar que la posición personal va por encima de lo común veto presidencial. Resulta una aporía de la democracia representativa que el Presidente se olvide que es representante y no amo y dueño de un país”. Lasso insistió en su veto en que no estaba de acuerdo con el fallo constitucional pero que tenía que aceptar lo decidido por la Corte.
La asambleísta Johana Moreira, proponente del proyecto de ley, puso en su cuenta de Twitter que: “Un gobernante que sólo escucha a sus asesores (gabinete) y no a su pueblo, está condenado a fracasar”.
Hasta las 10 de la mañana de hoy, 16 de marzo, ningún miembro del gabinete presidencial se ha pronunciado sobre el veto presidencial.
