Tres personas fueron sentenciadas por el caso de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales

La noche de ayer, 26 de abril de 2021, la Fiscalía informó que tres personas naturales y una persona jurídica fueron sentenciadas por el delito de cohecho. Esas personas fueron sentenciadas sobre la investigación de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de abril de 2016. Este delito lo cometen los servidores públicos o quienes tengan potestad en el Estado, que reciban beneficios económicos y tiene una sentencia de tres a cinco años de cárcel. 

En la información publicada en Twitter, la Fiscalía dice que en el caso Hospital de Pedernales, el fiscal a cargo de la investigación, acusó a los procesados por el supuesto delito de lavado de activos, que es el delito según el Código Integral Penal que de forma directa o indirecta, una persona adquiere, transfiere, posee, administra activos de origen ilícito, pero el juez a cargo sentenció a tres procesados por el delito de cohecho.  Jean Carlos Benavides ––quien era asesor de Daniel Mendoza, sentenciado anteriormente por delincuencia organizada a 4 años de cárcel–– y Franklin Calderón, recibieron 18 meses de cárcel. José Veliz recibió 10 meses de prisión por ser cooperador eficaz. El Consorcio Pedernales-Manabí, persona jurídica, debe liquidarse y disolverse. Para las otras cuatro personas, la justicia ratificó su inocencia. Además, los sentenciados deben pagar una multa de 200 mil dólares.

En el comunicado también dice la fiscalía que apelará la decisión del juez porque el lavado de activos sería por más de 8 millones de dólares, “la multa no correspondería al duplo de esa cifra”, es decir, según la Fiscalía, la multa debería ser de 16 millones de dólares, dice la Fiscalía.  

La investigación por la trama de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales comenzó en junio de 2020. En esa fecha, la Fiscalía hizo varios allanamientos en Portoviejo, Bahía de Caráquez y en Quito. Daniel Mendoza, entonces asambleísta por Alianza País fue detenido luego de los allanamientos. También fue detenido Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras Públicas (SECOB).  

El 1 de junio de 2020, antes de los allanamientos, la Contraloría General del Estado comunicó que había un informe de indicios de responsabilidad penal por irregularidades en contratos. Según, el Consorcio Pedernales-Manabí––encargado de la construcción del Hospital de Pedernales–– recibió un anticipo de alrededor de 7,3 millones de dólares para la obra, pero hasta ese momento la construcción no ha avanzado. 

Mendoza fue sentenciado en noviembre de 2020, tras acogerse al proceso abreviado —que se puede aplicar para infracciones con pena de prisión máxima de diez año— por delincuencia organizada, según la fiscal Diana Salazar, Daniel Mendoza se valió de su cargo y había coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra públicas en Manabí, entre esas la construcción del Hospital Básico de Pedernales. En esa investigación también está involucrado el exasambleísta independiente, Eliseo Azuro, fue llamado a juicio por presunta delincuencia organizada, en noviembre de 2020, sin embargo no se presentó y hasta ahora está prófugo de la justicia. 

Azuero renunció a su cargo en septiembre de 2020, envió una carta de renuncia a César Litardo, presidente de la Asamblea, en la que decía que era perseguido por fiscalizar el proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia designados en la época correista.