Hoy, 28 de junio de 2021, Zaida Rovira, la defensora del Pueblo subrogante, presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Interrupción Legal Voluntaria del Embarazo por Violación. Rovira dijo que el proyecto se hizo con los aportes de expertos nacionales e internacionales, colectivos sociales y de la ciudadanía. 

El aborto en casos de violación fue despenalizado por la Corte Constitucional el pasado 28 de abril. El fallo escrito —publicado el 29 de abril— dice que la Defensoría del Pueblo debía presentar un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. La Defensoría tenía un plazo de dos meses desde notificada la sentencia para hacerlo. Es decir, ese plazo se vencía mañana. 

¿Qué dice el proyecto de ley?

El documento presentado por la Defensoría del Pueblo dice que el objetivo de la ley es “tutelar y proteger el derecho de las personas gestantes que deseen interrumpir legal y voluntariamente su embarazo en caso de violación”. Así, dice el proyecto, se garantizará el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

Estos son los requisitos para acceder a un aborto en caso de un embarazo producto de una violación, según el proyecto de ley

  • Si el embarazo es producto de una violación, la persona embarazada debe manifestar su decisión de querer interrumpirlo. 
  • El personal del sistema nacional de salud debe poner a su disposición la solicitud para hacerlo. Esa solicitud escrita no tendrá ningún costo. 
  • Si la persona que quiere abortar es menor a 12 años, no será necesaria la solicitud. 
  • No será necesario que exista una denuncia de violación para interrumpir el embarazo. En caso que sí exista, el documento será anexado a la solicitud “con fines netamente informativos”. 
  • Además de la solicitud, la mujer deberá presentar por escrito su conocimiento informado del procedimiento al que se va a someter. 
  • El documento no incluye la semana de gestión máxima hasta la que se podrá interrumpir el embarazo. En su fallo, la Corte Constitucional dijo que este límite era necesario, pero el tribunal no lo fijó porque dijo que no era su potestad. GK consultó a la Defensoría del Pueblo si habrá un máximo de tiempo para practicarse el aborto, pero hasta el cierre de este texto no hubo respuesta. En otros países como Argentina, esta semana está fijada en la 14. En Estados Unidos depende de cada estado, pero en promedio están entre la semana 20 y la 25. 

Una vez que se haya entregado la solicitud al personal de salud del establecimiento, los médicos tendrán un plazo de 6 días para hacer la intervención. El proyecto de ley dice que en caso de no poder hacerlo, el médico debe referir el caso inmediatamente al establecimiento médico más cercano que tenga las condiciones para llevarlo a cabo correctamente. 

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¿Qué derechos tienen las personas que quedaron embarazadas luego de una violación?

La interrupción legal y voluntaria del embarazo en casos de violación, dice el proyecto, se regirá por varios principios. Por ejemplo, el de confidencialidad porque se debe guardar el secreto profesional sobre toda la información entregada en la consulta médica. Eso incluye la relacionada con la violación que causó el embarazo. 

Además, se deberá respetar el principio de igualdad y no discriminación. El proyecto de ley dice que ninguna persona debe ser discriminada ni sus derechos pueden ser menoscabados. Se considerará como discriminación cualquier “distinción que carezca de justificación objetiva y razonable”. 

El proyecto de ley establece que las personas embarazadas que han sufrido una violación tienen el derecho a:

  • Tomar decisiones informadas sobre si desean interrumpir el embarazo en casos de violación. Deberán hacerlo sin coacción, discriminación, ni violencia de cualquier tipo.
  • Acceder a información profesional, objetiva, completa y oportuna para tomar esas decisiones.
  • Acceder libremente a un “proceso seguro, digno, aceptable culturalmente, accesible y asequible para interrumpir el embarazo”, según el proyecto. Si se toma esa decisión, la persona no debería tener ningún tipo de barreras socioeconómicas, geográficas, culturales ni físicas. Este servicio de salud debe ser universal y gratuito. 
  • Acompañamiento legal, psicológico y social. El proyecto dice que el tener ese apoyo antes, durante y después del procedimiento “garantizará que no exista el riesgo de repetición o revictimización”. 
  • También podrán acceder a las “facilidades necesarias para su recuperación integral física, moral, psicológica y sexual”. 

El proyecto de ley presentado hoy también incluye artículos que establecen los derechos de las niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, aquellas que pertenecen nacionalidades indígenas, las que están presas y las transgénero que quedaron embarazadas por una violación. 

¿Qué deberes y derechos tiene el personal de salud?

El proyecto presentado por la Defensoría del Pueblo dice que el personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Además, le asigna los siguientes deberes: 

  • Dar la información disponible a la persona sobre sus derechos. 
  • Informar los riesgos reales de la interrupción voluntaria del embarazo. 
  • Asegurarse que el procedimiento sea tratado en la mayor brevedad y por profesionales entrenados adecuadamente. 
  • Tener consentimiento informado —proceso médico en el que los pacientes tienen el derecho a conocer qué tipo de tratamiento se les realizará y si están de acuerdo o no— para hacer el procedimiento. 
  • Notificar a las autoridades sobre el delito de violación, en caso de que la embarazada lo pida expresamente, en un periodo máximo de 24 horas después de que se haya practicado el aborto. Sin embargo, no se podrá obligar a la víctima a que presente una denuncia.

El personal de salud tiene prohibido: 

  • Obstaculizar o dilatar el acceso de las mujeres al aborto en los casos en los que es legal.
  • Imponer requisitos adicionales a los establecidos en la ley. 
  • Alegar objeción de conciencia colectiva (cuando todo el personal médico de una institución se niega a hacer el procedimiento por convicciones filosóficas o religiosas).
  • Impedir que las personas accedan a la interrupción legal del embarazo en caso de violación. 

El proyecto de ley dice que el personal de salud tiene derecho a:

  • Ejercer la objeción de conciencia individual y mantenerla en los ámbitos públicos y privados en los que ejerza su profesión. 
  • Defenderse en los procesos administrativos y jurídicos que “se instauren en su contra por la mala o deficiente prestación de la interrupción legal del embarazo”. 
  • Guardar confidencialidad sobre la información entregada por los pacientes y no ser presionados para revelarla. 

El proyecto de ley también incluye las responsabilidades de varias instituciones públicas incluyendo el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que serán parte del proceso. 

Además, la propuesta entregada hoy por la Defensoría del Pueblo incluye medidas para prevenir los embarazos productos de violación. Dice que las instituciones del sistema nacional de salud deben ofrecer anticoncepción de emergencia —como la pastilla del día después— de inmediato y hasta en un plazo máximo de 120 horas después de la violación. Para que la persona pueda decidir de forma libre e informada, le deben dar información completa sobre cómo utilizar este método. 

¿Qué pasará ahora?

El fallo de la Corte Constitucional dice que después de que el proyecto de ley sea presentado a la Asamblea, el Legislativo debe tratarlo “con los más altos estándares de deliberación democrática” y aprobar una ley que regule la despenalización del aborto por violación, “respetando los criterios establecidos en la decisión” del principal tribunal del país. 

Ahora que ya fue presentado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe calificar el proyecto de ley a trámite. Tiene 30 días para hacerlo. Si lo admite, el documento pasará a una comisión legislativa en la que se hará el informe que será utilizado en el primer debate del pleno. 

Después la misma comisión analizará las observaciones presentadas en el debate y hará un segundo informe que también se discutirá en el pleno. Ahí se decidirá si se lo archiva o si se aprueba de forma íntegra, por títulos, por capítulos, secciones o artículos. La sentencia de la Corte Constitucional dice que la Asamblea tiene un plazo máximo de 6 meses para tratar el proyecto de ley. El límite es diciembre de 2021. El aborto por violación de despenalizó inmediatamente después del fallo de la Corte Constitucional, pero hasta que la ley esté publicada, en el país no habrá una regulación sobre cómo se debe hacer. 

Si se aprueba, el proyecto será enviado al Ejecutivo. El presidente Guillermo Lasso podrá aprobarlo u objetarlo de forma total o parcial. Tiene 30 días para tomar esa decisión. Si se cumplen todos los plazos en la Asamblea y el Ejecutivo y no hay objeciones, la ley podría publicarse hasta enero de 2022.