La noticia llegó por la noche: la consejera Sofía Almeida, quien ha calificado su destitución como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como un acto golpista, salió de las instalaciones de la institución. El 16 de febrero de 2022, Almeida abandonó el edificio luego de haber permanecido ocho días junto a un grupo de familiares y apoyada con las visitas constantes de sus colegas, los también consejeros David Rosero y Juan Dávalos. El anuncio fue emitido a través de un comunicado oficial del órgano, firmado por el consejero Hernán Ulloa, posesionado como presidente del CPCCS en una cuestionada sesión el 9 de febrero último. 

En el escueto comunicado, se informa que, luego de la salida de “personas ajenas a la institución”, se hará una evaluación del estado de las “instalaciones, equipos, sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y documental del Consejo, con el fin de asegurar que se encuentre en óptimas condiciones para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de las actividades” de la institución. Aquella salida ocurrió un día después de que la Fiscalía allanara el CPCCS en el marco de una investigación por presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. 

Ese allanamiento se realizó a través de un acto urgente, que sirve para precautelar las pruebas del caso e impedir que se pierdan o sean adulteradas y debe, sobre todo, aplicarse, como su nombre lo indica, de forma inmediata. Sin embargo, se realizó más de treinta días después. Durante esa diligencia, Sofía Almeida grabó un video y cuestionó que la Fiscalía apoyara “al consejero Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo de Participación”. Además, Almeida alegó que no le permitieron pasar a las instalaciones mientras se ejecutaba el allanamiento. 

Horas antes de anunciar su salida, Almeida publicó un video en el que replicó varios de los cuestionamientos que ya ha hecho, sobre todo, contra el gobierno. “El presidente Lasso ha decidido hacer uso de la policía nacional y de cuatro consejeros de participación ciudadana para elaborar un plan de desestabilización y tratar de tomarse, por asalto, esta institución con el propósito de cambiar el reglamento de concurso público de contralor y elegir a una persona que le sea servicial a su gobierno”, dice Almeida. Asimismo, cuestionó que Lasso quisiera “hacer lo mismo con los reglamentos y concursos de los vocales del Consejo Nacional Electoral”.

Carlos Humberto Chiriboga, secretario general del CPCCS, hizo público el envío de un memorando dirigido a Hernán Ulloa, en el que le dijo que él no es el presidente legítimo de la institución. Chiriboga dijo, además, que siempre recordará un mensaje que el consejero Ulloa le habría enviado por whatsapp, en el marco de su posesión como presidente del CPCCS: “No es nada personal, así mismo es”. 

Por su parte, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, confirmó ante la Asamblea Nacional que aquel contingente de la Policía Nacional que se instaló en el CPCCS el 9 de febrero para custodiar la sesión en la que Ulloa fue posesionado, estaba ahí por el pedido del consejero. Vela dijo que cualquier intervención que se realiza por autorización del Ministerio está dentro del marco constitucional”. Afirmó que la presencia de miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden en las instalaciones del Consejo se dio porque la “Comandancia General [de la Policía] recibió una solicitud de los miembros del Consejo solicitando la presencia policial frente a la posibilidad de que se produzcan actos que afecten la seguridad”, aunque no detalló cuáles. 

 “Quiero dejar claro que una cosa es el problema interno que pueda existir dentro del Consejero y otra cosa es la solicitud de una persona para decir que puede haber un evento que afecte a los bienes o personas y se pida la intervención de la Policía”, afirmó durante la comparecencia a la que fue convocada por el legislativo. 

Vela también fijó su postura a favor de la mayoría del CPCCS, liderada por Ulloa. “En este momento en el Consejo de Participación existe una mayoría y una minoría. Esta mayoría ha elegido un presidente. Como Gobierno, como Ejecutivo, estamos llamados y respetaremos la independencia total de cada una de las instituciones del Estado. Debemos garantizar la mayoría que se ha establecido en el CPCCS”, dijo. 

La génesis de la crisis en el CPCCS en 2022

Aunque la crisis institucional del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva tres años, 2022 se convirtió en la punta del ovillo desde que la consejera Ibeth Estupiñán votó por primera vez en contra de la mayoría de la que era parte el 5 de enero pasado. Hasta aquel día, la mayoría estaba conformada por: la entonces presidenta Sofía Almeida, el vicepresidente David Romero, y el consejero Juan Dávalos, además de Estupiñán. Pero ese día votó con la que era entonces la minoría del pleno del Consejo: Hernán Ulloa, Francisco Bravo, y María Fernanda Rivadeneira.

Estupiñán votó con ellos y aprobaron el reglamento para la designación del titular de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, luego de que Víctor Anchundia fuera destituido por la Asamblea. En ese momento, se trocaron los papeles y la mayoría se convirtió en minoría y viceversa.

Horas después, ese mismo día, Almeida dijo que habría presión de “grupos políticos” para elegir autoridades “a dedo” —lo mismo que reclama ahora, ya destituida—, además adujo que el CPCCS estaba “paralizado” por la nueva mayoría. 

Veinte días más tarde, el 26 de enero, la crisis entró en su fase más crítica. Durante la sesión ordinaria tres, el consejero Francisco Bravo (de la nueva mayoría) planteó una moción para conocer el informe de un “presunto incumplimiento de funciones de la presidenta” Almeida. La moción no fue tramitada porque la sesión fue suspendida. Desde entonces, no se había logrado reinstalar. 

El 9 de febrero, por la mañana, un piquete de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden —que se moviliza para reprimir protestas callejeras— llegó al edificio del Consejo. Mientras los uniformados se dispersaban en la entrada de la institución, los consejeros Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán llevaron a un cerrajero que abrió la puerta del edificio. Una vez adentro, reinstalaron la sesión tres, con la ausencia de Almeida, Rosero y Dávalos. Tampoco estuvo el secretario del pleno del CPCCS, quien dijo que esa sesión debía instalarse la próxima semana. Ahí, la nueva mayoría removió a Almeida de la presidencia y Rosero de la vicepresidencia. 

Luego de cesarlos, nombraron presidente a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta. Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán alegaron dos motivos principales para remover a Almeida y Rosero. Primero que Almeida y Rosero, supuestamente, no convocaron, durante 13 días, a una sesión declarada permanente —es decir, que no debía suspenderse. Segundo, adujeron presuntas irregularidades en los procesos de selección de autoridades, como el Contralor General del Estado

Ese mismo día, Sofía Almeida acusó en una rueda de prensa al presidente Guillermo Lasso de injerencia. “Le pido que saque las manos del CPCCS”, cuestionó.  Desde ese día, Almeida ha replicado casi a diario que su destitución responde a un “golpe de estado institucional”.