La Asamblea Nacional decidió observar la proforma presupuestaria de 2022 presentada por el gobierno. Es decir, enviará observaciones sobre el documento para que sean subsanadas antes de aprobarlo. La decisión se tomó en la sesión del pleno de la tarde de hoy, 18 de noviembre, con 94 votos a favor de los 131 asambleístas que estuvieron presentes. 

En la sesión de hoy, la Asamblea analizó el informe presentado por la Comisión de Régimen Económico que recomendaba al pleno observar la proforma “a fin de que se ajusten aspectos relacionados con las asignaciones para salud y educación” y otras preocupaciones. Hoy, el pleno del Legislativo aprobó la moción presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión y la ponente del informe. 

La proforma fue presentada la noche del 30 de octubre. Según el documento entregado, los ingresos que el gobierno espera tener en 2022 son 24.114 millones de dólares, mientras que los gastos ascienden a 27.808 millones. Es decir, en 2022, habrá un déficit de 3.783 millones de dólares, que equivale al 3,45% del PIB. 

La Asamblea tenía un plazo de 30 días días para aprobar u observar la proforma presupuestaria del próximo año. 

¿Qué observaciones se hicieron?

En el informe de la Comisión de Régimen Económico —que, posteriormente fue aprobado por el pleno de la Asamblea— se propone revisar las asignaciones para educación y salud para “garantizar los respectivos incrementos anuales establecidos en la Constitución”. En la  proforma del próximo año el presupuesto del Ministerio de Educación se redujo en 44 millones de dólares y el del Ministerio de Salud 42 millones. La referencia fue la proforma presupuestaria que el gobierno presentó en agosto de este año para el resto de 2021. El gobierno de Guillermo Lasso presentó un presupuesto en agosto de 2021 porque la ley dice que después de un cambio de gobierno se debe presentar una proforma para lo que queda del año, ya con el nuevo gobierno en funciones. La Asamblea la rechazó, pero el gobierno lo tomó como referencia para hacer la proforma de 2022. 

El informe concluyó que “la reducción sistemática de asignaciones a salud y educación evidencia que la cobertura adecuada de estos pilares del desarrollo social y económico no son prioridades en la gestión gubernamental”. Hoy la asambleísta Rocío Guangoluisa, de Izquierda Democrática, dijo que con la reducción de las asignaciones “se imposibilita ofrecer una educación de calidad, que tenga suficiente cobertura como para no desanimar a nuestros jóvenes estudiantes”. 

También se recomendó revisar las asignaciones a las universidades y otras instituciones de educación superior que también se redujo en la proforma de 2022 con respecto al de este año para garantizar que el dinero asignado permita ampliar los cupos para nuevos estudiantes. 

La asambleísta Nathalie Arias —de CREO, el partido que llevó al presidente Guillermo Lasso a la presidencia— dijo en la sesión de hoy que el valor asignado no se redujo. Lo que se redujo, dijo, es el valor que les corresponde a las universidades por devoluciones por autogestión o por el IVA. Es decir, los pagos que les corresponden por cursos, maestrías, seminarios y otras actividades que las instituciones gestionan y cuyos pagos van a una cuenta conjunta del Ministerio de Finanzas y que después el gobierno les devuelve. Según Arias, eso no depende del gobierno, sino de las instituciones (por su capacidad de gestión).

La Comisión recomendó que el gobierno explique de forma técnica la discrepancia de mil millones de dólares que hay entre el ingreso por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) proyectado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) —que es de 6.509 millones de dólares— y el que se contempla en la proforma presupuestaria, que es de 5.505 millones. 

También pidió que se envíen los documentos complementarios para la planificación presupuestara cuatrianual 2022-2025, que también fue enviada a la Asamblea y que hoy también fue observada. Esta parte incluye las proyecciones de ingresos, gastos e inversiones para los próximos 4 años. Específicamente, piden la documentación relacionada a los gastos que se harán en cada sector, techos presupuestarios institucionales, entre otros. 

Además, el informe discutido hoy decía que la proforma presupuestaria para 2022 no debía hacerse tomando como referencia el presupuesto del 31 de agosto de 2021, que no fue aprobado por la Asamblea. Su argumento fue que eso “implica que no se utilizó una referencia comparable para ejercicios presupuestarios que comprenden un año completo”.

Cuando se presentó la proforma presupuestaria, el Ministerio de Economía y Finanzas le dijo a GK que lo usaron porque “es el dato más cercano a la realidad presupuestaria”. Hoy, el asambleísta Mauricio Zambrano, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), insistió en que eso era un error y que el presupuesto de agosto no se debió tomar como referencia. El que debía ser usado, dicen, era el que la Asamblea aprobó para ser ejecutado hasta diciembre de 2020.

La Constitución dice que cuando se observe la proforma presupuestaria, el gobierno tiene un plazo de 10 para aceptar las observaciones y enviar una nueva propuesta a la Asamblea o para ratificarse en la propuesta original. Después, la Asamblea tendrá otros 10 días para ratificar sus observaciones en un solo debate. Si no lo hace, entrará en vigencia lo enviado en segunda instancia por el gobierno.