Poco menos de un mes tardó el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en calificar el proyecto de Ley de Uso Progresivo de las Fuerza. Con 7 votos, el CAL calificó y aprobó el proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo. La decisión se da a pocos días de que la actual Asamblea Nacional sea reemplazada por los legisladores electos el pasado 7 de febrero y que deberá posesionarse el 14 de mayo.
Una vez que el CAL aprueba el proyecto, la Comisión correspondiente — en este caso, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea— podrá tratarlo. La Comisión presidida en este período por Fernando Flores, René Yandún, César Carrión, Augusto Espinosa, Yofre Poma y otros siete asambleístas, deberá presentar un primer informe que debe ser aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión, es decir cuatro más uno. El primer informe pasa a primer debate en el pleno de la Asamblea. Luego, los asambleístas deberán presentar observaciones que se pueden incorporar al proyecto de Ley, para luego dar paso al segundo debate. Una vez que la Asamblea haya aprobado el proyecto de ley —si hay los votos suficientes, 70 —, será enviado al Ejecutivo para su veto o aprobación. Pero todo el proceso que sigue deberá ser tratado por la nueva Asamblea.
El Ministro de Gobierno, Gabriel Martínezm calificó como una buena noticia la aprobación del proyecto de ley por parte del CAL. En su cuenta de Twitter dijo que espera “que los legisladores respalden esta iniciativa en favor de la seguridad y del trabajo de la Policía Nacional”
El proyecto de ley, presentado el pasado 13 de abril, busca regular las acciones de la Policía. Según el Ministro Martínez este será “un instrumento que va a defender la actuación de los policías cuando alguien argumente que se ha transgredido el uso racional y progresivo de la fuerza”. Además de que permitirá a los jueces evaluar el accionar policial.
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Otro de los puntos que se trata en el proyecto de ley es el del uso progresivo de la fuerza. Eso quiere decir, que permite a las agencias policiales racionalizar la forma en que controlan una situación en la que hay disturbios o la posible comisión de un delito. La primera medida del uso racional de la fuerza es la presencia policial, luego la verbalización de una orden, después, la utilización de medios de neutralización no letales (como el gas pimienta). Finalmente, se debe recurrir a medios letales (como armas de fuego), pero debe hacerse procurando ocasionar el menor daño posible al presunto infractor.
