Dimitri Hérard, jefe de seguridad del asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, se movilizaba por el mundo con una cédula ecuatoriana dijo el presidente Guillermo Lasso en una entrevista con CNN en español el 22 de julio. Según el Presidente, el documento había sido obtenido legítimamente por Hérard.
El 10 de julio, la revista Semana de Colombia publicó un artículo en el que asegura que Hérard hacía constantes viajes a Quito.
Él fue detenido como uno de los principales sospechosos del asesinato de Moïse que ocurrió el pasado 7 de julio. Según Semana, el viaje más reciente de Hérard a Ecuador había sido alrededor del 4 de junio. Ese día viajaron hacia Puerto Príncipe, capital de Haití, la mayoría de los acusados colombianos de participar en el asesinato del presidente Moïse.
En la entrevista, Lasso dijo que el país está dispuesto a contribuir con las investigaciones del magnicidio de Moïse. Evento al que describió como “algo absolutamente inaceptable”.
Así fueron los viajes de Hérard
Según Semana, las autoridades de Haití tienen pruebas de los viajes que habría hecho entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2021. El militar viajaba a Quito con escala en Bogotá, capital de Colombia.
Además, Hérard viajó entre el 22 y el 29 de mayo de este año. Semana dice que en esas dos ocasiones, Hérard estuvo dos días en Quito. Moïse asistió a la posesión de Guillermo Lasso —que se hizo el 24 de ese mes—, pero todavía no se ha confirmado si Hérard vino al país con la comitiva oficial.
La relación de Hérard con Ecuador
Dimitri Hérard también estuvo en Quito en 2012. Fue parte de los 10 oficiales y 30 soldados haitianos que recibieron formación e instrucción en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito, y en la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”, en Ambato.
Según la revista Ejército Nacional, recibieron esas capacitaciones para continuar la Misión de Apoyo para la Reconstrucción de Haití-Ecuador (Marhec).
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El magnicidio y las investigaciones
Jovenel Moïse, fue asesinado la madrugada del 7 de julio, en su casa en Puerto Príncipe. Él y su esposa, Martine, fueron atacados. Martine Moïse fue gravemente herida, pero sobrevivió.
Moïse fue enterrado hoy en medio de protestas organizadas por sus detractores. Las delegaciones de Estados Unidos y de otros países tuvieron que retirarse cuando se escucharon disparos. Según Reuters, la Policía le lanzó gas a los manifestantes para controlarlos.
En el asesinato de Moïse habría casi 30 personas involucradas, según las autoridades ecuatorianas. Entre los sospechosos hay colombianos y estadounidenses de origen haitiano. Además de Hérard, está detenido el médico haitiáno Christian Emmanuel Sanon —quien sería el cerebro de la operación junto a otros funcionarios.
El diario El País, de España, dijo que un empresario de origen ecuatoriano que vive en Estados Unidos desde su infancia, es uno de los sospechosos de financiar el ataque contra Moïse.
Se trataría de Walter Veintemilla, que dirige Worldwide Capital Lending Group, una compañía de préstamos de Miami. El País dice que a esa empresa habrían recurrido el médico Sanon y Antonio Intriago —un venezolano que dirige la empresa de seguridad CTU Security, quien habría contratado a los asesinos— para obtener un préstamo y financiar el magnicidio.
El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, le dijo al diario estadounidense Miami Herald que su cliente le dio dos préstamos a la compañía de Intriago y a Sanon para lo que él creía que sería un plan para reemplazar al entonces Presidente de Haití en una transición pacífica del poder. Según Nicholson, “nunca se habló o se sugirió un plan que contemplase un derrocamiento violento del Gobierno haitiano o asesinar al presidente”. Además, aseguró que su cliente no tenía nada que ver con el magnicidio.
En la entrevista con CNN, Lasso dijo que “como Presidente y país estamos dispuestos a colaborar con las autoridades de Haití y con todo proceso internacional que investigue y aclare este magnicidio”. Sin embargo, le recordó a Fernando del Rincón, quien conducía la entrevista, que la Fiscalía es un organismo independiente del Ejecutivo y que Diana Salazar, fiscal General de la Nación, será quien decida si se abre una investigación de oficio sobre este tema.
