Tras 253 días de huelga, los trabajadores de la empresa Explocen retomarán sus actividades. La mañana de hoy, 23 de marzo, Byron Vizcaíno, gerente general de Explocen, y Freddy Caisa, representante del Comité de Trabajadores de la empresa, firmaron un acuerdo “amigable” que establece que los trabajadores regresen a sus puestos de trabajo.
Los detalles del acuerdo no han sido revelados al público aún. Sin embargo, la abogada de los trabajadores de Explocen, Angélica Porras, dijo a GK que se trata de un acuerdo de estabilidad laboral de 2 años para los trabajadores. Si la empresa llegara a despedir a alguno de ellos en este periodo de tiempo, tendría que pagar una multa. No se sabe de cuánto es la multa establecida en el acuerdo.
En un inicio, los trabajadores buscaban un contrato laboral colectivo —un convenio laboral entre un empleador y una asociación de trabajadores. Desde 2014, el comité de trabajadores de la empresa que se dedica a la fabricación de explosivos, proponía el establecimiento de un contrato colectivo, pero no fueron escuchados. El 13 de julio de 2020, después de que 5 de los trabajadores fueran despedidos, se declaró una huelga.
A pesar de varios intentos de desalojo, 52 trabajadores llevaban más de 8 meses en huelga. Varios de ellos dijeron a GK, en una entrevista hace dos semanas, que permanecerían en la huelga “hasta el final”.
Después de firmar el acuerdo, Caisa y Vizcaíno agradecieron la intervención de la Defensoría en este caso. Caisa dijo que gracias a la ayuda de la Defensoría él y sus compañeros han podido recuperar sus derechos laborales y llegar a un acuerdo, tras varios años de intentos. En una entrevista a GK, la abogada de los trabajadores, Angélica Porras, dijo que los trabajadores de Explocen estaban luchando por un contrato colectivo de trabajo desde 2014. Hasta ahora, ya 7 años después, no habían podido llegar a un consenso.
La Defensoría del Pueblo dijo que proporcionó su contingente “para garantizar, principalmente, los derechos de las personas trabajadoras”. Según la Defensoría, el acuerdo se logró a base del diálogo y el respeto. No se revelaron mayores detalles sobre los diálogos que se han llevado a cabo.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue “testigo de honor” de la firma del acuerdo. Carrión dijo “felicito a ustedes que son las y los verdaderos protagonistas de esta jornada”. El Defensor también recordó que la Defensoría es la institución nacional de derechos humanos y que siempre está presente “para velar y tutelar los derechos de todos los ecuatorianos”.
Tras la firma de este acuerdo, mañana 24 de marzo de 2021, los 52 trabajadores de Explocen que estaban en huelga retomarán sus actividades. A las 8 de la mañana habrá una ceremonia simbólica en las afueras de la empresa en Latacunga y luego los trabajadores empezarán su jornada de trabajo.
Explocen es una empresa que fabrica, importa, y vende explosivos para las industrias minera y cementera y para la realización de obras civiles. Sus dos accionistas son el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) —que tiene un 60% de las acciones— y AUSTIN POWDER CO. —una empresa estadounidense que tiene el 40% de las acciones. Durante la huelga, los trabajadores reclamaban que el directorio de accionistas del ISSFA no los escuchaba e ignoraba sus peticiones y derechos laborales.
Freddy Caisa, el representante del Comité de trabajadores, y otros miembros del comité tienen varias investigaciones de la Fiscalía abiertas en su contra. Por una de ellas, este jueves 25 de marzo, la Fiscalía le formulará cargos a Caisa por el supuesto delito de paralización de servicios públicos. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la paralización de servicios públicos ocurre cuando una persona impide o paraliza “la normal prestación” de esta clase de servicios o cuando toma a la fuerza un edificio o instalación pública. Se sanciona con prisión de uno a tres años.
La abogada Porras asegura que fabricar explosivos no es un servicio público por lo que el caso debería ser desestimado. Los servicios públicos son por ejemplo: el agua potable, la luz eléctrica, o el funcionamiento de establecimientos como museos o teatros. Sin embargo, la audiencia de formulación de cargos contra Caisa y sus compañeros se desarrollará de todas formas.
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Caisa y otros trabajadores que tienen investigaciones abiertas en su contra dijeron a GK que si tienen que ir a la cárcel por defender sus derechos y los de sus compañeros, irían sin problema.
