“Mi familia me encerró por mi condición sexual” dice una mujer identificada sólo como Priscila, una mujer que se identifica como parte de la población LGBTI, en un video en el que denunció que estaba contra su voluntad en Hoy somos libres, una supuesta clínica de rehabilitación a la adicción a drogas y alcohol en Chone, una pequeña y cálida ciudad del interior de la provincia costeña de Manabí.
Priscila ya salió de la clínica. La mañana de hoy, 12 de noviembre, su liberación fue lograda con la intervención de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, confirmó a GK Diane Rodríguez, presidenta del Centro Psico Trans Quito Silueta X y directora de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI.
La tarde de ayer, la Federación de Organizaciones LGBTI publicó en su perfil de Twitter, el video de un minuto en el que aparece Priscila. En él, se ve a la mujer decir que ha estado en esa supuesta clínica casi un mes. Ahí, sostuvo, ha sido maltratada. “Soy la única mujer desde que llegué; me encerraron en medio de casi 60 muchachos”, dijo Priscila quien afirmó que la “quisieron discriminar porque me gustan las mujeres”.
Rodríguez dice que a través de otra persona que también estuvo recluida en una supuesta clínica de deshomosexualización, recibieron el video con la alerta de Priscila. El video está acompañado de un comunicado de la Federación en el que pide a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, a la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud, tomar acciones para remediar la situación en que estaba Priscila.
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Edison Vera, dueño y administrador de la clínica Hoy somos libres, dijo a GK que la clínica de rehabilitación de drogas también es una casa de reposo, donde, adujo, llegan las personas con problemas de adicciones, y que no están ahí contra su voluntad. “Hay mamitas que vienen desesperadas, ella consumía alcohol”, afirmó Vera, haciendo referencia a la causa de la estadía de Priscila en ese lugar. Vera confirmó que Priscila ya regresó a su casa. La clínica sigue en funcionamiento.
Lo que le pasó a Priscila no es un hecho aislado. El pasado 28 de septiembre, la Fiscalía realizó dos allanamientos en dos supuestas clínicas de desintoxicación y rehabilitación, uno en la misma Chone y otro en El Carmen, otra ciudad manabita.
Clínicas de la tortura en Ecuador, un problema recurrente
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En 2009, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) denunció que desde hacía por lo menos diez años existen centros dedicados a impartir brutales terapias para convertir a sus pacientes en heterosexuales: hay reportes de violaciones, golpes e insultos. “Los familiares son quienes recluyen a las personas de la diversidad en estas clínicas”, dice Diana Rodríguez. Ella dice que con la denuncia como la de Priscila “se puede crear un precedente que no se puede hacer eso”.
Estos centros de tortura suelen disfrazarse como clínicas de rehabilitación para drogas y alcohol. Solo en 2013, había más de 200 centros de adicciones que tenían licencias para funcionar y al menos 80 eran centros clandestinos d e tortita.
Rodríguez dice que las personas a las que les pasa este tipo de discriminación tienen miedo que les hagan daño o hayan represalias por lo que hacen denuncias anónimas. “Ojalá las autoridades pudieran difundir que recluir a una persona es penado y está contra de la ley”.
El delito de actos de odio
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el delito de actos de odio sucede cuando se cometen actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas por su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología u otros.
Este delito es sancionado con uno a tres años de cárcel.