Desde la noche de ayer, 10 de enero de 2022, está disponible el Borrador de Reformas al Reglamento para los convenios con Centros de Atención Integral y Casas de Acogida, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos. El documento estará disponible en el sitio web de la Secretaría (https://www.derechoshumanos.gob.ec/) hasta el martes 18 de enero de 2022. 

En un tuit, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos escribió que será un proceso de construcción colectiva. 

Pero la Secretaría todavía no ha explicado cuál es el proceso si es que una fundación u organización tiene un aporte para el reglamento. GK consultó a una de las asesoras de Ordóñez pero hasta el cierre de esta nota, no hemos recibido respuesta. 

El pasado 5 de enero, en un encuentro con periodistas, Bernarda Ordóñez anunció que pronto sacarían un nuevo reglamento necesario para la nueva convocatoria para casas y centros.

Según Ordóñez, era necesario un reglamento nuevo porque la forma en la que se han firmado los convenios desde 2008 estaba llena de falencias que han “acarreado una serie de dificultades jurídicas”. 

El borrador servirá para establecer normas y disposiciones administrativas y financieras de los convenios que se suscriban entre la Secretaría de Derechos Humanos con las casas de acogida y centros de atención para mujeres víctimas de violencia. 

flecha celesteOTROS CONTENIDOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

¿Qué dice el borrador del reglamento?

Uno de los principales puntos del borrador del reglamento es cómo se hará la convocatoria de postulación, la selección y suscripción de los convenios. 

El borrador dice que habrá un cronograma para el proceso de selección de las casas de acogida y centros de atención. También detalla que la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Derechos Humanos será la encargada de la convocatoria, y que habrá un Comité técnico de evaluación y calificación. Sin embargo, no fija una fecha específica de cuándo se abrirá la convocatoria. 

Después de que se publique la convocatoria, las casas de acogida y centros de atención tendrán tres días para hacer preguntas. Cuando ese periodo termine, las organizaciones y fundaciones que administran estos espacios tendrán diez días más para presentar sus propuestas. 

Todos los lunes, las mejores historias. Suscríbete a este newsletter y recibe el contenido más reciente de GK

Gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

Todos los lunes, las mejores historias. Suscríbete a este newsletter y recibe el contenido más reciente de GK

Gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

Todos los lunes, las mejores historias. Suscríbete a este newsletter y recibe el contenido más reciente de GK

Gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==

Luego, dice el borrador de reglamento, el Comité técnico de evaluación y calificación tendrá que revisar las propuestas que fueron presentadas dentro cinco días, y calificarlas. 

Los criterios de selección

El borrador del nuevo reglamento también plantea los criterios que se considerarán para la selección de las casas de acogida y centros de atención integral. Estos son:

  • La experiencia atendiendo a víctimas de violencia de género. (Corresponde hasta el 25% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • La ubicación de la organización social que brinda la atención. (Corresponde hasta el 20% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • Los registros de los casos atendidos por las organizaciones en los últimos 3 años. (Corresponde hasta el 15% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • La experiencia en atención o acogida de mujeres, niños, niñas, y víctimas de trata de personas en los últimos tres años. (Corresponde hasta el 10% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • La participación en redes, colectivos o movimientos locales especializados en la prevención de la violencia de género, en los últimos cinco años. (Corresponde hasta el 10% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • Contar con mecanismos de rendición de cuentas. (Corresponde hasta el 10% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • La capacidad de incidencia en la construcción de política pública a nivel local, provincial o nacional en los últimos cinco años. (Corresponde hasta el 5% del total de la nota de calificación de la propuesta).
  • Los planes para el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal. (Corresponde hasta el 5% del total de la nota de calificación de la propuesta).

Cuando reciban las propuestas, el Comité técnico deberá calificar cada postulación con base a estos porcentajes. Para ese proceso tendrá dos días. El borrador dice que luego de eso, la Secretaria de Derechos Humanos o un delegado de ella, emitirán la autorización para suscribir los convenios

Los resultados y calificaciones de las organizaciones seleccionadas para firmar los convenios se comunicarán directamente a cada una de ellas y se publicarán en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos. 

En el conversatorio del 5 de enero, Ordóñez dijo que la convocatoria este 2022 será para todas las fundaciones y organizaciones que estén interesadas en brindar el servicio. Es decir, no solo será para los 21 centros y casas de acogida que venían recibiendo fondos los últimos 14 años. 

En ese espacio con los medios, Ordóñez también dijo que recibirán todas las propuestas técnicas y que dependiendo de su calidad y cumplimiento de parámetros, distribuirán los 2,17 millones de dólares que tiene la Secretaría para este año para las casas y centros. 

Es decir que en 2022 puede que los beneficiarios de ese fondo sean más de los 21 espacios como han venido siendo. Que haya más organizaciones y fundaciones seleccionadas haría que reciban un fondo un poco menor que en años anteriores. 

La justificación de los gastos

Una vez que se haya aprobado el convenio, y entregado el presupuesto a cada institución, las casas de acogida y centros de atención deberán entregar “informes técnicos y financieros mensuales”. Estos son para justificar el cumplimiento de las actividades, y también el buen uso de los recursos públicos. 

Estos informes deberán ser presentados los primeros cinco días de cada mes. 

Además de los informes, estos espacios también deberán presentar comprobantes que justifiquen los gastos como facturas, notas de venta, y otros documentos que permitan verificar el uso de los recursos. 

Algunos de los rubros en los que se puede invertir el dinero otorgado por la Secretaría de Derechos Humanos son:

  • Remuneraciones del personal
  • Alimentación
  • Transporte

El reglamento anterior

El pasado 5 de enero de 2022, en el encuentro con periodistas, Ordóñez dijo que “el reglamento que ha venido existiendo tiene muchas deficiencias y muchos nudos críticos”.

El primero, dijo Ordóñez, es que no establece criterios para el control de los gastos. También dijo que mezclaba las funciones de los administradores de contrato, y que eso iba en contra de las normas de control interno de la Contraloría. 

Otros problemas, dijo, son que el reglamento no tiene criterios técnicos ni plazos para la revisión de los informes que hacen las casas de acogida. Un “informe no puede demorarse 20 días”, recalcó la subsecretaria.

¿Qué está pasando con las casas de acogida?

Al menos dos casas de acogida han tenido que cerrar sus puertas en el último mes debido a la falta de presupuesto para continuar con sus funciones. A finales de diciembre del 2021, la Secretaria de Derechos Humanos,  Bernarda Ordóñez, les dijo a las administradoras de los 21 centros y casas de acogida que se abriría un concurso “amplio, participativo, y transparente” para 2022. 

Ordóñez dijo que la Secretaría busca que todas las organizaciones de asistencia a víctimas de violencia interesadas participen, y no solo las 5 casas y 17 centros que han operado en los últimos años. 

La decisión de Ordóñez causó rechazó de las administradoras de estos espacios porque creen que para este año no tienen garantizados los fondos estatales para seguir operando —como lo han hecho desde 2008. La falta de certezas pone en riesgo la atención a las mujeres que acuden a estos espacios.

Los fondos estatales representan entre el 40 y el 60% del presupuesto de estos centros y casas, y atienden todos los días. El 5 de enero, Ordóñez dijo que para este 2022, hay 2,17 millones de dólares para apoyar a los centros y casas de acogida que atienden a decenas de mujeres y niñas víctimas de violencia. 

La semana pasada, la Secretaría envió los convenios firmados a los 21 centros y casas para garantizarles la continuidad de sus servicios entre enero y marzo de 2022, mientras se realiza la nueva convocatoria. 

¿Qué dicen las administradoras de las casas de acogida?

Amparo Peñaherrera, administradora de la casa de acogida Casa Amiga, en la ciudad amazónica de Lago Agrio, dice que han notado algunas imprecisiones con el borrador del nuevo reglamento. Casa Amiga cerró sus puertas indefinidamente, a finales de 2021, porque dice que la Secretaría de Derechos Humanos no le asegura la continuidad para 2022.

Peñaherrera dice que hay una sección sobre el equipo técnico de las casas de acogida que está mal. El equipo que plantea el borrador para las casas incluye solo a una administradora, una trabajadora social, una abogada, y una psicóloga. Pero ese no es todo el personal que se necesita. Peñahererra dice que falta incluir a una facilitadora y una educadora —que son ejes fundamentales del trabajo de las casas de acogida. 

El equipo que menciona el borrador, es el necesario para un centro de atención integral, no de una casa. 

Nancy Pastuña, administradora de la casa de acogida Casa Paula, en El Coca, provincia de Orellana, dice que es “lamentable lo que nos quieren imponer”. Pastuña cuestiona que se quiera eliminar a la facilitadora y educadora de las casas de acogida. Dice que su rol es esencial para asegurar los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos e hijas que también viven en las casas de acogida. 

Además, Pastuña dice que en el documento ven que se está poniendo a los centros de atención y a las casas de acogida en el mismo nivel. “Es terrible” porque los servicios que ofrecen son completamente distintos. 

“Para nosotras esto nos deja super claro que la Secretaria de Derechos Humanos [Bernarda Ordóñez] no quiere trabajar ni comprometerse con las casas de acogida”, dice Nancy Pastuña. También dice que si el borrador del reglamento no cambia, Casa Paula —que está cerrada temporalmente— “no va a participar y vamos a cerrar los espacios definitivamente con el dolor del alma”.

IMG 2524 100x100
Doménica Montaño
(Quito) Ex reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.