La noche de hoy, 15 de enero, la Fiscalía General del Estado confirmó que allanó las oficinas de la Dirección de Control Jurídico y Actuación Fiscal de la Fiscalía Provincial de la provincia del Guayas. Las dependencias de la institución están en el edificio La Merced en Guayaquil, capital provincial y segunda ciudad del Ecuador. En la diligencia, se incautaron equipos electrónicos y teléfonos celulares de una funcionaria. Según la institución, está investigando posibles actos de corrupción relacionados con la investigación del femicidio de Lisbeth Baquerizo.

Baquerizo fue asesinada el 21 de diciembre pasado en su casa en Puerto Azul, una exclusiva urbanización en vía a la Costa, en la salida de Guayaquil. El principal sospechoso del crimen es su esposo. Varios familiares del hombre son también investigados, pues se sospecha que le habrían ayudado a intentar encubrir el asesinato. 

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No serían los únicos involucrados en el alegado encubrimiento. El acta de defunción de Baquerizo decía que murió de un infarto. El médico que firmó el acta, únicamente identificado como Marlon E.M por la Fiscalía, fue detenido el 8 de enero después de que la autopsia hecha por los peritos de la Policía Judicial revelara que la causa de muerte era, en realidad, un “traumatismo craneoencefálico” provocado por dos heridas hechas con un objeto contundente —específicamente, un objeto pesado y con filo, según la Fiscalía

Tras el hallazgo, la Fiscalía dispuso más diligencias investigativas. Entre ellos, extrajo información de las cámaras de seguridad de la urbanización en la que vivía Baquerizo y de las que quedan cerca de su casa. Según la Fiscalía, las cámaras fueron incautadas y puestas bajo custodia de la Policía Judicial. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Luis Machado, dijo que pidió la detención del médico para “que esclarezca ciertas situaciones del caso respecto a las causas de muerte” de Lisbeth Baquerizo. La detención se dio cuando el doctor rendía su versión en la Fiscalía del edificio La Merced. Después lo trasladaron a la Policía Judicial para que amplíe la versión.

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Jennifer Montaño, jueza de la Unidad Especializada de Violencia contra la Mujer de Guayaquil, le dictó prisión preventiva al día siguiente de su detención. La Fiscalía dijo en un comunicado que lo está investigando y procesando como cómplice del presunto delito de femicidio. Según el Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano (COIP), el delito se castiga con la privación de libertad de 22 a 26 años; quien participa en condición de cómplice recibe un tercio o la mitad de la pena del autor. 

En la audiencia de formulación de cargos contra el médico, dice un comunicado de la Fiscalía, Machado expuso elementos contra él que incluían la denuncia de los padres de Lisbeth Baquerizo y la versión del asistente de la funeraria, aunque no especificó qué dijo. Machado también presentó ante la jueza el informe de la autopsia y el certificado de defunción con la causa de muerte falseada. 

Además de la prisión preventiva, la jueza Machado dispuso medidas de protección para los padres y la hermana de Baquerizo. Entre ellas, una boleta de auxilio, la prohibición del procesado de acercarse, de realizar “actos de intimidación” y de brindarles atención médica. La instrucción fiscal del caso —la etapa del proceso penal en la que la Fiscalía investiga los hechos después de la indagación previa— durará 90 días. 

Después de confirmar el allanamiento a las oficinas de La Merced, Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, dijo en Twitter, que quienes trabajan en la institución “debemos ser conscientes de la responsabilidad de nuestras acciones”. Salazar aseguró que no permitirá que las malas actuaciones de algunos funcionarios “empañen la labor de toda la institución”. La Fiscal General dijo que seguirán “combatiendo la impunidad”, y sostuvo que reafirmaba su compromiso con las víctimas.