Cuando la Asamblea Nacional terminó sus funciones en mayo pasado, dejó la barra bajísima: apenas 3% de la gente creía en ella. Con ese legado, nadie esperaba demasiado del nuevo período. Sin embargo, los primeros escándalos, el incumplimiento y la incapacidad de tomar responsabilidad de varios legisladores, rompen incluso las pocas expectativas en estos primeros 100 días de la Asamblea Nacional.

El último escándalo —la cereza del pastel de estos 115 días desde su posesión—  lo destapó un reportaje del portal Periodismo de Investigación (PI) que revela que, al menos 32 asambleístas en funciones tienen cuentas pendientes con la Contraloría General del Estado — la entidad encargada de controlar el buen uso de los fondos públicos. Según el reportaje, varios asambleístas de UNES, Pachakutik, Partido Social Cristiano e Izquierda Democrática, tienen glosas que van de los 33 mil hasta los 34 millones de dólares. Las glosas son montos que un funcionario público debe pagar al Estado tras determinar que ha hecho mal uso de fondos públicos y que, por lo tanto, debe devolverlos. 

La legitimidad del trabajo de la Contraloría, sin embargo, también está en tela de duda, después de que su máxima autoridad, Pablo Celi, fuera detenido en medio de una investigación por presunta delincuencia organizada en una red que recibía sobornos a cambio de desvanecer glosas. Es evidente que nos preguntemos si podemos fiarnos de sus informes y auditorías, o si fueron glosados únicamente aquellos que no formaron parte de la red. Queda la duda —y la discusión para otra ocasión— del uso de fondos públicos, pues los tentáculos de la corrupción parecen alcanzar varias entidades públicas que debilitan por completo la institucionalidad. 

Sobre estas investigaciones de la Contraloría ya había hecho una advertencia el presidente de la comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que aseguraba que hay más de 15 asambleístas con expedientes en esa entidad. 

El reportaje dice también hay varios procesos legales en contra de legisladores en funciones, entre ellos, Carlos Falquez del PSC —quien fue Alcalde de Machala entre 2005 y 2014— tiene 25 juicios de coactiva —un procedimiento administrativo para hacer efectivo el pago de una deuda ; Humberto Alvarado Espinel y Roberto Cuero, ambos de UNES, tienen, respectivamente 5 y 15 juicios por coactiva. 

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Lo que expone el reportaje se suma a los señalamientos en contra de otros asambleístas. Bella Jiménez, segunda vicepresidenta de la Asamblea, fue involucrada en presuntos actos de corrupción. La asambleísta por la Izquierda Democrática habría recibido pagos indebidos a cambio de puestos en la Asamblea Nacional. Tras el escándalo que la involucró, fue expulsada de la organización política con la que llegó al Palacio Legislativo, y el viernes 3 de septiembre, la Fiscalía allanó su departamento y su oficina en la Asamblea.

Otro de los asambleístas señalados es Darwin Pereira, de Pachakutik, cuyo asesor habría gestionado cargos públicos en su nombre. Pereira ha dicho que no tiene control sobre lo que hacen sus asesores y anunció que el colaborador señalado fue separado de su equipo.

Elías Jachero —separado de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y ahora parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN)— es el tercer asambleísta señalado por presunta gestión de cargos públicos, es decir, por, supuestamente ofrecer cargos a terceros en entidades públicas, lo que está expresamente prohibido por el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La misma acusación pesa en contra un asesor del asambleísta independiente  Mariano Curicama, exprefecto de Chimborazo. El asesor supuestamente habría gestionado cargos en el Ministerio de Agricultura. Curicama lo ha defendido públicamente. Curicama es, además, otro de los legisladores señalados por el reportaje de PI. Según el medio, tiene glosas por más de 66 mil dólares. Este legislador, fue además sentenciado, a inicios de julio de este año, por la Corte Provincial de Chimborazo, a tres meses de prisión por el delito de concusión, por haber supuestamente pedido diezmos a sus colaboradores cuando era prefecto de esa provincia. La sentencia aún no está en firme.

Tras los señalamientos a varios de sus colegas, el legislador de Pachakutik, Ricardo Vanegas, más preocupado por la difusión de los chats y audios de conversaciones de los asambleístas señalados que de averiguar posibles faltas éticas o legales, pidió a la Fiscal General, Diana Salazar, que inicie una investigación para determinar si existen personas o grupo de personas dedicadas a interceptar llamadas a los 137 asambleístas sin que haya orden judicial.

Estos señalamientos a cuatro asambleístas se suman a declaraciones desafortunadas de otros legisladores. Rosa Cerda de Pachakutik dijo a los simpatizantes que habían asistido a la convención provincial de esa organización política, “si roban, roben bien, justifiquen bien, pero que no se dejen ver las cosas, compañeros”. Eso le valió una sanción por parte del Consejo de la Administración Legislativa (CAL): ocho días de suspensión de la Asamblea, sin sueldo. Ella dijo que sus declaraciones “habían sido sacadas de contexto” y que fue “víctima de un ataque indiscriminado al que los medios de comunicación se han prestado”. Como ella, Pereira y Jiménez también culparon a  otros: Pereira dijo, en una entrevista, que “no se puede inculpar a alguien y hacerle linchamiento mediático” y Jiménez, en lugar de dar explicaciones, amenazó con acciones legales a “todas las personas que han manchado mi honra, van a tener que pagar ante la justicia”. 

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La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, también se deslindó de responsabilidades cuando su coideario, Bruno Segovia, hizo público que Llori había iniciado un proceso de compra de seis vehículos de alta gama, por un valor de 60 mil dólares cada uno. Aunque la Comisión de Fiscalización de la Asamblea confirmó que se había iniciado un proceso de compra, Llori lo negó y acusó a Segovia y a Fernando Villavicencio, presidente de esa comisión, de violencia política

¿Cómo se puede confiar en legisladores que no asumen sus responsabilidades cuando se equivocan? ¿Cómo podemos fiarnos de una legislatura transparente y eficiente si quienes son parte de ella no son capaces ni siquiera de ser transparentes con sus propias acciones? 

Los señalamientos por presuntos actos irregulares o cuestionables éticamente, no son los únicos. El Observatorio Legislativo hizo un informe sobre estos 100 días de la Asamblea y allí señala a los asambleístas que menos asisten a las votaciones en el pleno: Guadalupe Llori es la legisladora que más se ausenta del pleno. De cada 10 sesiones que hay, ella no asiste a 3. Le siguen Bruno Segovia de Pachakutik (23.4% de ausencias); César Rohon, separado del PSC (22.4% de ausencias); Esteban Torres, del PSC (19.6%) y Bella Jiménez (18.7%).

Además, esta Asamblea tenía 30 días para aplicar varios mecanismos de transparencia que fueron aprobados en el período pasado a través de las reformas a la Ley Orgánica Función Legislativa y no ha cumplido. Uno de estos, es crear un sitio web en el que se puedan constatar las actas de quórum —es decir quiénes estuvieron presentes al momento de discutir un proyecto o hacer una votación. Esas actas permiten también ver quiénes llegaron a tiempo a la convocatoria del pleno. Otro de los mandatos de las reformas era publicar las agendas semanales de los asambleístas y declarar los conflictos de interés —de tal modo que los legisladores puedan excusarse de votaciones en las que podrían tener ese tipo de conflictos—, además de publicar las actas de votaciones en las comisiones. Nada de eso ha cumplido la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos esperar de su trabajo si no es capaz ni siquiera de implementar aquello que les compete directamente? ¿Cómo pueden exigir transparencia a los funcionarios públicos a los que deben fiscalizar  si no son capaces de practicar lo que predican, y de paso, de cumplir la Ley?

El desgaste se empezó a ver incluso antes de estos escándalos: la aprobación de la gestión de la presidenta de la Asamblea bajó de 42% en junio pasado a 31% a inicios de agosto, según Cedatos. La credibilidad en la palabra de los asambleístas también se redujo: pasó de 23.5% en junio, a 20.9% a inicios de agosto. Aunque las cifras son mejores que la Asamblea saliente, no son muy alentadoras. Que apenas 2 de cada 10 ecuatorianos crea en la palabra de los asambleístas, no deja de ser un reflejo preocupante del nivel de confianza en una institución fundamental para la democracia, pero difícilmente se puede dar un voto de confianza a una institución cuyos miembros son cuestionados en su probidad. 

Los escándalos, acusaciones, señalamientos e incumplimientos apenas a los 100 días de haber empezado el período, advierten un camino sinuoso y opaco; una gestión rodeada de dudas que hieren a la institucionalidad y a la democracia. Ojalá las primeras advertencias de lo que podría ser todo el período legislativo sirvan para que la Asamblea tome decisiones urgentes capaces de enderezar el rumbo para los próximos tres años nueve meses que aún le quedan.