El cuestionado Plan Colombia fue la principal estrategia del gobierno de ese país para combatir el narcotráfico. Tuvo el respaldo financiero y militar del gobierno de los Estados Unidos. Estuvo vigente por 15 años, hasta que fue reemplazado por otro programa llamado Paz Colombia.
El plan fue, según la definición del gobierno colombiano, una “estrategia para luchar contra el narcotráfico, fortalecer la institucionalidad, recuperar la seguridad, consolidar el desarrollo social”. Sin embargo, mientras estuvo activo no logró reducir las plantaciones de coca y aumentaron las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Un poco de historia
El Plan Colombia fue aprobado en el 2000, en una acción conjunta entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, encabezados entonces por Andrés Pastrana y Bill Clinton. En 2016, en un evento por el aniversario 15 de la estrategia, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama —de Colombia y Estados Unidos, respectivamente— anunciaron que el Plan Colombia se transformaría en Paz Colombia.
En los 15 años que duró, el plan Colombia “contó con la aprobación de Estados Unidos” para aprobar planes y destinar recursos para fortalecer el sector de defensa de Colombia. En 2016, el gobierno de Colombia reveló que se invirtieron 141 mil millones de dólares en este plan. De esos, 10 mil fueron entregados por Estados Unidos y 131 mil por Colombia.
Sus resultados y críticas
Según el gobierno colombiano, el plan “logró el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal de las fuerzas armadas que permitieron el debilitamiento de las redes de narcotráfico como de los grupos al margen de la ley”. Sin embargo, el Plan Colombia ha sido cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional criticó la implementación del Plan Colombia, asegurando que aumentaron las violaciones a los derechos humanos y la minería ilegal.
Gimena Sánchez, directora de los Andes de La Oficina en Washington sobre América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), que se dedica a defender los derechos humanos, dice que el Plan Colombia fue establecido como antinarcóticos.
Sin embargo, dice, se basó en “una teoría muy errada”: si se arrancaban los cultivos de coca de raíz, iba a ser mucho más caro traficar la droga y eso iba a reducir la demanda en Estados Unidos y el problema de salud pública en Colombia. Por eso se concentraron en fumigar las plantaciones, porque era la forma más rápida de deshacerse de ellas, establecer presencia militar y policial en las zonas generalmente ocupadas por la guerrilla.
Sánchez dice que eso no paró el tráfico en Colombia ni afectó la demanda en Estados Unidos. Uno de sus propósitos era reducir en un 50% las plantaciones de coca, que se usa para producir la cocaína.
Sin embargo, según el más reciente reporte de cultivos ilegales en Colombia, hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) dice que los niveles de cultivos de 2020 eran similares a los de 2001. En los primeros 6 años del plan, los cultivos y la producción de cocaína aumentaron en 15 y 4%, respectivamente.
Desde 2007 hubo una caída. Las plantaciones de coca llegaron a su punto más bajo en 2013, cuando bordearon las 50 mil hectáreas (en 2001, eran 140 mil).
Pero desde ese año repuntaron pronunciadamente, acercándose a las 180 mil hectáreas en 2017. Al año siguiente, la tendencia comenzó a bajar, y para 2020 regresaron a niveles similares a los de 2001. Sin embargo, la producción de cocaína se ha multiplicado, aunque haya menos cultivos de coca.
Otra de esas consecuencias fue que las plantaciones de coca se extendieron por más regiones del país, en vez de concentrarse solo en algunas como era antes del plan. Sánchez dice que eso pasó porque los narcotraficantes se mudaban a diferentes lugares para hacer sembríos más pequeños cuando llegaba la fumigación a la zona en la que estaban.
Uno de los aspectos más cuestionados del Plan Colombia fue la aspersión de glifosato para erradicar los cultivos de coca. El glifosato es una sustancia clasificada como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud desde 2015, el mismo año en el que Colombia dejó de usarlo para fumigar plantaciones de coca.
Un estudio de WOLA dice que una de las acciones del Plan Colombia fue fumigar con glifosato 1,6 millones de hectáreas de plantaciones de coca para eliminarlas. Según WOLA, las fumigaciones pusieron en riesgo la salud de miles de personas y no funcionaron para eliminar la droga.
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La directora de los Andes de WOLA dice que fue “terrible” para las personas que vivían en esas partes del país. Porque además de que entraban grupos insurgentes que obligaban a que se cultive la coca, también destruían la frágil economía legal agrícola que de por sí ya era precaria en algunos pueblos.
Otra consecuencia del uso de glifosato es que quemaba también los cultivos de otras plantas y puso en peligro la seguridad alimentaria y la biodiversidad de quienes vivían en las zonas fumigadas. Sánchez dice que una de las zonas más afectadas es la del Chocó al oeste del país.
Ecuador también reclamó por efectos colaterales de las fumigaciones en provincias fronterizas como Sucumbíos. El caso, incluso, llegó a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda. Pero Ecuador desistió de la demanda en 2013, cuando los cancilleres de ambos países suscribieron un acuerdo para dar por terminado el caso.
La producción de cocaína no decayó, y se trasladó incluso al Ecuador. En esta laboratorio clandestino, se producía cocaína en Sucumbíos. Fotografía de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Mientras el plan estuvo vigente, aumentaron los abusos a los derechos humanos.
Gimena Sánchez dice que uno de los principales fue la muerte de más de 6.400 personas que fueron torturadas y asesinadas como si fueran guerrilleros sin haberlo sido. Sánchez dice que las fuerzas militares del país tenían una presión muy grande de “mostrar resultados de que se estaba ganando la guerra y la manera de hacerlo dependía de cuántas bajas daban de guerrilleros”. Esto se conoce en Colombia como los casos de “falsos positivos”.
Por eso, dice Sánchez, se asesinó a personas inocentes para luego vestirlas como guerrilleras que habían sido “matadas en combate”. Ella afirma que esas 6.400 personas son solo los casos que se han confirmado, pero que podrían ser más.
Sánchez dice que la falta de éxito del llamado Plan Colombia forzó a que en 2016 los gobiernos de Estados Unidos y Colombia decidieran empezar los diálogos de paz con los grupos subversivos que participaron del inveterado conflicto armado colombiano.
