El cuarto objetivo de desarrollo sostenible Educación de calidad, exige que el Estado garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Específicamente la meta 4.3 dice que para el 2030 se debe asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

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¿Realmente el Estado está garantizando a los jóvenes el derecho a la educación superior?  

Los adolescentes y jóvenes que estamos próximos a acceder a la universidad estamos preocupados porque no sabemos: cuántos cupos darán, cuáles serán los requisitos, si la crisis del covid-19 reducirá los cupos, si la metodología de postulación e ingreso cambiará y otras inquietudes más. Todo esto ha aumentado nuestra incertidumbre y preocupación sobre la educación universitaria y con ella una parte fundamental para la construcción de nuestro futuro.  

Como adolescentes recibimos muchas preguntas de nuestras familias: qué nos gustaría estudiar, en dónde queremos estudiar. Preguntas a las cuales nosotros no tenemos una respuesta clara. Como estudiantes no sabemos si para el próximo año la respuesta a estas preguntas aún dependerá de la prueba del Senescyt, de la eliminación de la prueba o de la nueva metodología que implemente el mandatario entrante.  

Los planes de gobierno de los candidatos que pasarían a segunda vuelta tienen propuestas distintas. Guillermo Lasso,  del movimiento CREO, dice que desea mejorar el proceso de acceso a la universidad. Yaku Pérez, de Pachakutik, quiere garantizar la democracia y autonomía universitaria que elimine el examen de ingreso estandarizado y centralizado a la educación superior.  Andrés Arauz, candidato de Centro Democrático, pretende recuperar las universidades públicas y las universidades emblemáticas del país y mejorar el sistema de nivelación y admisión para el ingreso a la educación superior pública. Sin embargo, ninguno de los candidatos explica cómo va a llevar a cabo estas propuestas y cómo las mismas van a permitir el acceso universitario a un mayor número de estudiantes ecuatorianos. Haciendo de sus propuestas palabras y promesas demagógicas. 

Considerando que en el 2020 se registraron 107.911 cupos aceptados para la educación superior  —lo que representa el 98% de la oferta (110.516 cupos)— hubo un incremento de cuatro puntos porcentuales en comparación con el primer semestre 2019. Es decir, que más jóvenes quieren ingresar a la universidad. 

¿Pero qué sucederá para en este 2021, después de haber atravesado una pandemia que ha visibilizado los grandes problemas de educación y salud y las grandes desigualdades? 

Según Unicef, en Ecuador solo el 37 por ciento de los hogares tiene acceso a internet, lo que significa que muchos estudiantes no pueden continuar sus estudios a través de plataformas digitales. La situación es más grave para los estudiantes de zonas rurales: solo el 16 por ciento de los hogares tiene este servicio. Esta situación, que podría extenderse por más meses, aumentará el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente para los estudiantes más vulnerables.

¿Qué sucederá con todos aquellos que no hemos recibido una educación de calidad, quienes no hemos recibido herramientas para poder acceder a la educación superior gratuita? ¿Acaso podremos ingresar a la universidad? 

La educación no puede (¿no quiere?) romper el círculo vicioso que hace que los resultados dependan de la procedencia sociocultural-económica de los alumnos, de su “cuna”, antes que de la educación a la que acceden y de los aprendizajes que logran. 

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Por lo mismo exigimos que los gobiernos le den prioridad a la educación en las políticas y prácticas. La educación contribuye a reducir desigualdades y a lograr la equidad de género. Empodera a las personas de todo el mundo para que lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más pacíficas.