Hoy, 16 de septiembre de 2021, la organización por los derechos humanos Equality Now presentó el informe Fracaso en la protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las América. El reporte revela, con testimonios e historias reales, que la discriminación y violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes continúan existiendo en el continente porque no hay suficientes leyes o políticas públicas que busquen protegerlas.
Para hacer este informe, Equality Now no solo usó los testimonios de sobrevivientes y víctimas de violencia sexual en las Américas. También analizó las brechas y vacíos en las leyes de varios países en materia de violencia sexual que han permitido que muchos casos de violencia queden en la impunidad. Aunque los datos no fueron recogidos en todos los países de la región, según el informe, es probable que los hallazgos sean los mismos en los lugares donde no se hizo la investigación.
Las brechas en las leyes
Uno de los hallazgos más importantes del informe es que existen brechas en las leyes que reducen las posibilidades de proteger a las niñas y adolescentes de la violencia sexual. Según el informe, casi el 40% de los lugares que formaron parte de la investigación tienen en sus leyes disposiciones discriminatorias de violencia sexual que establecen penas menores para cierta clase de agresores.
Por ejemplo, dice el informe, hay violadores que son juzgados por el delito de estupro en lugar de violación para que su pena sea menor. El estupro es un delito sexual que sucede cuando una persona —por lo general, mayor de edad— tiene relaciones sexuales con un adolescente o menor de edad que consiente la relación a través de engaños o el abuso de poder.
El informe también dice que las legislaciones no son claras. El 23% de los lugares tenían leyes confusas sobre relaciones sexuales no consentidas con menores de edad y cuáles son las edades mínimas para consentir una relación sexual. Según el informe, la ambigüedad de las leyes podría resultar en “lagunas en la protección” contra delitos de violencia sexual.
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El informe dice que los vacíos legales y el carácter discriminatorio de las leyes causa que los jueces, fiscales y otros funcionarios les nieguen el acceso a la justicia a las víctimas de violación. Además, según el informe, muchos operadores de los sistemas judiciales perpetúan el mito de que las adolescentes son “peligrosamente seductoras y manipuladoras y que se aprovechan de los hombres adultos indefensos”.
El informe asguera que estos mitos no solo son nocivos sino que también generan repercusiones en el sistema de justicia y aumentan la discriminación contra las mujeres, en particular, las adolescentes.
Las definiciones limitadas de la violencia sexual
Otro hallazgo relevante del informe es que la falta de definiciones completas sobre la violencia sexual es otro factor que contribuye a la impunidad de los agresores.
El informe dice que en el 53,5% de los lugares investigados, las leyes sobre la violación sexual exigen el uso de violencia adicional como amenazas y restricciones físicas para que el delito sea juzgado como violación. Si no existen estos factores, dice el informe, no se juzga como violación aunque no haya habido consentimiento por parte de la víctima. El consentimiento, según la organización Planned Parenthood, es un acuerdo al que deben llegar las personas para participar en una actividad sexual.
Según el informe, el consentimiento no se define en la mayoría de leyes del continente americano, y en las que sí, no siempre se toma en cuenta las circunstancias —como el chantaje y la fuerza— bajo las que se dio consentimiento.
El informe asegura que requerir que las sobrevivientes y víctimas de violación prueben que hubo violencia adicional —además de la sexual— limita que el delito sea juzgado con éxito.
Obstáculos para acceder a la justicia
El informe encontró que los sistemas legales en América tienen “disposiciones problemáticas” que contribuyen a la falta de justicia para las sobrevivientes. Algunas de ellas son:
- Leyes que no criminalizan la violación conyugal o entre parejas íntimas.
- Leyes que prescriben en periodos cortos y por ende limitan los plazos en que las víctimas pueden acceder a procesos legales en casos de violación.
- Leyes sobre violencia sexual que no se aplican de manera eficaz.
- Leyes que permiten poner en libertad a los agresores bajo ciertas circunstancias como: casarse con la víctima, reconciliarse u obtener el perdón de la víctima.
- Leyes que necesitan de una declaración de la víctima para iniciar la investigación de delitos de violencia sexual.
- Restricciones en los procesos judiciales que limitan la capacidad de las niñas y adolescentes de denunciar delitos de violencia sexual.
Revelaciones sobre violencia, embarazo adolescente, explotación sexual e incesto
El informe dice que según un datos de las Naciones Unidas de 2021, la prevalencia de la violencia sexual entre personas que son pareja y entre personas que sí lo son es mayor en la región de las Américas en comparación con los cálculos mundiales.
El informe también revela que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). alrededor de 15 millones de niñas y adolescentes entre los 15 y 19 años han experimentado “sexo forzado” alrededor del mundo.
Además, en América Latina y el Caribe, la violencia sexual se evidencia con el aumento en el número de embarazos de niñas, jóvenes y adolescentes. El informe dice que es la única región del mundo que tiene una tendencia creciente de partos de niñas menores de 15 años. También tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en el mundo.
Según el informe, la pandemia por el covid-19 también ha aumentado los casos de violencia sexual en el continente y en el mundo. Datos de ONU Mujeres muestran que desde que empezó el brote de coronavirus, la violencia contra las mujeres y niñas se ha intensificado en los países que tenían medidas estrictas de cuarentena y limitaciones de la movilización. En todo el mundo, 243 millones de mujeres entre 15 y 49 años dijeron que fueron violentadas física o sexualmente por sus parejas en los últimos 12 meses.
Otro hallazgo importante del informe es la explotación sexual. El documento muestra que en contextos de pobreza, muchas mujeres y niñas son vulnerables a ser explotadas sexualmente. En el Caribe, dice el informe, esto es más evidente porque hay un “problema generalizado” de sexo transaccional entre niñas de 12 y 15 años con hombres entre los 30 y 60 años.
El incesto también agudiza la violencia sexual en el continente, dice el informe. Sin embargo, al ocurrir dentro del círculo familiar, la pena o la vergüenza, permite que el delito se oculte y se mantenga en silencio. Además, las víctimas de incesto no siempre conocen sus derechos y en algunos casos incluso no saben que lo que les ocurrió es un delito.
