El 9 de julio de 2019 la directora editorial de GK, Isabela Ponce, publicó una investigación que recoge las denuncias de cinco mujeres que habrían sido abusadas sexualmente y violadas por su profesor de gimnasia olímpica. Las cinco contaron cómo, cuando eran niñas y adolescentes entre 7 y 15 años, Alcides Patiño —el profesor y dueño del local llamado Gimnasio Ecuador, en el norte de Quito— las tocaba en sus partes íntimas contra de su voluntad. A esta denuncia colectiva se la conoce como el caso Gimnasio Ecuador.

La investigación periodística también mostró que en 2008, una de las mujeres, Salomé Torres, denunció el abuso que había sufrido ante la Junta de Protección de Derechos, que a su vez, remitió la denuncia a la Fiscalía. Un año después de presentada la denuncia, la Fiscalía archivó el caso y, por desconocimiento, la familia de Torres no hizo seguimiento. Las otras cuatro mujeres nunca denunciaron los hechos ante ninguna autoridad.

El día en que se publicó el reportaje, en 2019, dos de las sobrevivientes de violencia, sus familias, y Surkuna —organización que brinda servicios a víctimas de violencia— lanzaron la campaña Seremos las Últimas. La iniciativa buscaba que más mujeres sobrevivientes de Patiño rompieran el silencio. Y lo lograron: en los siguientes meses, al menos 12 más se contactaron y contaron que también habían sufrido tocamientos indebidos por parte del mismo profesor de gimnasia olímpica.

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Cuatro días después de la publicación, la Junta de Protección de Derechos La Delicia, en el norte de Quito, dictó medidas de protección urgentes para precautelar el bienestar de las niñas que entrenan en este espacio. Entre ellas, el cierre temporal del gimnasio, y la prohibición de que el acusado se acerque a quienes lo denunciaron. Como acto simbólico, los familiares de las sobrevivientes de violencias clausuraron el establecimiento una tarde de agosto de 2019.

¿Qué ha pasado desde entonces en el caso Gimnasio Ecuador?

Pocos meses después, una de las mujeres que dio su testimonio para el reportaje, denunció a Patiño ante la Fiscalía.

Este es un caso de naturaleza penal, a diferencia del que se llevó ante la junta de Protección de Derechos, que es administrativo. 

En los siguientes meses el caso penal avanzó con lentitud. A inicios de 2020, por la pandemia del covid-19, la investigación se suspendió temporalmente.

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El acusado presentó una medida de protección en contra de la Junta de Protección de Derechos alegando que le estaban negando su derecho al trabajo. En la acción pedía abrir nuevamente su establecimiento. Pero en junio de 2021 un juez negó el pedido. El gimnasio lleva cerrado dos años y medio.

El caso penal ha avanzado desde entonces, lejos del ojo público. La etapa de instrucción fiscal terminó y el 2 de febrero de 2022, será la audiencia de formulación de cargos a Patiño.

GK
(Ecuador, 2011) Periodismo que importa sobre lo que te importa.