El juicio político contra Richard Martínez sigue discutiéndose en la Asamblea Nacional entre complicaciones, desacuerdos e interpretaciones de la ley. La Comisión de Fiscalización se reunió la mañana de hoy, 21 de octubre, para avocar conocimiento del juicio político contra el ex ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, todavía no se llegó a un acuerdo sobre si se archiva o pasa al pleno para que ahí se verifique si se cumplen los requisitos para continuar con el proceso. La comisión se reunirá otra vez la tarde de hoy para continuar con la discusión. 

En la sesión de la mañana hoy la comisión revisó el pedido de juicio político contra Martínez que fue presentado por Juan Cristobal Lloret, asambleísta de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), en mayo de 2020. La comisión revisó el pedido pese a que el plazo para poder enjuiciar políticamente a Martínez ya venció: el artículo 131 de la Constitución dice que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de los funcionarios “durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado”. Martínez renunció a su cargo el 7 de octubre de 2020, hace un año y 14 días. Es decir, el plazo ya se cumplió y el proceso no debería continuar. 

En la sesión de la comisión de hoy, Lloret argumentó que la ley se refiere al comienzo del proceso del juicio político y que eso pasó el 21 de septiembre de 2020, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite la solicitud de juicio en contra de Martínez. Por eso, dijo Lloret, el proceso se hizo a tiempo, cuando todavía Martínez ocupaba el cargo. 

El abogado constitucionalista Mauricio Alarcon dice que el argumento de Lloret es “una interpretación antojadiza de lo dispuesto constitucionalmente”. El plazo para enjuiciar políticamente a Martínez ha vencido, dice, porque la Constitución no habla del inicio del proceso, sino del proceso como tal. 

Después de la intervención de Lloret hoy, el asambleísta Pedro Velasco, de Avanza, dijo que ha pasado “el año que nos faculta la ley” para el juicio político contra Martínez. El asambleísta dijo que el artículo 131 de la Constitución obliga a la comisión a verificar si se cumplen los requisitos de esa solicitud y que en este caso, eso no sucede porque ya ha pasado un año y 14 días desde que Martínez renunció. 

Velasco dijo que la interpretación de Lloret le preocupaba. “Es como decir que, en materia jurisdiccional, un juicio comienza con la solicitud de demanda en la Fiscalía o cuando se presenta en la oficina de sorteos”, dijo Velasco. Según el asambleísta, el proceso comienza cuando un juez conoce esa demanda y verifica que cumple con los requisitos para admitir a trámite. Dijo que al avocar conocimiento de cualquier proceso se debían revisar los requisitos y proceder a calificar a juicio o no, por eso era importante precisar lo que dice la Constitución. 

Velasco continuó diciendo que la comisión debía deslindarse de la responsabilidad de haber incumplido con el plazo porque el pedido de juicio político que fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) estaba en el escritorio de la Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, desde mayo de 2021, cuando se posesionó. E incuso, dijo Velasco, en los meses anteriores cuando César Litardo fue presidente del Legislativo. “No puede ser que transcurrido más de un año llegue a la comisión una solicitud para que luego de eso entonces ahora sí vean cómo tramitan”, dijo Velasco

Él dijo que la Comisión de Fiscalización debió conocerlo antes. “¿Por qué se tiene un documento guardado por 5 meses?”, preguntó. Este retraso también fue criticado por Fernando Villavicencio, presidente de la comisión de Fiscalización, quien dijo que “alguien tiene que asumir esa responsabilidad” del retraso porque el documento recién llegó a la comisión el 4 de octubre de 2021, cinco meses después de que la comisión fue formada. 

Sin embargo, la comisión no pudo reunirse a avocar conocimiento hasta hoy porque estaba tramitando el juicio político contra René Ortiz, ex ministro de Energía en el gobierno de Moreno, y el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que no se puede tramitar dos solicitudes de ese tipo al mismo tiempo. La Comisión entregó el informe sobre Ortiz ayer, así que hoy era el primer día que legalmente podía reunirse sobre Martínez.  

Después de las intervenciones de los asambleístas, se presentaron dos mociones: una enviada por Velasco para archivar el juicio político, y otra por la asambleísta María Gabriela Molina, de UNES, para enviar al pleno de la Asamblea y que ahí se decida si cumple o no con los requisitos. Las dos fueron rechazadas en la primera votación y en la reconsideración. Por eso, Fernando Villavicencio suspendió la sesión y dijo que conversarán entre ellos para volver a reunirse en la tarde y llegar a un acuerdo. 

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El juicio político contra Martínez

Juan Cristóbal Lloret presentó una solicitud de juicio político contra Martínez por incumplimiento de funciones. Entre los causales citados por Lloret, está que Martínez —cuando era Ministro de Economía y Finanzas de Lenín Moreno— no destinó recursos suficientes para atender la pandemia del covid-19. 

Además, Lloret dijo que hubo un retraso en la reducción de los costos de los servicios financieros y se incumplió lo establecido en la Ley de Fomento Productivo. Otro motivo es que no se pagó los valores pendientes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, según el Código Orgánico de Finanzas Públicas. 

Cuando Martínez renunció tenía 5 pedidos de juicio político en su contra. Sin embargo, el de Lloret es el único que se sigue discutiendo porque es el único interpelante que fue reelecto y sigue siendo asambleísta. 

¿Quién es Richard Martínez?

Richard Martínez Alvarado fue Ministro de Economía y Finanzas desde mayo de 2018 hasta  el 7 de octubre de 2020. Nació en Loja y se graduó como economista de la Universidad Católica del Ecuador en Quito. Tiene un posgrado de Dirección de Empresas por la Universidad Técnica Equinoccial, también en la capital. Los dos títulos están registrados en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, (Senescyt). 

En su carta de renuncia, Martínez dijo que una vez reestructurada la deuda externa e identificado el financiamiento presupuestario de este año y los próximos, “la dolarización queda a buen recaudo”. Después de renunciar, Martínez asumió el cargo de vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un organismo multilateral que se enfoca en políticas de desarrollo. 

En la pandemia por el covid-19, Martínez lideró la negociación con los tenedores de la deuda ecuatoriana en bonos.  El 13 de agosto, los tenedores aceptaron el nuevo acuerdo que redujo el capital de la deuda en 1.500 millones de dólares —de 17.374 a 15.835 millones. 

También bajó la tasa de interés promedio de 9,3 a 5,2%, amplió el plazo máximo por 10 años más y dio 5 años de gracia para el pago de capital. Martínez dijo que el acuerdo de renegociación de deuda planteado por Ecuador obtuvo el 97,85% de aprobación de los tenedores de bonos. Hoy, Lloret se comprometió a “develar una serie de manejos oscuros de parte de Martínez sobre el manejo de la deuda” una vez que termine el juicio político, pero no dio más detalles.