La tarde de hoy, 15 de junio de 2020, un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia por delincuencia organizada contra Daniel Mendoza, exasambleísta del movimiento Alianza País.
El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por Mendoza y otros siete condenados a cárcel por ser encontrados autores del delito de delincuencia organizada. La Corte consideró “improcedente” el recurso, dice un comunicado de la Fiscalía General del Estado.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se comete el delito de delincuencia organizada cuando, mediante un acuerdo o concertación, se forma un grupo estructurado de dos o más personas para que permanente o reiteradamente financiar o planificar actividades delictivas sancionadas con cinco años (o más) de cárcel. El propósito de las estructuras de delincuencia organizada es que sus integrantes se beneficien económica o materialmente de la creación de la red.
Daniel Mendoza fue electo asambleísta en 2017. Representaba a la provincia de Manabí. El 9 de noviembre de 2020, Mendoza fue sentenciado por el caso denominado “Hospital de Pedernales”, en el que una trama de corrupción liderada por “funcionarios de elecciones popular”, según la Fiscalía, concertaban la contratación de empleados del Servicio de Contratación de Obras (Secob) para que estos, a su vez, otorguen contratos para obras del Hospital de Pedernales, por los cuales los miembros de la red ilícita recibían coimas. El hospital jamás se construyó.
Con la ratificación de la sentencia, Mendoza deberá cumplir 4 años y 2 meses de cárcel. Jennifer Cobeña, ex coordinadora zonal del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Ángel Andrade y José Santos estarán en prisión 3 años y 4 meses. Otros miembros de la red identificados como Edmundo Tamayo, Jean Carlos Benavides (quien fue asesor de Daniel Mendoza), Franklin Calderón y José Véliz recibieron una sentencia de 2 años y 10 meses de cárcel.
Noticias Más Recientes
Las excusas de los cortes de energía en Ecuador
De la sequía al sabotaje pasando por la ola de calor. Las explicaciones del gobierno de Noboa sobre los cortes de energía en Ecuador varían. Lee una cronología.
¿Cómo la ciudadanía puede involucrarse en la selección de autoridades?
Aunque el CPCCS debe garantizar la participación ciudadana en la designación de autoridades, en la práctica no siempre lo hace. ¿Cuál es el rol?
¿Qué pasaría si Colombia sale de la CAN?
La tensión entre Gustavo Petro y Daniel Noboa reabre el debate sobre la salida de Colombia de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos en comercio, precios y movilidad.
La investigación comenzó en junio de 2020. En esa fecha, la Fiscalía hizo varios allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caráquez y en Quito. Daniel Mendoza fue detenido luego de los operativos. También fue detenido Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
El 1 de junio de 2020, antes de los allanamientos, la Contraloría General del Estado emitió un informe con indicios de responsabilidad penal por irregularidades en contratos del hospital. Según el órgano de control, el Consorcio Pedernales-Manabí––encargado de la construcción del Hospital de Pedernales–– recibió un anticipo de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta ese momento la construcción no había avanzado.
En este caso también han sido sentenciados como coautores del delito de delincuencia organizada Pablo Cruz y Dany Calderón. Ellos recibieron 5 años de cárcel. Cruz y Calderón fueron parte de la comisión técnica que “viabiliza la asignación del contrato” de la construcción del hospital al Consorcio Pedernales-Manabí. Además de los 5 años de cárcel, los sentenciados deberán pagar una multa de 12 salarios básicos unificados, que equivale a 4.800 dólares en 2021.
En el caso del Hospital de Pedernales también están vinculados el exasambleísta Eliseo Azuero y Jorge Jajil, exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Sin embargo, la Fiscalía dice que el proceso penal en su contra está detenido porque están prófugos y el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia.
