Al mediodía de hoy, las coordinadoras y administradoras de las 5 casas de acogida y 18 centros de atención para mujeres víctimas de violencia de género que reciben fondos del Estado desde hace 11 años, fueron convocadas por la Secretaría de Derechos Humanos a una reunión urgente.

Desde hace casi una semana, las representantes de estos espacios habían insistido en una reunión con la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, para que se esclarezca sobre la asignación de fondos en este 2022. 

Concretamente, las administradoras de las casas y los centros piden:

Párrafo 7

• Que la Secretaría les dé una fecha específica en la que publicará el concurso para convocar a organizaciones y fundaciones para brindar servicios de acogimiento y atención integral
• Que la Secretaría les garantice que cubrirá los gastos en los que incurran los centros y las casas durante los meses de la convocatoria y antes de la firma del convenio
• Que la Secretaría les explique cuál es la figura legal para reembolsarles los gastos en los que incurran esos tres meses que seguramente tome la firma del convenio, 
• Y que les diga cuándo se desembolsará ese dinero por los gastos ya incurridos

La reunión se concreta después de que al menos dos casas de acogida tuvieran que cerrar y al menos dos centros tuvieran que recortar personal ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de los fondos de la Secretaría para estos espacios donde cientos de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia se refugian de sus agresores. 

A finales de diciembre del año pasado, la Secretaría les había dicho que se abriría un concurso “amplio, participativo, y transparente” en el que pudieran postular por los fondos todas las organizaciones de asistencia a víctimas de violencia y no solo las 5 casas y 21 centros sino todas las organizaciones y fundaciones interesadas en el país. 

 Sin embargo, no les habría garantizado que existan los fondos estatales para que estas casas y centros siguieran operando —como lo han hecho desde 2008—, lo que ponía en riesgo la atención a las mujeres que acuden a ellos. Los fondos estatales representan entre el 40 y el 60% del presupuesto de estos espacios, y atienden todos los días. La preocupación era que se queden sin fondos hasta que se complete el concurso y se asignen los fondos.

La tarde de ayer, la Red Nacional de Centros de Atención de Violencia hacia las Mujeres —que agrupa a 21 centros en todo el país que brindan apoyo psicológico, legal y de trabajo social para víctimas de violencia desde hace más de dos décadas— publicó un comunicado en el que además de exigir estos cuatro puntos, también piden tener una participación activa en la revisión y definición del reglamento para la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil para “la prestación de servicios especializados a víctimas de violencia de género”. 

Las exigencias de un diálogo

La mañana de hoy, 4 de enero, circuló en chats de periodistas que la Secretaría de Derechos Humanos convocaba a un diálogo con los medios de comunicación para mañana para hablar sobre la situación de las casas de acogida y centros de atención. 

“Desde que inició este problema hemos pedido un diálogo directo, convocan a medios y no a organizaciones”, dijo Geraldine Guerra, coordinadora de la Red de Casas de Acogida, en respuesta a la invitación a los periodistas. Pero menos de una hora después, me escribió que las acababan de convocar.

La preocupación y exigencias de las personas encargadas de las casas de acogida y los centros se agudizó el 28 de diciembre cuando la Secretaría las convocó a una reunión. En la videollamada, Bernarda Ordóñez les habría dicho que aún no encontraba un mecanismo para pagarles los tres primeros meses del año mientras se hacía el concurso y se firmaban los convenios. 

Cuando Amparo Peñaherrera, administradora de Casa Amiga —la casa de acogida ubicada en Lago Agrio, Sucumbíos, que lleva 25 años acogiendo a mujeres víctimas de violencia— le preguntó qué debían hacer mientras esperaban que la Secretaría lance un concurso y asigne los fondos, Ordóñez le habría respondido “resistir”. 

Ante la respuesta y la incertidumbre, la Casa Amiga anunció que no abriría en 2022 porque no puede garantizar el pago de los sueldos del personal ni una atención adecuada a las mujeres y sus hijos que allí viven. 

Casa Paula, ubicada en El Coca —en la provincia amazónica de Orellana— le dijo a Isabela Ponce, directora editorial de GK, que cerraría hasta no tener la confirmación de los fondos. 

Después de la videollamada del 28 de diciembre de 2021, funcionarias de la Secretaría habrían llamado a representantes de casas y centros para avisarles que sí les reconocerán los gastos que hagan entre enero y marzo de 2022. 

Pero ellas han dicho que no se sienten seguras de esa respuesta porque cada día de enero que pasa es un día más en el que no pueden ofrecer los servicios como lo han venido haciendo hace décadas. “No es lo mismo decir que nos cubrirán los gastos desde el 1, 5 o 10 enero, para nosotras cada día cuenta”, se queja Nancy Pastuña, la coordinadora de Casa Paula. 

La Secretaría de Derechos Humanos anunció que mañana dará una rueda de prensa sobre la disputa.