Casi a la medianoche del 28 de diciembre de 2021, la Policía Nacional publicó un escueto comunicado que decía que su sistema informático había sido hackeado y que era falsa la boleta de detención del fiscal Juan Carlos Izquierdo, ex pareja de Naomi Arcentales y una de las figuras centrales en la investigación de la muerte de la joven manabita. Que la institución encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos haya sido víctima de un presunto ataque cibernético que desencadenó en la detención de un ciudadano en un caso tan delicado, parecía una mala broma del Día de los Inocentes. Pero no fue. Esa es la realidad de la Policía Nacional. 

Ahora, luego de ese breve comunicado que circuló cinco horas después de la aprehensión de Izquierdo, la Policía Nacional le debe al país entero una explicación clara y concreta de lo ocurrido.

La primera pregunta, y quizás la más evidente es cuán fácil es falsificar una boleta de aprehensión y cuán sencillo es vulnerar un sistema tan importante como el de la Policía. Ahora nos hemos enterado, pero ¿es la primera vez que pasa? 

Estas preguntas, naturalmente, solo generan más desconfianza frente a una institución que solo en las últimas semanas ha sido señalada por casos como el de los así llamados “narcogenerales”. No podemos olvidar que hay 25 de sus máximos oficiales que serán auditados por la Contraloría General del Estado para verificar sus declaraciones patrimoniales. 

Suena evidente, pero este hackeo es otra señal de que dentro de la institución las cosas no funcionan como deberían. 

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El hackeo también levanta demasiadas preguntas, y como está relacionado con el caso de Naomi Arcentales —una modelo manabita de 23 años que fue encontrada muerta en Manta y que la primera autopsia determinó que había sido un suicidio, pero ahora se investiga para descartar un presunto femicidio—, incluso hay más dudas. 

Este hackeo es más que una vulneración de seguridad. Es la Policía diciéndoles a las familias de muchas mujeres asesinadas por motivos de género: “no estamos haciendo bien nuestro trabajo”. El hecho de que en varios casos de femicidios, los principales sospechosos del delito estén prófugos, recalca esa tácita admisión policial. En la cuestionada Policía ecuatoriana, nada —ni el sistema informático, ni sus protocolos para atender llamadas de violencia, ni su forma de investigar estos casos— funciona. 

flecha celesteOTROS CONTENIDOS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Un problema es severo cuando toca recalcar lo evidente. Como evidente es que los policías transitan por todo el país, armados y deberían “darnos” seguridad. Pero si los encargados de investigar los delitos —a través de sus direcciones especializadas— son víctimas de delitos que ellos mismos deberían detectar y prevenir, ¿en manos de quiénes estamos?

Otra de las explicaciones urgentes que debería darnos la Policía Nacional es quién tiene acceso a su sistema. Es especialmente importante en este caso ya que el detenido, desde 2015, es un agente fiscal del cantón El Carmen, situado al norte de la provincia de Manabí. Es un operador de justicia cuyo trabajo se hace en coordinación con la Policía Nacional, la institución que ha demostrado lo frágil que son sus sistemas y sus filas.

Lo que pasó ayer de noche no es un caso aislado. En enero de 2021, la Fiscalía General del Estado allanó sus oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial del Guayas por sospechas de que funcionarios de esa institución habrían cometido irregularidades dentro del proceso de investigación en el caso del femicidio de Lisbeth Baquerizo. La institución en ese entonces dijo que investigaría posibles actos de corrupción al interior de la fiscalía, relacionados con la investigación del femicidio. Otra vez una irregularidad y, por coincidencia o no, en un caso de violencia de género. 

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En julio de este año, nuevamente policías y agentes de la Fiscalía allanaron una de sus propias sedes: la que está en el edificio de la Merced, en el centro financiero de la ciudad portuaria de Guayaquil. Lo allanaron dentro de una investigación por presunto tráfico de influencias, y una funcionaria fue detenida para fines investigativos.

Las dos instituciones encargadas de perseguir los delitos, vulneradas puertas adentro. El Estado nos debe respuestas claras en el caso de la boleta falsa de Juan Carlos Izquierdo y en tantos otros. 

Isabela Ponce
(Ecuador, 1988) Cofundadora y directora editorial de GK. Escribe sobre derechos de las niñas y de las mujeres, minorías y medioambiente. En 2021 ganó el premio Ortega y Gasset. Dos veces ha sido parte del equipo finalista al premio Gabo en la categoría Cobertura, y también fue finalista de los premios de Online News Association. En 2019 ganó una mención de la SIP en la categoría opinión por una columna sobre violencia de género. Es consultora en SembraMedia para medios independientes de América Latina.