La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que considera preocupante la situación de Ola Bini, ciudadano sueco, experto en el desarrollo de tecnología vinculada a la seguridad, privacidad y criptografía. 

Bini es acusado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena para este delito es de tres a cinco años de cárcel. Bini fue arrestado el 12 de abril de 2019 en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito antes de que viajara a Japón. 

En el allanamiento de la casa de Ola Bini, la Policía confiscó computadoras, celulares, memorias y  libros relacionados con hackeo electrónico, dinero, y entre otros.

El 13 de abril de 2019, un juez dictó prisión preventiva contra Bini. Entre los supuestos elementos de convicción que presentó Fiscalía están un reporte migratorio en el que constan un gran número de viajes realizados y otro en el que se detallan pagos por servicios de internet por más de 230 mil dólares entre 2015 y 2019. 

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El jueves 20 de junio de 2019, la Corte Provincial de Pichincha aceptó el pedido de Habeas Corpus solicitado por la defensa de Ola Bini. Según la defensa de Bini, durante los 70 días de detención no hubo ninguna acusación formal en su contra. El proceso aún está en etapa preparatoria, es decir que ni siquiera ha habido un llamamiento a juicio por los supuestos hechos de los que se le acusaba a Bini. El pasado 3 de diciembre de 2020, se suspendió la audiencia preparatoria de juicio porque la jueza dijo que necesita estudiar todos los elementos expuestos.

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En el documento de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, se califica de «preocupante que durante 2020 haya continuado en suspenso el proceso contra el activista informático Ola Bini, cuyas audiencias preparatorias de juicio fueron suspendidas y reprogramadas por lo menos cinco veces».  Según el abogado de Bini, Carlos Soria, la Relatoría destaca que Bini es un activista Informático y “por lo mismo un defensor de derechos humanos y no el criminal que querían hacernos creer Lenín Moreno y María Paula Romo”, antes Ministra de Gobierno. 

Según Soria, Ecuador es visto desde el Sistema Interamericano “como un país en donde no se respetan derechos ni garantías constitucionales, en este caso: debido proceso y tutela judicial efectiva”.

Bini, residente en Ecuador desde 2013, estuvo en prisión entre abril y junio de 2019. En varias ocasiones tanto Bini como su defensa y abogados externos al proceso han denunciado supuestas irregularidades en su detención y en el proceso judicial en su contra.