A las ocho y media de la mañana del 10 de enero de 2022, en el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca debía instalarse por segunda vez la audiencia de juicio por el caso Turi, un proceso penal por presunta tortura contra personas privadas de la libertad en las cárceles ecuatorianas.

Hay 42 personas procesadas en este caso. Entre ellos, miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. El presunto delito de tortura se habría perpetrado durante un operativo de requisa en el pabellón de media seguridad del Centro de Rehabilitación Social Turi, en la ciudad austral de Cuenca. 

Sin embargo, la audiencia fue suspendida, por segunda vez. Dos de los jueces del tribunal dieron positivo a covid-19, informó Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de la Fundación Regional para la Asesoría de los Derechos Humanos (Inredh), que patrocina a las víctimas. 

Este caso ya tuvo una sentencia, pero fue declarada nula por la Corte Provincial del Azuay. Un Tribunal de Garantías Penales de Cuenca había condenado  37 de los 42 policías acusados a 106 días y 16 horas de prisión por extralimitación de sus funciones, más no por el delito de tortura. 

¿Qué pasó el 31 de mayo de 2016? Una explicación del caso de tortura en Turi

Eran las 10 de la mañana del 31 de mayo de 2016. Ese día, miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Grupo de Intervención y Rescate ingresaron al pabellón de mediana seguridad, llamado JC, del Centro de Rehabilitación Turi, en Cuenca. 

La misión de las unidades policiales era ejecutar un operativo para decomisar los artículos que no pueden ingresar a prisión: celulares, dinero, licor, dispositivos electrónicos, entre otros. 

Los operativos de requisa, conocidos como raquetas, son rutinarios y constantes en las 37 cárceles ecuatorianas. Sin embargo, ese día, cerca de 200 personas presas fueron golpeadas a toletazos, descargas eléctricas. De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, fueron obligadas a desnudarse mientras los uniformados les lanzaban gas lacrimógeno en el rostro. 

El operativo fue liderado por el mayor René Cañar. En él participaron más de 40 policías. 

En el juicio, la Fiscalía presentó una serie de videos que daban cuenta de las vejaciones contra las personas presas. 

Se observa cómo les echaban gas lacrimógeno, corriente eléctrica. Además, los golpearon en la cara, manos y pies con los toletes. 

Varios de los hombres sometidos por los policías estaban acostados con su rostro contra el piso. 

Los policías caminaron sobre sus cuerpos, para luego forzarlos a desnudarse y obligarlos a posicionarse en cuclillas. Después, les ordenaron que salten, con las manos en la cabeza, como el estilo de los sapitos, frente a ellos. 

En las imágenes no se veía ningún tipo de resistencia o violencia por parte de los presos. 

Así fue el proceso penal contra los policías 

Casi dos meses después del episodio de violencia, el juez Esteban Vélez Pesantez, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, aceptó un recurso de habeas corpus a favor de 13 personas privadas de la libertad. 

Vélez dispuso siete medidas de reparación integral, entre ellas: 

1. Tratamiento psicológico integral para todos los internos que sufrieron violaciones a sus derechos, 
2. Garantías de no repetición, 
3. Disculpas públicas por parte de los Ministerios de Justicia (que fue luego reemplazado por la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio del Interior (ahora de Gobierno) y los policías involucrados. 

El hábeas corpus es una acción constitucional destinada a frenar detenciones ilegítimas o arbitrarias. En el Ecuador, a diferencia de otros países latinoamericanos, protege y garantiza los derechos de las personas presas. 

Las víctimas esperaron más de dos años para que hubiese finalmente una resolución en el proceso penal que se inició por el presunto delito de tortura, aunque no fueron condenados por tortura. 

El 14 de noviembre de 2018, el Tribunal de Garantías Penales de Cuenca sentenció a 37 de los 42 acusados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Fueron condenados a menos de cuatro meses de cárcel. 

La Fiscalía e Inredh y los abogados de las víctimas, apelaron a la decisión. En marzo de 2020, la Corte Provincial de Azuay declaró la nulidad de todo el proceso penal  por tres motivos: 

• La Fiscalía acusó a los procesos por el delito de tortura y la condena fue impuesta contra 37 policías por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.
• Hubo incumplimiento del artículo 622, numeral cinco, del Código Orgánico Penal, que fija la individualización de la responsabilidad. En la normativa penal, se establece que debe establecerse individualmente la participación de una o más personas juzgadas, de acuerdo con las pruebas recabadas. La pena debe imponerse de acuerdo a ese grado de participación. 
• No se incluyó en la sentencia la suspensión de la pena de los policías acusados, pues en 2019 ellos solicitaron ese recurso, que les permite cumplir su sentencia fuera de prisión. 

Con la nueva resolución, la causa regresó a etapa de juicio y el Tribunal de Garantías Penales debe analizar nuevamente los hechos. 

En esta fase, los 42 policías acusados serán investigados por el delito de tortura. El juicio debía instalarse el lunes 5 de abril de 2021, sin embargo, no ocurrió porque no se logró garantizar las medidas de bioseguridad para que la audiencia se desarrolle. Asimismo, el  abogado de uno de los procesos no acudió. 

La abogada Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh, dijo que los testimonios de las personas privadas de la libertad de la cárcel de Turi serán escuchados nuevamente. Los policías procesados también presentarán pruebas documentales y periciales de las partes procesales, además de los alegatos de su defensa técnica. 

Chiriboga cuestiona la suspensión por segunda ocasión de la audiencia de juicio. Ella dice que se entiende que un contagio de covid-19 no sea previsible, pero afirma que “no ha habido voluntad para instalarla. Tampoco se hizo la gestión necesaria para encontrar una sala más grande donde puedan estar los 42 procesados, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la acusación particular y de eso ya se había hablado ocho meses antes”, criticó Chiriboga.