Todos sabemos que sin agua no podemos vivir. Pero más de 4 millones de personas en el Ecuador saben lo que es no tener acceso a una fuente de agua segura.

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Cuando llega el lunes, Piedad Ortiz, del cantón Esmeraldas y madre de cuatro hijos,  sabe que tiene un par de horas para llenar de agua un tanque de un metro cúbico sino  no tendría más agua para los siguientes tres días de la semana. Como Piedad, más de 50 mil personas en el cantón de Esmeraldas solo disponen de agua  de agua 8 días al mes, apenas durante un par de horas. “Las personas se ven obligadas a almacenar el agua en tanques y esto atrae a vectores que transmiten enfermedades como la chikungunya”, cuenta Piedad, quien trabaja como técnica social en PROTOS, una fundación que se dedica a la gestión equitativa del agua en las zonas rurales del Ecuador.

El agua almacenada se la utiliza principalmente para lavar los platos y asearse, pero no es segura para tomar. Los habitantes del cantón Esmeraldas se ven obligados a comprar bidones de agua, pues la  que llega a los hogares está contaminada por la minería o por las aguas residuales que no son tratadas. Según Piedad, las principales causas de morbilidad en este  cantón están relacionadas con la mala calidad del agua:diarreas e infecciones a la piel. La llegada de la pandemia visibilizó y profundizó los problemas relacionados al acceso al agua. Piedad cuenta que era necesario concientizar a la población sobre el lavado frecuente de las manos pero  las familias de la zona no tienen suficiente agua para hacerlo y protegerse del COVID-19.

Estos problemas que se repiten en varios sectores del país no solo se deben a la falta de inversiones en infraestructura, sino que pueden estar relacionados a la corrupción; de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, en algunos países se pierde entre el 30 y 40% del dinero que se invierte en obras de agua potable y saneamiento, debido a la corrupción. “Muchas de las obras contratadas o construidas no se construyeron o no están en funcionamiento debido a problemas técnicos que nacen desde el diseño de la obra, la construcción o el propio manejo deficiente que se realiza por parte de los responsables”, dice Piedad.

La realidad de Piedad y de los más de 50 mil habitantes del cantón Esmeraldas, no es un caso aislado: la dimensión de la carencia del servicio básico es nacional. Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), el 26,6% de la población del país no tiene acceso a una fuente de agua segura. La situación es más crítica en la Costa, donde ese porcentaje se eleva al 31,3%.  

El acceso al agua potable y saneamiento sigue siendo un problema grave en el  país, sin embargo de los 16 planes de gobierno de los candidatos a la presidencia, 10 incluyen propuestas relacionadas a la gestión del agua. Solo los candidatos de los partidos Pachakutik (Yaku Pérez) y Alianza por la Esperanza (Andrés Arauz) mencionan al agua como un derecho humano y fundamental. Y apenas en la propuesta de Lasso, Arauz y del candidato por el partido Izquierda Democrática, Xavier Herva se propone lograr una cobertura total a nivel nacional de servicios básicos como el agua potable y alcantarillado. De manera más general e idealista, se puede percibir en la propuesta de Pérez el derecho a tener acceso al agua potable y alcantarillado, pues menciona que el agua tendrá un rol estratégico para garantizar la salud de las personas.

Según Diana Ulloa, del grupo coordinador de Red Agua Ecuador, esto “indica una débil propuesta política de la mayoría de los candidatos, para revertir las condiciones actuales de acceso a este derecho y denota que los servicios vinculados al agua aún requieren un posicionamiento en la propuesta política de los candidatos a la presidencia”.

Para solucionar la contaminación de los ríos por aguas residuales los partidos Ecuatoriano Unido (Gerson Almeida), Alianza por la Esperanza y Avanza (Isidro Romero), planean ayudar a los gobiernos locales para implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales. El candidato por el partido Concertación, César Montúfar, habla de gestionar las aguas servidas, pero no especifica cómo. En la propuesta de Guillermo Celi, candidato de SUMA, se plantea de manera general una economía circular, basada en el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos. A pesar de que, en el plan de gobierno del candidato de Pachakutik, Yaku Perez, no se menciona nada sobre las aguas residuales, se hace más énfasis en la contaminación de las fuentes de agua por minería y propone que las empresas mineras nacionales y transnacionales asuman los costos de descontaminación de las fuentes de agua.

Esmeraldas

El acceso al agua en Eloy Alfaro es escaso. Fotografía de Piedad Ortiz.

El candidato a la presidencia por CREO, Guillermo Lasso, menciona la gestión de las aguas residuales como un ejemplo del  “divorcio entre la política ambiental del Gobierno y las demás políticas públicas”. En este ejemplo afirma que “muchas de las plantas de tratamiento operan a un nivel muy por encima de su capacidad y como resultado, gran cantidad de estas aguas residuales terminan en los ríos sin el correcto tratamiento, perjudicando a millones de ecuatorianos.» Sin embargo, no propone ninguna solución específica a este problema.

Para Boris Ochoa Tucachi, CEO de la consultoría ambiental ATUK, el problema de la contaminación de los ríos no solo recae en la ineficiencia de las plantas de tratamientos sino en la inexistencia de estas. Esta ausencia, mal funcionamiento y problemas derivados de la inadecuada gestión de las plantas de tratamiento, ocasiona que el 90% de las aguas residuales en el país no sean tratadas.

Además de las aguas residuales, la minería, agricultura y ganadería han provocado un aumento en la contaminación de los ríos del país. Estas fuentes de contaminación han generado que más del 50% de las muestras tomadas en diferentes puntos de los ríos del país, resulten no aptas para el consumo humano porque sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos por la norma, de acuerdo a un estudio de la ex Secretaría del Agua en el 2015.

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Para evitar la contaminación de los recursos hídricos, ocho candidatos proponen estrategias para proteger el medioambiente. Entre ellas está la restauración y reforestación de ecosistemas o la prohibición de actividades extractivas en las fuentes de agua. Esta última está presente claramente en la propuesta del partido Pachakutik, donde se propone que el agua deberá tener un rol estratégico y que “toda actividad productiva que dañe la calidad natural del agua no puede permanecer ni ingresar al país.” Así mismo, de manera muy general, el plan de gobierno de Pérez dice que cualquier proceso productivo —ganadera, industrial, agrícola—  deberá mantener las exigencias respecto a la calidad del agua para su implementación. Del mismo modo, en la propuesta de Montúfar y Hervas, se indica que se deben suprimir las actividades extractivistas en las fuentes de agua: páramos, lagos, ríos, y humedales. 

Por el contrario, Lasso, no limita las actividades de minería, pero menciona que se deberá exigir “todas las regulaciones establecidas para el cuidado del ambiente y fuentes de agua” y propone implementar una regulación que incentive (no obligue) la aplicación de las mejores prácticas dentro de los procesos mineros. En la misma línea, el candidato de Unión Ecuatoriana, Geovanny Andrade, propone nuevas tecnologías para “evitar la destrucción de la naturaleza”. Arauz también menciona el aprovechamiento de los recursos ambientales a través de mejores prácticas y tecnologías disponibles para el cuidado ambiental, y propone de manera general la restauración de ecosistemas degradados, pero no hace énfasis en la protección y restauración de las fuentes de agua. 

Para Diana Ulloa, “se debe tomar en cuenta que las tecnologías que ayudan a evitar la contaminación del agua por actividades mineras son limitadas y costosas, además, las regulaciones actuales normalmente no se cumplen y la débil institucionalidad del Estado impide un control real que asegure que estas actividades extractivas no afecten a las fuentes de agua”.

El agua y los conflictos que se generan por la contaminación parecen no ser prioridad de los candidatos. 

Alexander Espinoza, del grupo coordinador de Red Agua Ecuador, es testigo del conflicto que se vive hoy por el agua en el sur del país. Él recuerda que cuando era niño la vertiente que abastecía a su hogar y el de sus vecinos en el cantón Zaruma, estaba a tan solo 1 kilómetro . Con el aumento de la población, la actividad agrícola y minera, esa vertiente se secó. Ahora dependen de un sistema de agua que había sido construido para riego, que capta agua a 4 kilómetros  de su casa. El sistema abastece de agua a cinco parroquias dentro del cantón pero cuando llega el verano, esta fuente de agua se seca y el conflicto por el agua se profundiza. Alexander cuenta que hay peleas  entre parroquias para acceder al agua de esta fuente y que hay varias mineras que consumen gran parte del agua para sus actividades, así como agricultores que pierden sus cultivos de café por falta de agua.

Este tipo de conflictos se viven diariamente en diferentes sitios del país y algunos de los planes de gobierno solo lo abordan de manera general, como una declaración de ideales, visión a futuro o principios, pero limitados en cuanto a su viabilidad técnica y sostenibilidad, de acuerdo a la apreciación de Boris Ochoa, quien señala que “es difícil comparar (los planes de gobierno). Una cosa es hablar técnicamente y otra es ideológicamente y como activista”. 

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Al igual que Alexander y Piedad, millones de ecuatorianos sufren a diario por la situación actual de la gestión del agua, el deterioro de las fuentes de agua y el mal servicio de agua potable y saneamiento en el país. Desconocer esta realidad dentro de las políticas públicas que deberá impulsar el siguiente gobierno, puede significar que dentro de 4 años volveremos a escuchar las mismas historias pero con diferentes rostros. Preocupa que para el 2025, Alexander, Piedad o cualquiera, nos cuenten que no existe agua segura en su comunidad y que la gente se enferma, que la minería destruyó sus fuentes de agua y ahora se disputan el recurso hídrico con su comunidad vecina, o que simplemente deben ver el agua pasar porque la contaminación impide usar el agua de los ríos.