El cargo del presidente requiere de un avión por demasiadas razones: visitas a otros jefes de Estado, cumbres, recorridos por el país y emergencias. La presidencia demanda horarios especiales, mayor acceso a más lugares y, por sobre todo, seguridad. No hay caso en debatirlo, por más polémica que haya generado el viaje el 20 de junio a Miami de Guillermo Lasso en el avión presidencial para una intervención quirúrgica. 

Fue en el avión que compró Rafael Correa en 2013 por 48 millones de dólares, por lo que el expresidente subió un tuit deseando “ la mejor de las suertes al presidente Lasso” y mencionando las críticas que Lasso hizo entonces a su compra. Pero el problema no es el uso o no de bienes del Estado para temas de interés público —como la salud del presidente— sino la manera en la que estos bienes se utilizan. Hasta ahora, en el vuelo de Lasso, ha habido transparencia. 

El manejo responsable de la plata pública fue uno de los primeros compromisos de Lasso. El Decreto Ejecutivo 4, firmado el 24 de Mayo, estableció en el Código de Ética que “los aviones presidenciales serán usados única y exclusivamente para asuntos de carácter oficial del Estado”. Para eso, se deben difundir las listas de las comitivas, las rutas del viaje, el destino y su propósito. Lasso viajó con su esposa, el edecán de la presidencia, su jefe de seguridad y la de la primera dama. Según el decreto Ejecutivo 86, para este viaje, la primera dama no recibió “viáticos de ninguna clase”. 

El presidente usó el avión presidencial por un tema de salud y, por ende, de seguridad. Por supuesto que es de interés público, más allá de nuestras opiniones sobre el Lasso —su salud y movilidad afectan directamente su trabajo. 

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Es fácil que la demagogia eclipse al debate. Ocurrió algo parecido a inicios de años cuando en plena campaña Andrés Arauz fijó un tuit quejándose del anuncio del entonces Secretario de gobierno Juan Sebastián Roldán de que el presidente Lenín Moreno se había vacunado.  “[…]el Presidente saliente @Lenin accedió a la vacuna contra la #COVID19 en primer lugar y a espaldas del pueblo del Ecuador. Nos indigna su accionar pero no nos sorprende,” escribió Arauz. Más allá de la opinión que se pueda tener sobre la gestión de Moreno, la vacunación del jefe de Estado ha sido prioritaria en el mundo entero por sentido común y responsabilidad pública. Para un presidente, vacunarse no es un privilegio, sino una obligación. 

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La presidencia demanda gastos especiales del sector público por definición. El reto y deber es un uso responsable de ese gasto. El tuit de Rafael Correa es como el de Arauz: tergiversa los hechos para denunciar el sentido común. E imposibilita el debate. En lógica, se conoce a este tipo de argumentación como falacia reductio ad absurdum u “hombre de paja”: llevar un argumento a su extremo, caricaturizarlo, para entonces refutarlo. En este caso, afirmar que se criticó al correísmo por hacer uso de los bienes del Estado, cuando las críticas eran a los sobreprecios, la falta de transparencia y los elefantes blancos. 

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¿Cuál era el debate al que se refiere Correa? Su gobierno compró un avión Falcon 7X en 2013 por 54 millones de dólares: 49 pagados por el ministerio de Finanzas y 4 y medio por el Grupo de Transporte Aéreo Especial de las Fuerzas Armadas. Hubo incluso sospechas de sobreprecio: el avión costó 14 millones más que el que compró Juan Manuel Santos en Colombia y que era más grande. 

Eran, entonces, dos aviones utilizados para comitivas muy frecuentes y para viajar a destinos inciertos. En un informe de Contraloría explican que los aviones se usaron de manera irregular, ya que, por ejemplo, de enero de 2012 (con el avión anterior) a mayo de 2017, 24 de 48 vuelos llegaron a paraísos fiscales como Panamá, Barbados y Trinidad y Tobago. Además, entre 2012 y 2015, Ricardo Patiño hizo viajes como Ministro de Relaciones Exteriores a paraísos fiscales sin explicar la razón. Y ahí está el detalle. 

Según El Comercio el destino más visitado del avión Legacy fue Cabo Verde, mientras que el nuevo Falcon 7X fue por sobre todo a Trinidad y Tobago. Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas, registró viajes a Luxemburgo, Barbados, Bahamas y Dubái, Emiratos Árabes, entre el 2016 y 2017, supuestamente para reunirse con directivos de organismos financieros internacionales y conseguir financiamiento para programas de inversión. ¿Cuáles? No se explica. ¿Por qué en destinos tan alejados, exóticos y fiscalparadisíacos? Tampoco se sabe. 

En redes, Correa no reculó. En un intercambio con Anderson Boscán, de la Posta, lo acusó de estar desesperado por explicar “las contradicciones de su jefe de turno”. Le recordó que Florida también es considerado “paraíso fiscal”. 

Nuevamente: en el detalle está la discusión más allá de la falacia. Las razones del viaje del presidente a Miami son de conocimiento público. Florida puede ser un paraíso fiscal —como muchos otros de los destinos de los aviones— pero ha habido transparencia en el estado de salud del presidente —a quien le sacarían un quiste en el área lumbar—, la intervención quirúrgica se hizo en el Hospital Jackson Memorial donde, anecdóticamente, nació su octavo nieto. 

La actividad y alcance de Correa en redes confirman que su gobierno seguirá siendo el referente de comparación de los primeros pasos de la presidencia de Lasso. Se compararán cada gesto y cada gasto. Y eso puede ser necesario para fiscalizar la administración de Lasso y obligarla a rendir cuentas. En este caso, sin embargo, las denuncias no tenían ni pies ni cabeza: el presidente tiene la obligación de usar los bienes públicos con responsabilidad y transparencia para hacer su trabajo. 

Esta vez lo hizo. Cuando no lo haga, cuando sus palabras crucen el desatino, deberá la prensa cuestionarlo abierta y duramente, como hizo con Correa y como lo hizo con Lenín Moreno: ese es el rol que debe cumplir en una democracia sólida.