La sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto el pasado 28 de abril me recordó a Sandra. 

La conocí en 2017, cuando ella tenía 15 años y un hijo de un año que era, también, su hermano. Sandra había sido expulsada de su familia por haber denunciado que su padre la violaba, y estaba al cuidado de un grupo de mujeres admirables que la recibieron en una casa de acogida para que pudiera refugiarse tras escapar de la violencia más atroz. 

Sandra me contó que antes de quedar embarazada le gustaba ir a la escuela, sumar, escribir, y que le tomen fotografías. Cuando quedó embarazada perdió las ganas de todo. De ser una adolecente llena de sueños e ideas, pasó a sentirse como una madre incompleta y no deseada. El fallo del 28 de abril es como el germen de la esperanza para miles de niñas y adolescentes, quienes no tendrán que, por obligación, vivir un brutal destino impuesto, como el de Sandra.

Casi tres mil niñas menores de 14 años son madres cada año en el Ecuador. El embarazo y la maternidad forzada, como bien dice el fallo de la Corte, “anula el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la autonomía reproductiva de las mujeres” y, además, “acarrea que muchas niñas, adolescentes y mujeres en etapa de escolaridad abandonen sus estudios y cambien su proyecto de vida”. Algunas de las graves consecuencias de estos embarazos producto de violaciones son, dice la Corte, especialmente dramáticos en las niñas y adolescentes. 

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Para ellas, como pudo haber sido para Sandra, comienza a florecer una esperanza. 

Los datos recogidos por el fallo para motivar la despenalización son aterradoras y reales. En el Ecuador se registra un promedio diario de 42 denuncias por violación, abuso y acoso sexual a niñas y adolescentes. La Corte cita al informe de la organización Ecuador Dice No más y la Agencia de las Nacionaes Unidas para la Niñez (Unicef) y anota que una de cada diez mujeres ecuatorianas fue víctima de abuso sexual durante su niñez o adolescencia. Unicef también dice que el “65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima”. La Corte, además, expone datos de la Fiscalía del Estado que muestran que las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual. Ante el peso de esa evidencia fáctica, el más alto tribunal del Ecuador concluye, sensatamente, que “la violencia sexual se agudiza en las niñas y adolescentes”.

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Es comprensible que la esperanza sea de ellas, como pudo ser de Sandra. Muy pronto, esas niñas y adolescentes podrán decidir si quieren o no parir a ese hijo. 

Digo muy pronto porque aunque el pecho aún arde de alegría luego de la sentencia del 28 de abril de 2021, todavía quedan varios pasos, procesos, trámites que diferentes instituciones del Estado deberán cumplir para que estas niñas —y cualquier otra adolescente o mujer víctima de violación— puedan ejercer su derecho a decidir. El fallo es una victoria pero la lucha de miles de mujeres que llevan años, meses y días exigiendo este derecho no debe terminarse aún.

Para que exista esta posibilidad, primero la sentencia tiene que publicarse en el Registro Oficial. Desde ese momento, estará efectivamente despenalizado el aborto por violación en el Ecuador. Pero luego ese derecho deberá ser normado a través de una ley. Según la sentencia de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo deberá elaborar y presentar ante la Asamblea un proyecto de ley que deberá hacerse en máximo dos meses desde que se publique la sentencia. Es decir que en algún punto del comienzo de agosto próximo, ese documento deberá estar en manos de los asambleístas que se posesionarán el 14 de mayo. 

El aborto por violación llegará otra vez a la Asamblea Nacional pero esta vez los legisladores no podrán votar sobre este tema como lo hicieron sus antecesores en septiembre de 2019 cuando negaron la reforma al artículo 150 y con ella, la oportunidad de decidir a al menos cinco mil niñas que han sido madres en este año y medio y que tuvieron que vivir la misma tragedia que Sandra. 

El trabajo de la Asamblea, esta vez, no será votar si está o no de acuerdo con despenalizar el aborto por violación sino solo cómo regular esa interrupción, y siempre y solo en los términos ordenados por la Corte, recogidos por el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Para hacerlo, los asambleístas tendrán máximo seis meses. 

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Es decir que para tener absoluta claridad sobre cómo serán los abortos en casos de violación en el Ecuador, es probable que tengamos que esperar a enero de 2022. Por eso el trabajo de fiscalización aún no ha terminado. Y cuando ya exista una ley en firme que cumpla con lo que el fallo ordena, habrá otros pendientes.

El Estado deberá garantizar que exista la suficiente vigilancia para que los y las trabajadoras de la salud —enfermeros, médicos, y todo el personal de los hospitales y clínicas— cumplan con la ley y no nieguen a ninguna niña, adolescente o mujer que dice que ha sido violada, un aborto seguro. Solo cuando esto ocurra, cuando a todas las que se acerquen se les respete su derecho, habrá un triunfo más completo. Y, seguramente ahí empezaremos a exigir que ese derecho a decidir se nos otorgue a todas, no solo a aquellas que ya han sufrido una violación. Pero hasta entonces, sabemos que se ha abierto la puerta por donde entra una pequeña rayito de esperanza. No importa lo tenue y delgado que sea: cuando la luz entra, ya no puede ser obviada. Recuerdo a Sandra y pienso que no debió haber pasado tanto tiempo, ni ella tuvo que haber sufrido tanto, para que el país viese por fin esa luz asomarse.