El 27 de octubre de 2021, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció la presunta detención arbitraria de cuatro personas identificadas como Mario Geovany Gusmán, Bladimir Inlago, Jonny Villareal, Edison Marco Cuascota. El arresto se hizo en Cayambe, una pequeña ciudad de la provincia andina de Pichincha.
Ellos fueron aprehendidos a las cinco de la tarde del 26 de octubre, en el primer día de protestas convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra el gobierno de Guillermo Lasso. Según la alianza, los detenidos estuvieron 15 horas sin que su familia o las organizaciones conocieran su paradero.
Un equipo legal de la Alianza estuvo en la Unidad de Flagrancia de Quito, en la intersección de las avenidas Patria y 9 de Octubre, para observar y, de ser el caso, dar asistencia jurídica a las personas detenidas durante las protestas.
La madrugada del 27 de octubre, las abogadas de la coalición, que nació a partir del paro de octubre de 2019, vieron llegar a los cuatro detenidos. Ellos presentaban, según la Alianza, signos visibles de haber sido golpeados. Las abogadas supieron que se les practicarían exámenes médicos legales antes de la audiencia de flagrancia. Sin embargo, horas después, les comunicaron que fueron trasladados, sin que se supieran las razones y su ubicación exacta.
15 horas desaparecidos
Sin saber qué ocurrió con los detenidos durante 15 horas, sus familiares, junto a la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), organización que asumió la defensa legal de los detenidos, interpusieron una acción de habeas corpus, una figura constitucional que se interpone ante una corte para que una detención ilegal o arbitraria sea revocada.
La acción está destinada a proteger la vida y la integridad física de personas privadas de libertad, según el artículo 89 de la Constitución del Ecuador. Las acciones de habeas corpus no resuelven el fondo de los casos por los que una persona ha sido detenida, solo tienen como propósito cesar la detención si es ilegítima.
El habeas corpus, informó Inredh, fue interpuesto contra Alexandra Vela, como ministra de Gobierno, Tannya Varela, por ser la comandante general de la Policía Nacional. También se incluyó en la acción a Iñígo Salvador, por ser el procurador general del Estado.
La abogada Luisa Villacías, que patrocina el caso, dijo que la detención fue ilegal porque aunque fueron detenidos en Cayambe, las Fuerzas Armadas decidieron trasladarlos a Quito, una ciudad distinta al lugar donde se hizo el arresto. Esto violentaría el derecho de los detenidos de ser juzgados en el lugar donde sucedieron los hechos por los cuales han sido procesados. Además, durante su tiempo de detención y traslado, fueron despojados de toda comunicación, sin alimentación e hidratación.
También se habría violado el plazo máximo en que se debía instalar la audiencia de flagrancia. El Código Orgánico Integral, en su artículo 529, ordena que las audiencias en los casos de de infracciones flagrante (es decir, de personas que han sido detenidas cometiendo el presunto delito o 24 horas después), deben instalarse y completarse en las 24 horas siguientes desde la detención. En este caso, alega la defensa de los detenidos, las aprehensiones se realizaron alrededor de las cinco de la tarde y la audiencia se instaló a las siete y veinte de la noche del 27 de octubre —dos horas después del máximo legal.
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Detenidos exigen reparación
La audiencia de habeas corpus se instaló a las tres de la tarde del viernes 29 de octubre, a puertas del feriado nacional. Allí, la defensa de los detenidos pidió a la jueza ponente del Tribunal de Garantías Penales, Olga Ruiz, las siguientes medidas de reparación:
- Que se declare la vulneración a su derecho a la integridad personal
- Se realice una investigación que permita individualizar las responsabilidades de cada hecho
- Que se concreten disculpas públicas que deben llegar desde el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional
- Que el Consejo de la Judicatura publique el contenido de la sentencia.
La abogada Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de Inredh, también presentó los informes de la evaluación médico legal de cada detenido. En los documentos se ratifican sus lesiones físicas: hematomas y roturas en la cabeza. Además, expuso los partes policiales, el reconocimiento del lugar de los hechos y los expedientes de la Unidad de Flagrancia donde fueron trasladados luego de las 15 horas de su detención.
En la audiencia comparecieron Edison Cuascota y Bladimir Inlago, quienes contaron las afectaciones físicas y psicológicas a las que fueron sometidos durante las 15 horas que pasaron incomunicados.
Aún no se conoce la resolución de la jueza Ruiz, pues suspendió la audiencia y convocó su reinstalación para las cinco de la tarde del próximo viernes 5 de noviembre de 2021. En esa diligencia, dijo la abogada Luisa Villacís a GK, se presentarán otros cinco testimonios y los informes, justificaciones y alegatos del Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y la Procuraduría del Estado.
