“Las mujeres depositan más dinero que los hombres, pero reciben menos crédito, y menos monto cuando solicitan un crédito”

La inclusión financiera es un factor determinante para la autonomía económica de las mujeres. Por eso, facilitar el acceso a productos y servicios financieros —como microcréditos  para emprendimientos— permitiría a las mujeres ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar. Sin embargo, la inclusión de la mujer en el sistema financiero es un desafío que enfrenta América Latina porque es uno de los grupos más excluidos, según el Banco de Desarrollo de América Latina.

Estudios del Banco Mundial explican que en América Latina solo el 49% de las mujeres tiene una cuenta bancaria.

Margarita Hernández es superintendenta de Economía Popular y Solidaria, el organismo que supervisa y controla las entidades del sector financiero popular y solidario, como las cooperativas y las mutualistas, para garantizar su sostenibilidad y correcto funcionamiento. La Superintendencia está conformada por 507 entidades entre cooperativas y mutualistas, que tienen más de 19 mil millones en activos y una cartera de crédito por más de 3.300 millones de dólares. A las cooperativas y mutualistas están vinculadas 5.100.000 personas naturales o jurídicas, también llamados “socios”. 

En esta entrevista, Hernández explica cuál es la situación de las mujeres emprendedoras en el sector bancario de cooperativas y mutualistas a nivel nacional. Y habla de la importancia que tiene acceder a un crédito para cambiar la calidad de ellas y de sus familias.  

Margarita Hernández es doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un MBA en Gerencia Internacional de la Universidad de Economía y Ecología de la universidad Nürtingen-Geislingen, de Alemania. 

¿Cómo afecta la violencia de género a la inclusión financiera de la mujer?

Las brechas de inclusión financiera se agravan más cuando hay violencia de género porque crean un impedimento para  que la mujer acceda a créditos. Este se manifiesta a través de la violencia económica o patrimonial, cuyo centro es impedir el acceso de la mujer a ciertas condiciones o con ciertas estructuras que le permiten vincularse directamente al sistema financiero a través de un crédito. 

Actualmente ¿cuál es la brecha de género en el sector de la economía popular y solidaria?

Es interesante analizar este parámetro porque del total de socios que componen el sistema financiero de la economía popular y solidaria el 45,74% son mujeres y el 51,81% son hombres. Sin embargo, si vemos las características de los sujetos de crédito vamos a notar que  por saldo de la cartera de crédito —a las personas que les dan un préstamo— el 59,82% está colocado en hombres y el 39,04% en mujeres. Cuando contrastamos esta información  con la de los depositantes nos damos cuenta de que por saldo de depósitos el 40,02% les pertenece a los hombres y el 44,70% a las mujeres. Es decir, las mujeres depositan más, pero reciben menos crédito, y reciben menos monto cuando solicitan un crédito.

Los créditos que se colocan en mujeres son en promedio un 20% menores del monto que los otorgados en hombres y la mayoría de créditos son para microcréditos. Este análisis comparativo incluye las brechas, ya que aunque las mujeres son depositantes del sector, tienen cuentas y acceso al sistema financiero formal, no acceden en la misma proporción o en la misma medida a un crédito que los hombres.

¿Cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a un microcrédito?

Entre las barreras más marcadas están las formales, es decir, que la normativa les exija a las mujeres que tengan o dispongan de un bien en la sociedad conyugal o la tenencia o disposición de bienes propios. Desde la Superintendencia trabajamos por eliminar esas barreras regulatorias para que estos obstáculos no estén establecidos en la normativa del sistema financiero, sino en otras normativas legales.

Un ejemplo es el Código Civil que establece que en una sociedad conyugal uno de los miembros  puede administrar los bienes. Al momento que existe un administrador de los bienes de la sociedad conyugal, la otra parte requiere de una autorización para poder endeudarse y normalmente es la mujer quien requiere de esta autorización. En el caso de no existir o que se dude de esa autorización no es posible que acceda a un crédito, por lo que si ella no es la administradora de los bienes de la sociedad conyugal, no tiene ese patrimonio como respaldo para un crédito.

¿Es por eso que las mujeres requieren de la firma de su esposo para poder acceder a un crédito?

Ese es un síntoma. La firma es un tema formal. ¿Qué significa la firma? En muchos casos firmar el formulario es la primera barrera del crédito porque este ya establece que el solicitante y su cónyuge quieren acceder al crédito, y aún no estamos hablando de una garantía. Estamos solamente hablando de requerir el crédito porque posiblemente requerirlo involucre un compromiso de los bienes de la sociedad conyugal, y ahí arrancan los siguientes problemas. Entonces esto que la gente coloquialmente llama ‘la firma’ tiene muchas implicaciones y puede presentarse en muchas partes del proceso.

¿Qué pueden hacer las mujeres que tienen este tipo de dificultades para acceder a un préstamo o un microcrédito?

En el sistema financiero de la economía popular y solidaria hay productos de crédito que “piensan” en esa situación de las mujeres porque ellas tienen otros problemas, además de la violencia económica o la negativa de que el hombre no las apoye en el proyecto específico para el cual requiere un crédito. 

En nuestro país es común ver mujeres casadas que ya no viven con el marido y no tienen posibilidad de tener esa firma. También, están los casos de los maridos que migraron al extranjero y se fueron sin firmar un poder de administración para la mujer o algún otro pariente; o el marido que abandonó el hogar cuya situación o localización actual no es conocida por la mujer. Por todas estas eventualidades, la mujer casada estaría en una situación de desventaja por el simple hecho de haberse constituido la sociedad conyugal. Sin embargo, las cooperativas y mutualistas ya tienen productos específicos que entienden estas particularidades y les dan una salida.

Dentro de las entidades que nosotros controlamos,  por ejemplo hay el caso particular de una cooperativa que diseñó una metodología de acceso a crédito para este tipo de mujeres que están sometidas a violencia física o violencia económica, que permite la validación del crédito con la garantía del 50% de la propiedad de la sociedad conyugal. Ese 50% es el que le correspondería a esa mujer. Es decir, el préstamo se le da a una mujer suponiendo que el 50% de la casa en la que vive es de ella y la otra mitad del esposo.

¿Qué significa para una mujer acceder a un préstamo o un microcrédito?

Le voy a hablar de mi  situación personal como ejemplo. Si yo tengo casa es porque alguien me dio un préstamo. Si yo tengo un carro es porque alguien me dio un préstamo. La posibilidad de acceder a un crédito  es la posibilidad de cambiar la condición económica, no solo de la persona, sino de la familia y de transformar su realidad.

La inclusión financiera está vista como una herramienta, como una llave no mágica pero muy importante para transformar las realidades de los países y los indicadores económicos. A nivel comercial nos muestran que mientras más inclusión financiera existe hay más desarrollo y mientras más información financiera hay para la mujer mejores condiciones tiene no solo las mujeres sino toda su familia.

Además, la mujer como sujeto de crédito tiene unas particularidades que son virtuosas y que se reconocen a nivel internacional 

¿Cuáles son estas características?

El crédito otorgado a las mujeres tiene un mejor uso en comparación a los créditos dados a los hombres, porque el dinero que recibe el hombre es para comprar el televisor, celular o para el accesorio del carro.

La mujer va a pedir un crédito para la máquina de coser, para poder trabajar y mantener a los hijos, porque entiende que un crédito le va a permitir educar a sus hijos, mejorar las condiciones de alimentación de su familia y, por supuesto, le puede cambiar la realidad. Ese es el verdadero enfoque y ya hay metodologías de crédito que piensan en eso.

¿Qué otra característica podría nombrar?

Es probable que la mujer deje de pagar el crédito porque el hijo se enfermó o porque el hijo tiene una necesidad de gasto relacionado con la educación, pero eso precisamente es lo que hace que la mujer sea mejor sujeto de crédito ya que administra las prioridades. 

Cuando tenga una urgencia va a priorizar esa urgencia, pero el resto del tiempo va a pensar el crédito porque sabe lo que significa y porque entiende la ventaja de acceder al sistema financiero y poder tener un crédito y porque quiere mantenerse como buen sujeto de crédito para volver a recibir otra operación.

Y las ventajas de eso lo entiende cualquier persona que ha tenido acceso a un crédito formal o informal. Lastimosamente en nuestro país conviven ambos modos, pero quien accede al crédito sabe lo que eso significa.

¿Por qué las cooperativas o mutualistas no dan más crédito a mujeres si tienen esta características?

De los datos que nosotros tenemos en este momento el 20% de las cooperativas que controlamos han desarrollado productos financieros enfocados en el mercado de las mujeres y  tienen esta línea para emprendedoras; es decir, hay un aumento porque se han dado cuenta de esta característica de la mujer.

Estos créditos individuales que se enfocan en las mujeres emprendedoras buscan brindarles oportunidades de autoempleo y que mejoren su capacidad económica, pero además es un buen negocio porque las mujeres son buenas pagadoras porque objetivizan mejor y administran la casa y el negocio.