La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) detalló a través de un comunicado de prensa el monto aprobado para la educación universitaria para este 2021. El comunicado fue difundido ayer, 23 de agosto, cuando ocho universidades particulares ecuatorianas anunciaron que el Consejo de Educación Superior (CES) redujo el presupuesto que recibían para dar becas a estudiantes de escasos recursos. 

En el comunicado la Senescyt dice que el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas ha pasado de 1.077 millones de dólares en el 2020 a 1.106 millones de dólares en el 2021″.

Además detalla los  recursos públicos que se entregan a las universidades y escuelas politécnicas corresponden a:

  • Impuesto al valor agregado recaudado: 429 millones
  • Recaudación de impuesto a la renta: 408 millones
  • Compensación por gratuidad:184 millones
  • Compensación por funcionamiento:39 millones
  • Compensación por donaciones de impuesto a la renta: 46 millones

En el comunicado se explica que el único rubro que ha disminuido en el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas en comparación con el 2020 es en la recaudación en el impuesto a la renta.

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La Constitución dice que las universidades particulares que “reciban asignaciones y rentas del Estado” deben destinar los recursos “a la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos económicos desde el inicio de la carrera”.

El comunicado también explica que el Gobierno propuso al Consejo de Educación Superior (CES) redistribuir los recursos para favorecer a las universidades y escuelas politécnicas públicas, «mientras se definen mecanismos de compensación para la proforma 2022».

El CES y la Senescyt son entidades diferentes e independientes. Según la Ley Orgánica de Educación Superior, dice que el CES se encarga de tomar las decisión de cómo se van a distribuir los recursos económicos. Mientras que la Senescyt coordina con el Ministerio de  Finanzas a dónde van esos recursos.

Según establece la Ley del Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico la educación superior se alimenta  de los ingresos tributarios y de ese fondo se distribuye en el presupuesto a las universidades públicas y  las cofinanciadas.

Rina Pazos, experta en políticas de educación superior, explica que la distribución del presupuesto hay una fórmula matemática que toma en consideración varias variables como productividad, investigación entre otros. Como consecuencia a estos criterios de distribución unas universidades pueden recibir más que otras. O como acaba de suceder: se le quita una para darle a otra pero el monto global no se ve afectado.

Aunque es posible  modificar los porcentajes de participación de los grupos de universidades —cofinanciadas, públicas,  posgrado— y que acorde al desempeño de las universidades puede variarlo que reciben cada año. “Unas pueden recibir un poco más y otras un poco menos. Pero lo grave de la decisión es que se baja drásticamente al 0 por ciento del IVA a las cofinanciadas y eso no tiene que ver con el desempeño”. 

 Aunque haya un aumento en el presupuesto es el CES quien decide cómo se distribuye, sin embargo el Gobierno de Guillermo Lasso no ha aclarado qué pasará con los estudiantes  que se beneficiaban de las becas de las universidades cofinanciadas.