Las investigaciones contra el presidente Guillermo Lasso sobre los Pandora Papers llegaron a su fin —al menos por ahora. Ayer, 7 de diciembre de 2021, la Contraloría General del Estado archivó su investigación sobre el caso. Horas más tarde, la Asamblea Nacional no aprobó el informe que hizo la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers.
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El informe fue rechazado después de que el pleno no aprobara ninguna de las dos mociones presentadas sobre las presuntas conexiones del presidente con compañías en paraísos fiscales. Así votaron los asambleístas. Al final, se aprobó un “exhorto” para que el presidente Lasso comparezca ante la Asamblea; pero ese exhorto carece de cualquier fuerza vinculante.
En las dos mociones que podrían haber tenido consecuencias políticas, así votaron los asambleístas.
La primera moción
La primera moción sobre el informe fue presentada por la asambleísta Paola Cabezas de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES).
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Cabezas propuso que se aplicara el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República: la destitución del presidente. Según Cabezas, el presidente Lasso debía ser destituido por lo que ella consideraba era una “grave crisis política y conmoción interna” que presuntamente ha sido causada por el caso Pandora Papers y el supuesto involucramiento de Lasso con empresas offshore que reveló la investigación.
La moción de Cabezas no fue aprobada. Tuvo solo 51 votos a favor. Hubo 77 votos en contra y 7 abstenciones. Así votó el Pleno sobre esta moción:
Bancada de UNES: 48 votos a favor
Bancada de la Izquierda Democrática: 15 votos en contra
Bloque de Acuerdo Nacional (BAN): 23 votos en contra, 1 abstención
Bancada del Partido Social Cristiano: 12 votos en contra, 1 voto a favor
Bancada de Pachakutik: 20 votos en contra, 6 abstenciones, 1 voto a favor
Asambleístas sin bancada: 1 voto a favor, 8 votos en contra
La segunda moción
La segunda moción sobre el informe fue presentada por el asambleísta Fernando Cabascango por el movimiento Pachakutik.
Cabascango propuso que el presidente Guillermo Lasso comparezca ante la Asamblea para que explique su relación con presuntas compañías establecidas en paraísos fiscales que fue revelada por la investigación periodística Pandora Papers. El asambleísta planteó un plazo de 30 días para que Lasso compareciera.
Antes, mientras la Comisión investigaba el caso para preparar el informe, Lasso ya se había negado a comparecer. Según el presidente, el tema se había resuelto en un fallo del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en septiembre de 2020, después de que la coalición correísta UNES impugnara su candidatura.
La moción de Cabascango tampoco fue aprobada. Hubo 27 abstenciones, 47 votos en contra y solo 61 votos a favor. Se necesitaban al menos 92 para que fuera aprobada. Así votaron los asambleístas:
Bancada de UNES: 48 votos a favor
Bancada de la Izquierda Democrática: 12 votos en contra, 1 voto a favor
Bloque de Acuerdo Nacional (BAN): 23 votos en contra, 1 abstención
Bancada del Partido Social Cristiano: 1 voto a favor, 12 votos en contra,
Bancada de Pachakutik: 10 votos a favor, 5 votos en contra, 9 abstenciones
Asambleístas sin bancada: 2 abstenciones, 6 votos en contra
El informe
El informe sobre los Pandora Papers que se trató en la Asamblea Nacional estuvo a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional.
El documento decía que las empresas offshore del presidente Guillermo Lasso eran una violación del “Pacto Ético” —una ley que prohíbe que un candidato de elección popular se beneficie de una compañía que esté en un paraíso fiscal.
Según el informe, las revelaciones de los Pandora Papers de que Lasso tuvo relaciones en compañías offshore ameritaban su destitución por supuesta “grave conmoción interna” —pero la moción sobre su destitución fue desechada por el pleno.
Finalmente, el pleno de la Asamblea decidió por mayoría, exhortar al presidente Guillermo Lasso para que se presente ante los legisladores para explicar su posible vinculación directa e indirecta sobre compañías en paraísos fiscales. Este exhorto carece de ninguna fuerza vinculante.
