En el 2021 elegiremos a nuestro próximo Presidente o Presidenta, quien deberá asumir un país con varias crisis, una de ellas, la de derechos de las mujeres y las niñas. Hay muchos temas por atender pero ¿cuáles son los más urgentes?
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Lo primero es que el país pase del papel a la acción. Ecuador ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará —para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La primera define el amplio significado de “discriminación contra la mujer” y propone respetar y alcanzar derechos como la igualdad, la eliminación de prejuicios, prácticas y estereotipos. La segunda, define a la violencia y establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de ella, tanto en el ámbito público como en el privado. También señala los deberes de los Estados para prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, entre los que se encuentran: abstenerse de acciones o prácticas de violencia contra la mujer, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar esta violencia.
Ambas son normativas internacionales que abarcan cuestiones que afectan los derechos de las mujeres y que Ecuador se ha comprometido a cumplir, pero los datos muestran, de diferentes maneras, cuán lejos estamos de eso.
Nuestro derecho a la salud
En principio, las recomendaciones del Comité CEDAW no son directamente vinculantes para los Estados pero deben “ser cumplidos de buena fe”. Sin embargo, si el Comité conoce de una denuncia —conocida como comunicación individual— sobre Ecuador, y emite observaciones, podría demandar ese cumplimiento con una acción constitucional especial para sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos.
Este Comité ha señalado que los Estados deben: garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes; mejorar la situación de la mujer por medio de la adopción de políticas y programas concretos y eficaces; y hacer frente a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a las mujeres y a las las relaciones prevalecientes entre los géneros. La Constitución del Ecuador ha consagrado el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación pero en la práctica esto está lejos de ser alcanzado.
Una muestra es el veto presidencial al Código Orgánico de la Salud, que desarrollaba normas que afectan de manera especial a las mujeres. Uno era el artículo 201 sobre las emergencias obstétricas que prohibía a los establecimientos prestadores de servicio de salud y a los profesionales negar atención de estas emergencias. También detallaba que son consideradas como tales los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente, y todas las patologías que comprometan la salud materno fetal.
Con el veto presidencial, las mujeres quedamos más expuestas a que en caso de sufrir una emergencia obstétrica, se nos pueda negar la atención, lo que no sucede con los hombres, a quienes en ningún tipo de emergencia médica se les negaría atención. Esto no es solo discriminatorio sino una de las tantas formas de violencia que sufrimos las mujeres en el Ecuador.
La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres incluye a la violencia gineco-obstétrica. Pero no basta con que esté establecida en esta norma sino que el Estado debe hacer esfuerzos reales para erradicarla. Lejos de hacerlo, el mismo Presidente, con su veto total al COS, ejerce una forma de violencia generalizada para todas las mujeres que puede materializarse en casos concretos. Con el veto muestra su expresión máxima del desconocimiento de nuestra igualdad en el goce de derechos, en este caso a la salud, en concreto a la atención médica.
El veto también refuerza los estereotipos que existen sobre los cuerpos de las mujeres, consideradas como objetos y no sujetas de derechos. Posibilita que el Estado decida sobre los mismos y sobre nuestras vidas, lo que claramente vulnera sus obligaciones.
Sin duda, quien llegue a la Presidencia tendrá la responsabilidad de garantizar que la política pública de salud garantice el derecho de las mujeres a la atención médica, en igualdad de condiciones y sin discriminación de ningún tipo, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
No más desapariciones
En Ecuador, entre el 2014 y 2020, la Fiscalía ha recibido 15465 denuncias por desapariciones de personas. De esas, 9222 son mujeres, de 67 no se tiene información respecto a su sexo. De las 9222 mujeres desaparecidas entre 0 y 106 años, 7458 han sido localizadas (considerando solo las cifras reportadas porque seguro hay subregistros). Durante la emergencia sanitaria, hasta el 7 de junio del 2020 se reportaron aproximadamente 200 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. De estas, 192 han sido reportadas por las autoridades como voluntarias y 16 se encuentran en investigación. El 70% son niñas, y la violencia intrafamiliar sigue siendo una constante en la mayoría de casos.
Con esta noticia y las declaraciones de los funcionarios, es de público conocimiento que el Gobierno Nacional sabe de la situación de riesgo real e inmediata sobre desapariciones “voluntarias” de niñas, niños y adolescentes en contexto de emergencia sanitaria. Por eso es su responsabilidad actuar a través de medidas positivas de prevención y protección que garanticen el goce y ejercicio de derechos fundamentales.
La desaparición está relacionada con otras formas de violencia como femicidios, violencia sexual, trata de mujeres y niñas. El Estado tiene la responsabilidad de actuar con medidas de prevención y también, una vez ocurrido el hecho, asegurar garantías de no repetición.
Para ello debe adoptar medidas encaminadas a la transformación cultural que mitigue y acabe con las causas que generan dinámicas y relaciones de poder desiguales. Debe investigar las desapariciones de mujeres y niñas con debida diligencia, lo que implica la búsqueda exhaustiva, pronta e inmediata, con el claro mensaje de no tolerancia a las violencias contra las mujeres. Estas investigaciones deberán realizarse sin estereotipos de género por parte de las autoridades, tomando en cuenta la participación y opiniones de las personas familiares de las mujeres o niñas desaparecidas durante la investigación y búsqueda. El Estado deberá recopilar información estadística sobre el número de casos de personas desaparecidas, analizar y atender las posibles causas de la desaparición de mujeres y niñas desde una perspectiva de interseccionalidad, monitorear posibles situaciones de violencia contra mujeres y niñas y prevenirla.
La discriminación y violencia política
En 2019, en Loja se dio una lucha que tuvo poca atención a nivel nacional. Por primera vez en el Ecuador, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres presentaron una acción de protección por el incumplimiento de la paridad de género en la designación del reemplazo de la Viceprefecta de la provincia. La acción marcó un precedente en esta lucha. Aunque en primera instancia se negó la acción, en segunda se declaró la vulneración del principio de igualdad con criterios de equidad y paridad de género en la participación política.
Para los comicios del 2019, el Consejo Nacional Electoral calificó 80.281 candidatos: 39.447 fueron mujeres y 40.834 hombres. En cuanto a los resultados, en esas elecciones, las mujeres consiguieron 4 prefecturas de 23 provincias, 18 alcaldías de 221 cantones, 292 concejalías urbanas de 443 parroquias urbanas, 114 concejalías rurales de 864 parroquias rurales, 1.106 de las 4.094 vocalías de las juntas parroquiales rurales. Al momento de asumir las alcaldías, no se cumplió con la paridad de género al elegir las vicealcaldías. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo del Ecuador, 118 cantones (de 221) no habrían cumplido con la paridad de género al iniciar funciones, lo cual equivale al 53%.
Como respuesta a este incumplimiento, se presentaron 89 acciones de protección para que se declare la vulneración de derechos y se consiga la paridad en las alcaldías y vicealcaldías del país. Algunas se ganaron, otras no. Luego tres casos fueron presentados a la Corte Constitucional. Algunas concejalas y activistas que interpusieron o apoyaron las acciones fueron víctimas de violencia política como represalia.
Una de las reformas del Código de la Democracia dice que la paridad de género en los binomios presidenciales es obligatoria para las elecciones subsiguientes a las del 2021, es decir para el 2025. Para estas elecciones, luego de los procesos de democracia interna se conocieron 19 binomios para la presidencia y vicepresidencia, de los cuales 16 aceptaron la precandidatura. De ellos no todos cumplen con el principio de paridad, y sólo uno es presidido por una mujer.
Hasta la fecha, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha inscrito y calificado dos binomios para la presidencia y vicepresidencia de los movimientos políticos Izquierda Democrática y Democracia Sí. Ambos cumplen con el principio de paridad.
La discriminación contra la mujer, tanto en la esfera pública como privada lleva a que nuestra participación por ocupar puestos de elección popular sea mucho menor que la de los hombres. Siglos de desigualdades estructurales, el uso de la violencia en contra de candidatas, las presiones para la renuncia a los cargos, las amenazas, mensajes violentos, ataques a la vida personal, interrogatorios sobre el cumplimiento de los roles que la sociedad espera de ellas como cuidadoras, desvalorización de sus títulos y profesiones, exclusión, invisibilización, intimidación, hostigamiento, violencia simbólica, desigualdad de recursos para campaña, críticas a su aspecto físico, son solo algunas de las violencias a las que las mujeres nos enfrentamos cuando deseamos incursionar el la vida política. Esto ocurre al interior de las mismas organizaciones políticas, durante la campaña y cuando ocupamos puestos de representación popular, dirección o liderazgo.
Quien asuma la Presidencia tendrá la obligación de erradicar esta violencia política con miras a que cada vez sean más mujeres las que ocupen puestos de liderazgo, decisión y gestión, que sin duda traerá un efecto multiplicador para las futuras generaciones.
Las violencias exacerbadas
Otro de los temas en los que hay que poner especial atención es las múltiples violencias de las que somos víctimas las mujeres, y que afectan nuestra integridad física, psíquica y sexual. Las cifras lo respaldan y se reflejan en los datos recopilados en 2019 por la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, que indica que a lo largo de la vida 65 de cada 100 mujeres han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial. Según varios reportes de organizaciones internacionales, la violencia empeoró en el contexto de cuarentena a causa de la pandemia por el covid-19.
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Según la Fiscalía, entre el 2014 y 2020, se han reportado 425 femicidios. Para la sociedad civil la información oficial no refleja la gravedad de la situación, por eso un grupo de organizaciones, entre ellas la fundación Aldea, hacen su propio conteo y entre el 1 de enero del 2014 hasta el 2 de marzo de 2020 ha registrado 748 feminicidios.
El femicidio es la expresión máxima de violencia contra las mujeres y estas cifras —que podrían no considerar todos los casos— demuestran que en Ecuador la violencia contra las mujeres, durante toda nuestra vida, no ha acabado y estamos lejos de erradicarla como se ha propuesto el Estado.Hemos ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos, en el 2018 se promulgó la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero estamos lejos de acabar con la violencia y disminuirla.
Quien asuma la Presidencia tendrá la urgente misión de adoptar políticas para que las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, pero estas no deben constar solo en papel. Debemos contar con recursos materiales y personales necesarios que permitan efectivizarla. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), ha dado a los Estados una serie de recomendaciones que deberán aplicarse desde un enfoque de interseccionalidad.
Es clave también contar con funcionarios capacitados y sensibilizados sobre la violencia contra las mujeres. Contar con instituciones competentes en las que las mujeres víctimas de violencia puedan confiar y denunciar sabiendo que obtendrán respuestas efectivas, y así quizás evitar posibles femicidios. Necesitamos un aparataje estatal coordinado, que logre actuar antes de que los femicidios ocurran dando un efectivo seguimiento al cumplimiento de las medidas de protección que se dictan en los casos de violencia contra la mujer. Es indispensable que se asignen recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de los planes y políticas de prevención de violencia (y no que se den recortes como los de enero de este año) y que se establezcan estrategias encaminadas a conseguir cambios sociales y culturales, con el fuerte mensaje de no tolerancia a la violencia contra la mujer. De ser necesario, el gobierno deberá apoyarse en organismos internacionales para que presten cooperación técnica y logren mitigar —y quizás en un futuro— erradicar la violencia contra las mujeres.
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El Ecuador además debería cumplir con sus obligaciones internacionales como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín. El gobierno deberá comprometerse a que hechos como estos no vuelvan a suceder.
Además deberá exponer la situación real de derechos de las mujeres ante al Comité CEDAW, quien deberá evaluar al Estado sobre el cumplimiento de la Convención y emitir sus observaciones y sus principales preocupaciones, las cuales el Estado deberá cumplir de manera íntegra.
