Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazó las denuncias en contra de Jorge Yunda, alcalde de Quito, por presuntas infracciones electorales muy graves. La noche de ayer, 22 de septiembre de 2021, el juez Arturo Cabrera decidió negar las dos denuncias presentadas por Jéssica Jaramillo y Sara Serrano en contra de Yunda.
El proceso comenzó después de que Jaramillo —representante del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, el colectivo que comenzó con el proceso de remoción de Yunda— y Serrano —miembro del Cabildo Cívico del Centro Histórico de Quito— denunciaron al Alcalde ante el TCE por no acatar la decisión que el Tribunal tomó el 1 de junio pasado cuando ratificó la remoción de Yunda de su cargo. Yunda habría incumplido la orden del TCE al regresar a la alcaldía 11 días después de estar removido.
Las denuncias fueron presentadas por separado, pero el TCE las tramitó como un solo caso.
Según el Código de la Democracia, las infracciones electorales muy graves se sancionan con una multa de entre 21 y 70 salarios básicos unificados —entre 8.400 y 28 mil dólares. Además de la destitución y la posible suspensión de los derechos de participación desde dos hasta cuatro años para el acusado. En este caso, el TCE podía resolver la destitución de Jorge Yunda como alcalde.
¿Qué dice la sentencia del TCE?
En la sentencia emitida anoche, el juez Cabrera dice que las pruebas presentadas por los denunciantes deben “llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidas”. Añade que las denunciantes tenían la obligación de comprobar los hechos que plantean en sus denuncias.
En la sentencia, el juez concluye que después hacer un análisis exhaustivo de las denuncias y de los documentos, “no ha encontrado nexos de responsabilidad en el cometimiento de conducta antijurídica alguna que violente disposiciones legitimas de autoridad electoral o que irespete o incumpla sentencias del Tribunal Contencioso Electoral”. Es decir, las pruebas suficientes para conectar a Yunda con la infracción electoral de la que se le acusa.
El juez Cabrera dijo que las pruebas que pretenden evidenciar las acciones y omisiones que están tipificadas en el Código de la Democracia —como las infracciones electorales muy graves de las que acusan a Yunda— deben “tener la fortaleza suficiente, deben ser varias, contundentes e identificar claramente los nexos de responsabilidad de la persona a quien se inculpa”. Esas circunstancias, dice la sentencia, no se han cumplido en las denuncias presentadas por Jaramillo y Serrano.
La sentencia también dice que hay recursos sobre el caso que todavía se están tramitando a nivel judicial. Uno de esos es la acción de protección presentada por Santiago Guarderas —quien asumió el cargo de Alcalde de Quito por los 11 días que Yunda estuvo removido— que está en proceso de análisis en la Corte Constitucional. El juez dijo que para respetar sus competencias, como autoridad de la función Electoral no Judicial, se abstiene de pronunciarse sobre esa parte del caso.
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¿Qué decía la denuncia de Jaramillo y Serrano?
El pasado 9 de septiembre, el día que se instaló la audiencia del caso, Jéssica Jaramillo dijo que Yunda incumplió la disposición que lo inhabilitaba como alcalde cuando la Corte Provincial de Justicia le otorgó una acción de protección a Yunda que detuvo su remoción.
Ese fallo ratificó a Yunda en su cargo, pese a que 11 días antes se habían revocado las medidas cautelares a favor de Yunda —que frenaron la decisión del Concejo Metropolitano de Quito de removerlo— y a que el TCE había ordenado que su fallo sea ejecutado y que se Guarderas se posesione como el nuevo alcalde.
La denuncia de Sara Serrano dice algo similar. En su denuncia, Serrano dice que Yunda presentó dos “ilegales e ilegítimas acciones constitucionales con sorteos irregulares”. Serrano se refería a las acusaciones de irregularidades denunciadas por el Consejo de la Judicatura sobre el sorteo de jueces para el caso y el ingreso del caso al sistema judicial. Esas acusaciones provocaron que se suspendan a varios funcionarios judiciales.
En su denuncia, Serraño añade que Yunda burló la “majestad y las competencias” del TCE y generó un “conflicto jurídico de impresentables consecuencias” cuando regresó a la Alcaldía de Quito con la acción de protección que le dio la Corte Provincial.
